El Govern de la Generalitat quiere una ley de amnistía blindada y que cumpla con todos los requisitos jurídicos para que "todos aquellos que la quieren detener, esté por vías legales o no lo tengan" un poco más difícil. Con estas palabras se ha expresado la portavoz del Ejecutivo, Patrícia Plaja, que no ha querido valorar el hecho de que el PSOE registrara el texto en solitario y que ERC, el partido del Govern, no lo firmara, ya que, ha recordado en varias ocasiones, ella no es la portavoz de los republicanos. Así, ha evitado entrar en el detalle de la letra pequeña del texto presentado ayer, asegurando que los juristas del Govern todavía la están revisando: "Es una ley suficientemente trascendente para que las cosas solo se hagan condicionadas por el rigor y la seguridad jurídica", ha concluido Plaja, con unas palabras muy parecidas a las utilizadas este lunes por la portavoz de ERC, Raquel Sans. La republicana explicó que los juristas del partido lo estaban revisando antes de registrarla para que tuviera la "máxima seguridad jurídica".
La llamada entre Sánchez y Aragonès
De todos modos, la portavoz del Ejecutivo ha querido dejar clara la importancia que tiene esta ley para el conjunto del independentismo y que supone una victoria para el conjunto de Catalunya. El president Pere Aragonès ha ido reclamando esta ley en todo momento desde el 23 de julio y, tal como Plaja ha recordado en rueda de prensa, habló con el mismo Pedro Sánchez la noche de la Castañada para acabar de cerrar su contenido y conseguir que esta incluyeran los casos del Tsunami Democràtic y los CDRs, que para su partido eran primordiales: "Esta ley de amnistía, en el punto en el cual se encuentra, es un acuerdo entre el president Aragonès y Pedro Sánchez que permitió desencallarla para seguir avanzando en el conflicto político", ha puntualizado Plaja, que también ha añadido que no supone "el punto final de nada" sino un punto de partida. Con todo, ha pedido "no avanzar acontecimientos" y esperar que se consume la investidura de Sánchez y se apruebe la ley de amnistía (a la cual todavía le falta un largo camino, después del último movimiento del PP en el Senado), para continuar con la "negociación para llegar al objetivo final, el referéndum."
Trabajando para la escolta de Puigdemont
Por otra parte, este martes, la portavoz del Ejecutivo también ha celebrado que el Gobierno se abra ahora a la posibilidad de permitir la escolta a Carles Puigdemont. Ayer, el president en el exilio lo volvió a pedir y hoy el ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha asegurado que el nuevo Gobierno daría respuesta a su petición, tramitándola, pero sin adelantar su resolución. La portavoz ha anunciado que se están haciendo todas las gestiones pertinentes con el ministerio del Interior, recordando que el Govern siempre ha defendido que el president Puigdemont tendría que haber tenido un servicio de escolta en los últimos seis años que ha pasado en el exilio, pero que desde Madrid se habían negado siempre: "Celebramos las palabras de Bolaños después de muchos años de negativas y poniendo trabas a la seguridad del president Puigdemont", ha remarcado a la portavoz, deseando que este cambio se haga efectivo "el más bien posible".