La ley de amnistía que hoy se tramita en el Congreso incluye no solo al president Carles Puigdemont y al resto de líderes del procés encausados por los actos vinculados a la organización y celebración de la consulta del 9-N y el referéndum del 1-O, sino también los actos preparatorios, las acciones de protesta para defenderlos o para oponerse al procesamiento y condena de sus responsables, y "la asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo, protección y seguridad a los responsables". La ley, según el texto al cual ha tenido acceso y ha avanzado en exclusiva ElNacional.cat, se aplicará a hechos que hayan tenido lugar entre el 1 de enero del 2012, donde sitúa el inicio del Procés, y hoy, 13 de noviembre del 2023, día en que se tramitará en el Congreso. El texto, que no hace ninguna referencia al lawfare, recuerda las directivas europeas que excluyen de una amnistía los actos de terrorismo —delito por el cual la Audiencia Nacional persigue a Puigdemont y a la secretaría general de ERC, Marta Rovira, entre otros—, pero puntualiza que para que sean considerados en este sentido es necesario que lleguen a un "nivel mínimo de gravedad", con lesiones corporales o sufrimiento.

🔴 Manifestación en Madrid contra la amnistía, DIRECTO | Última hora de las protestas en Ferraz
 

Bajo el título de Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya, el preámbulo señala esta norma como "un paso necesario para superar las tensiones" provocadas por el proceso político vivido los últimos años en Catalunya y "eliminar algunas de las circunstancias que provocan la desafección que mantiene alejada de las instituciones estatales a una parte de la población".

 

Casos incluidos

El texto subraya que la amnistía se tendrá que aplicar con carácter "preferente y urgente" y que "las decisiones se adoptarán en el plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos". Por lo que respecta a los hechos que quedan incluidos en la ley, el artículo 1 enumera los actos para reivindicar o promover la independencia de Catalunya; actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación derivados del Procés; actuaciones para divulgar el proyecto independentista, recavar información o adquirir conocimiento sobre experiencias similares o conseguir el apoyo de otras entidades; actos vinculados directa o indirectamente a estos hechos y realizados por aquellos que "hubieran prestado asistencia, colaboración asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad a los responsables" del Procés; los actos considerados de usurpación de funciones o malversación para financiar o sufragar el Procés; actos de desobediencia, que incluye desórdenes públicos, atentado contra la autoridad o resistencia para permitir la celebración de las consultas; delitos de prevaricación relacionados con la aprobación de leyes para permitir el referéndum; críticas contra autoridades y funcionarios o contra símbolos y emblemas, en manifestaciones o actividades artísticas y similares; actos de desobediencia y actos contra el orden y la paz pública vinculados al Procés; así como acciones en el curso de actuaciones policiales.

Entre estos supuestos podrían encontrar encaje, entre otros, el caso del director de la oficina de presidente de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, encausado por un viaje a Nueva Caledonia, con motivo del referéndum de autodeterminación de 2018; el caso contra el conseller Miquel Buch y el escolta de los Mossos Lluís Escolà; así como los casos vinculados al Procés pendientes de juzgar en el TSJC y en el juzgado de instrucción número 13, por organización del 1-O.

Casos excluidos

El texto, cuyo contenido ha adelantado ElNacional.cat, tiene 16 artículos, dos disposiciones adicionales y una disposición final. El artículo 2 especifica los casos que quedan excluidos de la amnistía, entre los cuales figuran los actos dolosos, con resultado de muerte, aborto, pérdida de órganos o miembros; torturas o trato inhumano; tenencia y tráfico de armas; delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional; delitos que afecten a la independencia financiera de la UE; o delitos por motivaciones racistas o discriminación.

Este artículo excluiría casos como el de Roger Español, que perdió un ojo el 1 de octubre del 2017, como consecuencia de las cargas policiales, así como los agentes acusados de delitos graves.

La ley especifica el efecto de la aprobación de esta amnistía en las diferentes instancias. Por lo que respecta a la responsabilidad penal, señala que el órgano judicial competente tendrá que ordenar la inmediata puesta en libertad de las personas beneficiadas por la amnistía que estén en prisión; se eliminarán los antecedentes penales derivados de la condena por el acto amnistiado; quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en la prisión de las personas a las cuales resulte de aplicación esta amnistía, así como los órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención.

Por lo que respecta a las responsabilidades administrativas, se ordena el archivo definitivo de todo procedimiento administrativo incoado con objetivo de hacer efectivas las responsabilidades administrativas, y el levantamiento de las medidas cautelares.

Tribunal de Cuentas

También las responsabilidades civiles y contables derivadas de los actos incluidos en la amnistía quedarán "extinguidas", incluidas las que están siendo objeto de procedimientos tramitados en el Tribunal de Cuentas. Precisamente este viernes está previsto el juicio contra miembros del gobierno de Artur Mas y Carles Puigdemont por los gastos del 1-O y la proyección exterior entre 2011 y 2017. Quedan excluidos de esta medida los procedimientos que hayan sido ya sentenciados y ejecutados. Asimismo, se tendrán que levantar las medidas cautelares acordadas en fases de actuaciones previas o de primera instancia.

El texto señala el reintegro de la plenitud de sus derechos activos y pasivos a los trabajadores públicos sancionados o condenados, así como su reincorporación en los casos en que hayan sido separados de su servicio. No se les podrá indemnizar, pero sí se les reconocerá la antigüedad perdida.

Todas estas medidas tendrán que ser aplicadas por los órganos judiciales implicados en cualquier fase en que se encuentre el proceso, y se deberá hacer "con carácter preferente y urgente". Esta revisión de la sentencia incluirá también a los líderes del Procés que fueron indultados.

El texto analiza en el preámbulo la presencia de la amnistía en el ordenamiento español, el hecho de que no figura en la Constitución, aunque tampoco la prohíbe, pero sí está prevista en normas como la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y en una larga retahíla de textos aprobados desde los años 80. Recuerda que esta medida está prevista en las constituciones de Italia, Francia o Portugal y que está aceptada su constitucionalidad, aunque no figure expresamente a la carta magna en Alemania, Austria, Bélgica, Irlanda o Suecia, donde se han promulgado más de una cincuentena de amnistías, para considerar que esta medida es aplicable "en circunstancias de especial crisis política", mientras que está igualmente homologada al derecho de la UE y amparada por sentencias del TJUE y el TEDH.