La nueva ley educativa española, la Ley Celaá, ya es una realidad para el próximo curso. Este miércoles, el pleno del Senado le ha dado luz verde después de la tramitación exprés la cámara alta española. La nueva norma educativa, una más en el historial de leyes educativas del Estado, ha superado todos los trámites. Como no ha sufrido ninguna modificación en el Senado, la LOMLOE ya está lista para ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrar en vigor. Entre los principales puntos de conflicto, la lengua o la escuela concertada, que tendrá prohibido segregar por sexo si quiere conservar las subvenciones. No ha gustado a la derecha, pero tampoco a algunas formaciones independentistas.

Ahora hace un mes salió adelante en el Congreso por los pelos, con una aprobado raspado: 177 votos favorables, uno por encima de la mayoría absoluta requerida por una ley orgánica como esta. Hoy en el Senado ha contado también con una mayoría un poco más holgada, de 142 votos, que ha sido suficiente para tumbar las más de 650 enmiendas presentadas, así como los vetos registrados por el PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro.

Como no podía ser de otra forma, la lengua ha sido el gran caballo de batalla, especialmente después de la enmienda pactada por ERC en la tramitación al Congreso. El nuevo texto acordado entre La Moncloa y los republicanos eliminaba la referencia al castellano como lengua vehicular. Dice que las las administraciones educativas establecerán la proporción del uso de la lengua castellana y de las lenguas cooficiales como lengua vehicular. De la misma manera, también pactaron que la ley impidiera que las escuelas concertadas pudieran segregar a los alumnos por sexo si querían conservar los conciertos públicos.

Todo esto ha encendido a la derecha, que ha denunciado una "persecución" de la lengua castellana y un "ataque" a la escuela concertada. El senador del PP Pablo Ruz ha criticado que la norma "profundiza la criba social que algunos necesitan para justificar su existencia". Por su parte, Vox ha llegado a decir que la Ley Celaá "destila odio, rencor y frustración". Y Lorena Roldán, de Ciudadanos, ha acusado al Estado de tirar adelante "una ley que amenaza los derechos de las familias y el futuro de toda una generación".

Pero no sólo la derecha españolista ha mostrado sus recelos. También lo han hecho algunas formaciones independentistas, a pesar de que con un tono menos hiperventilado. Assumpció Castellví, senadora de JxCat, ha advertido una vez más que el acuerdo entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC no blinda la inmersión lingüística. Ha recordado a la derecha que la lengua en peligro es el catalán. A pesar de todo, los republicanos han mantenido que la enmienda protege el sistema educativo catalán.

Como pasó ayer con el otro gran proyecto, los presupuestos del Estado, hoy la nueva ley educativa, que sustituye la Ley Wert, ha cumplido todos los trámites. Ya sólo falta uno: su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Los gobiernos del PP, en pie de guerra

Pero la batalla de la derecha no acaba en el hemiciclo del Congreso de los Diputados y el Senado. Los partidos de la triple derecha ya hace semanas que avisan que la llevarán al Tribunal Constitucional una vez sea definitivamente aprobada. Además varios gobiernos autonómicos gobernados por el Partido Popular ya se han apresurado a hacer movimientos para evitar aplicar la nueva norma. Es el caso de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que ha prorrogado a toda prisa los conciertos educativos por un plazo de diez años más.