Prácticamente de forma unánime, las principales organizaciones profesionales que reúnen jueces y fiscales se han manifestado en las últimas horas en contra de la ley contra el lawfare del PSOE. La ley también ha sido criticada, con argumentos diferentes, por parte de Junts —presentará una enmienda a la totalidad— y del Partido Popular —la denunciará—. Entre las principales críticas que han expresado las entidades jurídicas es el hecho de que consideran que “inutiliza” la acción popular y, por lo tanto, piensan que el texto podría ser “inconstitucional”. Algunas organizaciones van más allá y rechazan la ley socialista al considerar que lo que busca es “impunidad” por su “específica aplicación a casos concretos”.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de corte conservador, pone el dedo en la llaga y apunta que la modificación de la figura de las acusaciones populares puede ser una estrategia para buscar “la impunidad” si se tienen en cuenta las “causas abiertas” actualmente, en una referencia no explícita al caso que salpica a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez. “Y la impunidad de los hechos delictivos de unos ciudadanos concretos encaja muy mal con la igualdad de los ciudadanos ante la ley”, ha dicho en declaraciones en Europa Press la presidenta del APM, María Jesús del Barco.

Esta organización cree que los objetivos que persigue la ley se podrían tratar en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para darle al fiscal la instrucción de las causas penales. Tal como pretende hacerlo el PSOE, apunta, hay “serias dudas que sea constitucional”. “Más bien entendemos que se produce una clara vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24”, ha añadido.

Del Barco critica que se excluya a los partidos políticos de la acción popular, si bien admite que todos los partidos políticos han utilizado un uso abusivo de esta figura porque lo han hecho como “un instrumento contra el adversario político”, pero también ha permitido “condenas por delitos relacionados con la corrupción política”.

La “peor de las técnicas legislativas imaginables”

La Asociación Judicial Francisco de Victoria también ha expresado críticas a la ley del PSOE. En opinión del presidente de la entidad, Sergio Oliva, los socialistas van a parar “a la peor de las técnicas legislativas imaginables, dado que la ley por definición tiene que tener vocación de generalidad y de aplicación en el futuro”. “Esta reforma no tiene vocación de generalidad, sino que presenta la apariencia de haber sido concebida para su específica aplicación a casos concretos”, ha dicho Oliva. Esta entidad también apunta que no se puede legislar sobre casos que ya están en curso.

Por su parte, el portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia, Edmundo Rodríguez, critica los cambios en la figura de la acusación popular y considera “desacertado” excluir a los partidos políticos o impedir que esta acusación participe en la fase de instrucción”. También ha elevado críticas el presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, aunque considera que los abusos de partidos con respecto a la acusación popular hace tiempo que aconsejaban limitar el ejercicio. Ha cuestionado también el hecho de que se quiera rechazar querellas basadas solo en recortes de prensa porque considera que eso se examina siempre.