La ley de amnistía para los presos y represaliados políticos ya ha llegado al Congreso de los Diputados. Los grupos de ERC, Junts per Catalunya, el PDeCAT y la CUP la han registrado conjuntamente este martes en las Cortes españolas, acompañados por la sociedad civil. La norma, a la que ha tenido acceso ElNacional.cat, consta de seis artículos y una disposición adicional. También se fija en la situación de los exiliados. Los impulsores han situado la proposición de ley como el "punto de partida". Formaciones como el PNV o Compromís ya han adelantado su apoyo. En cambio, el PSOE ya ha anticipado su voto en contra incluso antes de que se registrara. 

El primer artículo deja claro su alcance: "Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera su resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa llevadas a cabo desde el 1 de enero de 2013 y hasta el momento de la entrada en vigor de esta Ley". Y delimita: "Se entenderá como intencionalidad política cualquier hecho vinculado a la lucha democrática por la autodeterminación de Catalunya". Ponen el foco tanto en la consulta del 9-N del 2014 como en el referéndum del 1-O del 2017.

 

Este primer artículo, el más extenso, señala que quedan comprendidos los delitos de rebelión y sedición, los de orden público, los de prevaricación, falsedad, malversación, desobediencia o revelación de secretos, y los "actos de expresión y opinión" a través de varias plataformas. En cambio, quedan fuera los policías encausados por la represión policial.

También establece que "los beneficiarios de esta ley no podrán en el futuro ser interrogados, investigados, citados a comparecer, ser detenidos, retenidos, procesados o interrogados de ninguna manera por los hechos incluidos en esta amnistía". Los procedimientos todavía no concluidos o sin una resolución definitiva "se archivarán sin más trámites".

El artículo segundo establece los "efectos y beneficios" de esta ley de amnistía, como la puesta en libertad inmediata de los beneficiados así como la desactivación de las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención. También pondría fin a todas las investigaciones y procedimientos judiciales iniciales, incluidos procesos de extradición. También se garantizaría el "reintegro en la plenitud de sus derechos activos y pasivos de los funcionarios sancionados", la eliminación de antecedentes penales y la devolución de las fianzas, sanciones o multas de carácter económico.

Finalmente, el artículo quinto establece que "las acciones para el reconocimiento de los derechos establecidos en esta ley serán imprescriptibles". Con respecto a los efectos económicos, "estarán sujetos a las diferentes normas de prescripción del ordenamiento jurídico".

"Ejercicio de derechos políticos"

En la exposición de motivos de la ley de amnistía, los impulsores sostienen que "en una sociedad democrática, el libre ejercicio de los derechos políticos no tendría que tener como respuesta el camino de la justicia penal". Y añaden en este sentido: "Se trata de derechos y libertades fundamentales que no sólo garantizan la expresión de la voluntad de los ciudadanos individualmente y en conjunto, sino que también se configuran como los mecanismos básicos con los que canalizar democráticamente la disidencia y la resolución de conflictos políticos". Recuerdan los precedentes de las amnistías de 1936 y 1977 en España, pero también europeas, como en Francia en el proceso de descolonización de Argelia.

El texto recuerda como en estos momentos "hay más de 3.200 personas que han sido o siguen acusadas de un delito que deriva de la participación en actos relacionados con el 9-N, el referéndum de 2017 o las movilizaciones y protestas ciudadanas de respuesta a la represión". Este proceso judicial se ha convertido en "una auténtica causa general contra el independentismo aplicando el derecho penal del enemigo". Por eso, concluyen, "hay que recuperar como prioridad el camino político para la resolución de conflictos de carácter político".

Una cuestión de voluntad política

Como todos los partidos independentistas, las entidades también han defendido que se trata de una cuestión de "voluntad política" para resolver el conflicto político catalán. Desde las puertas del Congreso, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha destacado que es un "paso importante" que tendría que permitir "pasar página". Preguntado por la posición del PSOE, ha deseado que "ojalá lo haga". En la misma línea se han expresado los grupos parlamentarios. Montse Bassa (ERC) ha avisado que rechazar esta ley de amnistía es "mantener la injusticia" y "querer negociar con rehenes". Míriam Nogueras (JxCat) ha lamentado que La Moncloa no haya puesto aún ninguna alternativa sobre la mesa. Ferran Bel (PDeCat) ja defendido que la amnistia es la "solución óptima". I Mireia Vehí (CUP) ha recordado que el PSOE tiene la pelota en su tejado.

Puerta cerrada del PSOE y dudas de Podemos

A pesar de todo, antes ni siquiera de que llegara a las Cortes españolas, el PSOE ya le cerró la puerta. Lo hizo ayer el secretario de organización y ministro José Luis Ábalos, que reiteró su posición "en contra de la figura de la amnistía", por su carácter genérico. Como mucho, hay "casos particulares" que se pueden resolver con la legalidad, como por ejemplo los indultos. A pesar de eso, esta vía continúa congelada por La Moncloa, aunque haya pasado el 14-F.

En Unidas Podemos hay dudas. Jaume Asens ha afirmado que no votarán en contra, pero tampoco ha garantizado que voten a favor. Ha avisado de que "está abocada al fracaso": "Siempre hemos dicho que las tres vías que se ponen sobre la mesa para liberar los presos son legítimas, pero probablemente el Supremo tumbaría una propuesta de amnistía. No queremos generar falsas expectativas que después generen frustración. Por ello, apostamos por la reforma del Código Penal y los indultos".