El Govern ha aprobado esta mañana en una reunión extraordinaria el proyecto de ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, conocida como ley de acompañamiento. Se trata de un cajón de sastre que acompaña los presupuestos e incluye numerosas medidas que afectan al funcionamiento de la Administración. Este año incorpora medidas de apoyo a las víctimas de la violencia machista o novedades en el impuesto de sucesiones, así como un fondo para municipios próximos a centrales nucleares o cambios en el Instituto Catalán de Finanzas, la futura banca pública catalana, según el acuerdo de investidura que ERC cerró con la CUP.
Entre las medidas concretas, el proyecto prevé que cuando una mujer se dirija a una comisaría para denunciar violencia machista, si no lo hace con un abogado, los Mossos tendrán que requerir la presencia de un letrado, para garantizar que tenga apoyo legal desde el momento inicial de la denuncia.
También se incorpora una ayuda extraordinaria para familias perjudicadas por una muerte por violencia machista, para que puedan hacer frente a los gastos de sepelio, traslado y repatriación de la víctima al país de origen. Igualmente se ha creado una prestación para atender gastos derivados de una intervención quirúrgica consecuencia de un delito odio, no prevista en servicios básicos.
ICF i funcionarios interinos
La ley prevé cambios de carácter técnico para reforzar la autonomía patrimonial del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Entre estas novedades está la posibilidad de que puedan hacer depósitos eventualmente entidades privadas. En este sentido, la portavoz del Gobierno, Patrícia Plaja, ha subrayado que no se trata personas particulares sino entidades, asociaciones, o fundaciones.
La ley de acompañamiento contempla también la supresión de las diferencias entre personal interino y los funcionarios de carrera a la hora de ser declarados en situación de servicios especiales o para disfrutar de licencias para hacer estudios relacionados con el puesto de trabajo y de las licencias para asuntos propios.
Se crea un nuevo fondo por reactivación económica de municipios situados en el área influencia de centrales nucleares. El 20% de los ingresos recaudados por los impuestos sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente por la producción de energía de origen nuclear se destinarán a alimentar este fondo.
Impuesto de sucesiones
En el capítulo fiscal, se amplía, excepcionalmente, hasta dos años el plazo actual de un año para el aplazamiento del Impuesto sobre sucesiones, sin obligación de depositar garantía. Se podrá aplicar a los hechos imponibles a partir de la entrada en vigor de la ley y hasta el 31 de diciembre del 2022. La finalidad es dar más tiempo a ciudadanos que reciben herencia para que puedan disponer de la liquidez necesaria para hacer frente al pago de los impuestos.
También se introducen cambios en el Canon del Agua que recauda la ACA para reducir la carga a determinados colectivos más vulnerables. Serán los servicios sociales los que se encargarán de presentar el informe en nombre de estas personas para que se puedan acoger a la tarifa social.
En tributación sobre Juego, los operadores de máquinas recreativas y azar tendrán que facilitar semestralmente datos relacionados con su actividad, como número de partidas jugadas, importe cantidades jugadas e importe de los premios.
Antes de acabar del contrato vigente para el 061, el departamento de Salut tendrá que prever como internalizar el contrato de este servicio, con una evaluación del impacto de esta decisión, dotación presupuestaria y mecanismo legal para hacerlo. Por lo que respecta al 112, otra de las reivindicaciones de la CUP, no está explícitamente previsto, pero la portavoz del Govern ha admitido que hay margen de negociación.
Transparencia
El departamento de Economía ha reforzado el capítulo de transparencia presupuestaria y rendimiento de cuentas con la incorporación de tres nuevos documentos presupuestarios adicionales. Se trata del Informe de orientación presupuestaria que se presentará ante la Comisión de Economía antes de cada 30 de junio y donde se detallará el estado ejecución y la previsión de liquidación del presupuesto vigente así como el marco macroeconómico. También se elaborará un Informe presupuestario previo a las elecciones con perspectivas macroeconómicas, escenarios fiscal y presupuestario, así como el endeudamiento y carga de deuda para 4 años. Y, finalmente un Informe de perspectiva presupuestaria a largo plazo, que se presentará con una frecuencia no superior a 5 años y expondrá un horizonte de 15 años.
La ley de acompañamiento modifica el hasta ahora habitual mecanismo de aprobación de los presupuestos y elimina la obligatoriedad de enviar los presupuestos al Parlament antes del 10 de octubre, una fecha que, según el Govern, no se ha cumplido nunca. El nuevo redactado fija que se tiene que presentar con antelación suficiente como para que entre en vigor de 1 de enero.