El Parlament debatirá y votará este miércoles la ley para regular los precios de los alquileres en Catalunya. Y la incertidumbre sobre si se aprobará y se aplicará ha pasado a ser máxima a causa de dos factores: las enmiendas presentadas por JxCat (a pesar de ser uno de los grupos que elaboró inicialmente el proyecto de ley) y el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, que ve inconstitucional buena parte de la propuesta.

El pasado mes de julio, la proposición de ley fue registrada en la cámara catalana por cuatro grupos que cuentan con una mayoría cómoda: JxCat, ERC, los comuns y la CUP. Unos diez días después, sin embargo, el grupo parlamentario que lidera Albert Batet presentó unas enmiendas que dejaron en suspense la aprobación de la ley, a causa del rechazo del resto de grupos que la presentaron.

La enmienda de JxCat que más modifica el texto es la que pide que la limitación del precio no sea aplicable para los propietarios que tengan unos "ingresos inferiores a 5,5 veces el IRSC", es decir, a 3.130 euros al mes o 43.822 euros el año.

Imagen de un edificio de viviendas en Barcelona | Sergi Alcàzar

En la misma enmienda, el grupo de JxCat también ha pedido que "si la renta consignada en el último contrato de arrendamiento es inferior al precio de referencia, podrá actualizarse la misma hasta el mencionado precio de referencia". Precisamente, en la propuesta de ley se especifica que el precio no puede aumentar respecto del último contrato aunque sea inferior al del índice de la Generalitat.

Otro de los cambios propuestos por la formación de Carles Puigdemont es que las áreas de vivienda tensas sean designadas por los ayuntamientos, en lugar de por la Generalitat, tal y como está expuesto en la propuesta de ley.

Los postconvergentes también proponen que el precio del alquiler pueda subir en caso de que se hayan hecho reformas en la vivienda. Concretamente, apuntan a un 5% de incremento por "la renovación de todas las instalaciones", un 5% por "la sustitución de la totalidad de los cierres exterior", un 5% por "la renovación total de cocinas y baños" y un 5% por el "resto de actuaciones en la vivienda diferentes del anterior".

Críticas a las enmiendas

El Sindicat de Llogaters se ha mostrado muy crítico con JxCat, ya que considera que las modificaciones de la formación dejan la ley "en papel mojado". Una ley, además, que el sindicato,considera "de mínimos".

Por otra parte, el socio de Govern de JxCat, ERC, también se ha mostrado crítica con las modificaciones, y ha anunciado que presentará a los ayuntamientos una moción para defender la Ley de regulación de los alquileres. Los republicanos también han pedido públicamente a JxCat que retire sus enmiendas.

El Consejo de Garantías Estatutarias: el otro frente

Por la otra lado, el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) ha considerado inconstitucionales algunos apartados de la proposición de ley a instancias de los grupos del PP y Cs.

Concretamente, el Consejo ha apuntado que el artículo 1, los del 6 al 13, las disposiciones adicionales primera y cuarta y las transitorias primeras y segundas no encuentran amparo en el artículo 129 del Estatuto y contradicen la competencia del Estado sobre las bases de las obligaciones contractuales.

De hecho, el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (JxCat), ha querido centrar el debate en este hecho, e incluso se ha atrevido a apuntar que el Gobierno la llevará al TC.

Aunque la mayoría de la presión ha recaído sobre JxCat, parte de la culpa de que la ley esté en suspense la tiene el PSC, socios de gobierno con los comuns en el Estado. Y es que el partido de Miquel Iceta no sólo no ha querido debatir y modificar la ley, sino que ha presentado una enmienda a la totalidad.