Una ley de Amnistía que aglutine los hechos del procés de independencia de Catalunya ya no es una reclamación imposible para el PSOE después de que el president en el exilio, Carles Puigdemont, lo haya puesto como una de las condiciones para la investidura de Pedro Sánchez. Ahora se trabaja en la época temporal que tendría que incluir (la apuesta catalana es desde el 9-N del 2014 al 2017), a más de los actores catalanes y los españoles que podría amparar. La ley prohíbe casos personales, aunque la amnistía es claramente pensada para beneficiar a políticos y excargos del Govern, como las pendientes de juzgar por haber organizado el 1-O. ¿Pero y los manifestantes acusados de atentado contra la autoridad? ¿Y los policías investigados por las cargas el 1-O?
La Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona y del Libre Ejercicio de la Abogacía del Colegio de la Abogacía de Barcelona, integrada por un amplio grupo de abogados catalanes y progresistas, hecho público un comunicado, esta semana, en el cual asegura que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad que son investigados por las cargas del 1-O en los centros de votación no tendrían que ser amparados en esta ley. Y desde de Irídia, centro que lleva la acusación particular de Roger Español, y la mayoría de acusaciones en las cargas policiales en centros de Barcelona, lo dice bien claro: "En ningún caso", ha afirmado el codirector de Irídia, Andres Garcia Berrio, a ElNacional.cat y ha recordado que "Naciones Unidas prohíbe que sean amnistiados agentes policiales implicados en torturas o maltratos", como es el caso del 1-O. Por el contrario, la Abogacía del Estado sostiene que los agentes que actuaron en los centros de votación no cometieron ningún delito.
¿Los policías serán juzgados?
El titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona, Francesc Miralles, procesó a 45 agentes de la policía española por sus actuaciones en centros de votación. En la resolución de enero pasado, precisaba que de los hechos descritos, los agentes podrían ser autores de delitos leves o menos graves de lesiones, pero también de delitos previstos en los artículos 174 y 175 del Código Penal, los cuales hacen referencia a torturas y contra la integridad moral de las personas; este último es el supuesto mayoritario.
¿Las causas penales están en su recta final, pero los policías serán juzgados? En la mayoría de casos, los agentes son acusados de delitos leves, que prescriben sl año de haberse cometido (en el 2017!). Hay otros casos, que los agentes son acusados del delito contra la integridad moral, castigado hasta 4 años de prisión en casos graves y que prescriben a los 5 años. En estos casos la prescripción está al límite; el reloj de la prescripción se para con el procesamiento concreto de la persona. Ahora, las entidades de Irídia, Òmnium y la ANC se tienen que volver a arremangar al hacer los escritos de acusación. El magistrado de Barcelona ha sido diligente, pero la Fiscalía no ha sido activa, según denuncian las entidades, que han tenido que examinar vídeos y vídeos a la búsqueda de actuaciones no reglamentarias de los agentes policiales.
Obstáculos judiciales
El abogado y exdiputado en el Congreso de En Comú Podem, Jaume Asens, convertido en portavoz de las negociaciones entre Sumar y Junts, ha sido quien hace unas semanas abrió la puerta que hacía falta que los policías también fueran amnistiados, como también acusados por acciones españolistas. Por ahora, sin embargo, no hay ningún agente o integrante ultra condenado por su actuación contra independentistas, o en peligro de ir a la prisión. En el primer borrador de la ley de Amnistía, impulsada por las entidades Òmnium y Amnistía y Libertad, también se incluía a agentes policiales, y al final se retiraron de la propuesta enviada al Congreso de los Diputados, que a pesar de los millares de firmas quedó abandonada en un cajón, sin ningún debate.
El penalista Àlex Solà, miembro de la Comisión de Defensa, afirma a ElNacional.cat que la "ley de Amnistía no se tiene que plantear como un punto final, como se ha hecho en América Latina y también se hizo al final con la ley española 1977". Declara que la amnistía se tiene que plantear como "un proceso de justicia y de reparación", y que en este caso se tiene que reconocer los excesos del Gobierno para hacer frente al movimiento independentista catalán. Solà comparte con Asens que la amnistía es recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), y que tiene que cumplir con los principios de igualdad y seguridad jurídica.
Por su parte, el codirector del centro Irídia, Andrés García Berrio, también considera que una ley de amnistía "puede ser una buena fórmula para reubicar la situación del conflicto catalán en el ámbito político y de diálogo". Sin embargo, el abogado es tajante al afirmar que la ley no puede amparar a los policías investigados por tratos degradantes. "Naciones Unidas e instituciones internacionales son bien claros que casos de tortura y maltratos no pueden ser amnistiados. Las víctimas tienen que tener su derecho a la verdad y la reparación", manifiesta el penalista.
En este sentido, entidades como Irídia, Amnistía Internacional y CeAqua han insistido al Gobierno en que tiene que derogar la ley de Amnistía de 1977 para cumplir el derecho internacional, que fija que los crímenes del derecho internacional no prescriben (la tortura y de lesa humanidad) y permitir investigar los crímenes del franquismo.
Golpes de porra en la cabeza
Con respecto a las actuaciones policiales del 1-O, el magistrado Francesc Miralles ha detallado la investigación que ha realizado en 27 escuelas de Barcelona, los ciudadanos heridos, y también algunos de los policías, y si la actuación fue correcta o no. Por ejemplo, en el caso de l'IES Jaume Balmes afirma que "las denuncias presentadas relatan episodios de empujones y actuaciones que no son desproporcionadas ni gratuitas porque la finalidad era acceder al local y requisar los efectos y salir con seguridad". Por el contrario, el juez de Barcelona procesa a 8 agentes que actuaron en la escuela Mediterránea y también tres agentes más y un jefe de grupo en l'IES Pau Claris, donde sostiene que "no resulta compatible con ningún criterio de proporcionalidad que los agentes peguen en la cara a las personas congregadas o las lancen escaleras abajo, cayendo estas sobre las otras personas que estaban sentadas o a las escaleras, con un grave riesgo a la integridad de los ciudadanos o tirando objetos sin ninguna necesidad".
Además, el magistrado de Barcelona manifiesta que "como no hay ningún ciudadano imputado por atentado contra la autoridad ni por ningún otro delito" descarta que el Sindicato Profesional de Policía continúe como acusación en las causas de las escuelas de Barcelona.
¿Los manifestantes serán amnistiados?
Por su parte, Martí Majoral, portavoz de la organización de la izquierda independentista Alerta Solidaria, que lleva la defensa de la mayoría de activistas por el procés, se muestra muy escéptico que esta ley de amnistía pueda amparar a manifestantes acusados o condenados por atentado y lesiones, la mayoría leves, a agentes de los Mossos y de la policía española. Mayoral también hace referencia al comunicado de esta semana de Alerta, que sostiene que la ley de Amnistía "solo beneficiará al Estado español", y más cuando ahora hay pendientes sentencias clave, especialmente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), como ya pasó con los indultos a los líderes políticos catalanes.
Majoral afirma que actualmente ya se ha celebrado la mayoría de juicios que había contra manifestantes, sobre todo por manifestaciones del 2019, en respuesta a la sentencia del procés. Añade que en la mayoría de casos, se han obtenido sentencias absolutorias frente a las acusaciones con altísimas penas de prisión pedidas por la fiscalía, y sostiene que "son pocos casos", con condenas de entrada en la prisión, que se podrían beneficiar de una supuesta amnistía, de la cual duda que se ofrezca a condenados como Adrián Sas, castigado a 3 años de prisión y pendiente del recurso de amparo en el Tribunal Constitucional. "Dudamos muchísimo que se acepte amnistiar a personas acusadas de herir a policías" insiste Majoral, y recuerda que el derecho internacional prohíbe amnistiar funcionarios por acciones violentas. También insiste que, hasta ahora, no hay ningún policía condenado por el procés.
"Ahora, con la ley de Amnistía se vuelve a mentir a la gente, y se afirma que esto llevará al reconocimiento al derecho de autodeterminación", denuncia el portavoz de Alerta Solidària, y asegura que "al día siguiente de la aprobación de la ley de amnistía habrá más represaliados."