El anteproyecto ley aprobado hoy en el Consejo de Ministros derogará, en caso de ser aprobada por el Parlamento, el reglamento franquista de 1954 sobre la disciplina académica. En una rueda de prensa, la portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez, ha explicado las propuestas del ejecutivo en el ámbito universitario, que abarcan diversas "vías de mediación" para situaciones de violencia, acoso sexual o plagio, entre otras. La intención del gobierno es que las medidas se apliquen tanto en universidades públicas como en los centros privados.
Sanciones
El anteproyecto de ley contempla la clasificación de las sanciones académicas en tres niveles: leves, graves y muy graves. Según recoge EFE, el régimen disciplinario solo entrará en juego cuando las partes rechacen acudir a la mediación y cuando la conducta objeto de expediente sea por acoso, violencia de género, fraude o destrucción de patrimonio, o cuando las partes no lleguen a un acuerdo.
Las faltas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses, mientras que las sanciones impuestas prescribirán, respectivamente, a los tres años, dos años y al año.
Faltas muy graves
Las faltas consideradas muy graves incluyen: las novatadas o conductas vejatorias, física o psicológicamente, que supongan un grave menoscabo para la dignidad de las personas; ejercer violencia grave; acoso sexual; falsificar, sustraer o destruir documentos académicos, y usar documentos falsos ante la universidad. También se incluye en esta horquilla la destrucción y deterioro de manera irreparable o sustraer obras del patrimonio histórico y cultural de la universidad; plagiar total o parcialmente una obra, o cometer fraude en el Trabajo de Fin de Grado, el Trabajo de Fin de Máster o la Tesis Doctoral, o suplantar a un miembro de la comunidad universitaria.
Las sanciones por cometer faltas académicas muy graves van de la expulsión de dos meses hasta tres años de la universidad, un castigo que deberá constar en el expediente académico hasta su total cumplimiento, y la pérdida de derechos de matrícula parcial, durante un curso o semestre académico.
Convivencia
El anteproyecto de ley incluye también medidas de prevención y respuesta frente a los casos de violencia, discriminación, y/o acoso, que serán de aplicación al estudiantado, al personal docente e investigador y al personal de administración y servicios.
Además, las universidades crearán una Comisión de Convivencia, integrada de manera paritaria por representantes del alumnado, del personal docente e investigador, y del personal de administración y servicios, garantizando la composición equilibrada entre mujeres y hombres y del que no podrá formar parte nadie del equipo rectoral. Esta comisión será la encargada de canalizar las iniciativas para mejorar la convivencia, promover la mediación y, en aquellos casos en que resulte procedente, tramitar el procedimiento de mediación como alternativa al régimen sancionador.
Foto principal: el ministro de Universidades, Manuel Castells / ACN