El Congreso de los Diputados empieza a tramitar una proposición de ley impulsada por Junts per Catalunya para permitir desalojos de ocupas en 48 horas. Ha dado el primer paso superando la toma en consideración con 300 votos a favor y 44 en contra. La han apoyado el PP, el PSOE, Vox y el PNV, mientras que Sumar, ERC, Bildu y Podemos han votado en contra. Ahora, la ley empieza su recorrido parlamentario, donde los partidos podrán registrar enmiendas para retocar el texto. Los socialistas ya anticipan que no comparten el redactado al completo y que querrán modificarlo. Fundamentalmente, la iniciativa, según reza la exposición de motivos, pretende “dotar a los tribunales de mejores herramientas legales para que puedan tramitar los procesos de desocupación y lanzamiento de inmuebles ocupados ilegalmente de una manera más eficaz y rápida”. “La modificación que proponemos no tiene como objetivo aumentar las penas ni las sanciones, sino asegurar que propiedad pueda recuperar urgentemente la posesión de su vivienda que le ha sido robada ilícitamente”, ha defendido Marta Madrenas durante su discurso. “En ningún caso tenemos que alimentar el problema como hace algunos, pero tampoco esconderlo como hace otros”, ha reivindicado.
“Es innegable que algunas políticas recientes han agudizado el problema, han resultado contraproducentes o nada efectivas. No ha sido neutro el sesgo del discurso de algunos actores políticos y activistas mediáticos de la extrema izquierda que, junto con la permisiva respuesta legal y judicial, ha contribuido los últimos años a la proliferación de ocupaciones ilegales”, ha lamentado Marta Madrenas. La diputada de Junts ha defendido que “tienen que ser los poderes públicos los que tienen que procurar el acceso a la vivienda”, un derecho que “no tiene que recaer sobre los hombros de pocos particulares de manera individual”, sino que “tiene que ser responsabilidad de las administraciones públicas y con los recursos de toda la colectividad”. “Las administraciones no pueden abdicar de proteger la vulnerabilidad derivándola hacia algunos particulares”, ha insistido.
Marta Madrenas también ha puesto algunos datos encima de la mesa: cada año, Catalunya, que es la comunidad autónoma con más casos de ocupaciones ilegales, tiene más que la suma de las siguientes tres comunidades (Andalucía, el País Valencià y Madrid), el 4% de los casos afecta domicilios (que incluye las segundas residencias, que son la inmensa mayoría) y, 2,5 de cada 1.000 viviendas están ocupadas. “No son ciertos algunos discursos populistas que alarman a la ciudadanía sugiriendo que cualquier persona que salga de casa fácilmente se puede encontrar su domicilio ocupado”, ha subrayado. Pero ha reconocido que “eso no significa que el problema no sea grave y no genere múltiples consecuencias negativas”. “Degradan las comunidades, ponen en riesgo de incendios y escapes de gas a los vecinos y ponen en peligro especialmente a las personas más vulnerables perpetuando la pobreza”, ha reiterado.
Los tres puntos principales de la ley
La ley que ahora empieza a tramitarse en el Congreso incorpora tres puntos primordiales. En primer lugar, establece que la recuperación del inmueble ocupado será en un plazo máximo de 48 horas e “impidiendo dilaciones en la recuperación por la alegación de vulnerabilidad por parte de los ocupantes ilegales”. En segundo lugar, quiere permitir el enjuiciamiento del delito de usurpación por los trámites del “juicio inmediato”. En tercer lugar, estipula que los delitos de usurpación y allanamiento de morada son “flagrantes” por su “carácter de permanentes” desde que se produce la ocupación y hasta que se desocupa efectivamente el inmueble. Así pues, por ejemplo, se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir que la policía “proceda al inmediato desalojo del bien inmueble” en casos de delitos flagrantes. Y otro artículo: “El ocupante tendrá un plazo de 48 horas para acreditar su posesión legítima. Si no lo aportan, se procederá al desalojo inmediato del bien inmueble”. Y, simultáneamente, “se dará conocimiento a los servicios sociales competentes para que puedan proceder a su realojamiento antes de que finalice el plazo máximo e improrrogable de 48 horas”.
ERC denuncia una “maniobra de distracción” con “puro marketing electoral”
Esquerra Republicana ha votado en contra de la propuesta de Junts. La diputada Etna Estrems ha reprobado que la presentación de la iniciativa es una “maniobra de distracción de lo que realmente está pidiendo la ciudadanía, que es que se solucione el problema de la vivienda” y ha rechazado “perderse en debates que se presentan como soluciones mágicas y que, en realidad, son puro marketing electoral”. “No aceptamos que sea lo mismo legislar un allanamiento de morada que una ocupación de una vivienda vacía de un banco, de una multinacional o de un fondo de inversión”, ha subrayado. Asimismo, ha apelado a poner fin a la crisis de la vivienda, por ejemplo, a través de la regulación de los alquileres de temporada y, enviando un dardo a Junts, ha reclamado que “los más poderosos dejen de especular con la vivienda y dejen de cambiarse cromos a políticos absurdos envueltos en esteladas”.
Sobre el texto de la iniciativa, ha reconocido que es “real” que “hay bandas organizadas que actúan como una mafia y que trafican con casas vacías y con la desesperación de muchos” y que la justicia es “lenta” y que “muchas veces la policía no llega a tiempo”. Ahora bien, ha puntualizado que la ley “contempla que si entran en tu casa, puedan sacar a esta gente en 48 horas”. “El problema es que el sistema no funciona, porque la justicia está colapsada. Faltan treinta juzgados a Catalunya y aquí el Partido Socialista tiene mucho a decir porque eso es un tema de voluntad política”, ha concluido.
El PSOE y el PP coinciden en el voto, pero no comparten el diagnóstico
Durante el debate, se han constatado las diferencias discursivas entre el PP y el PSOE, aunque ambos partidos han acabado apostando por apoyar la iniciativa de Junts. “No supone en sí una solución en sí misma al problema de la vivienda”, ha sostenido el diputado socialista Guillermo Hita, que ha subrayado que el problema “se soluciona con pasos y actuaciones firmes y contundentes como las que está realizando el Gobierno”. Lejos de esta afirmación, la popular Cristina Agüera ha lamentado que, a su parecer, los ocupan “actúan con total impunidad” porque “tienen claro que la ley y la mayoría de partidos políticos de la izquierda protegen más al ocupa que al ciudadano que cumple la ley”. “En el caso de las personas vulnerables, las administraciones no pueden desentenderse y debe asumir sus responsabilidades y no trasladarlas al propietario”, ha añadido.
Guillermo Hita también ha disparado contra la derecha y la ultraderecha: “La ciudadanía está un poco harta de que no hagan más que meter miedo con este tema, cuando los datos no corroboran para nada esta situación”. Y, aunque ha esgrimido que el ordenamiento jurídico tiene “mecanismos suficientes para enfrentar” la ocupación, ha reconocido que el marco legal es “susceptible de mejora, teniendo en cuenta la preocupación social que se denota en determinadas zonas”. Con una línea roja: “Siempre sin menoscabo de la protección de los colectivos especialmente vulnerables. Protejamos el derecho de los propietarios de inmuebles, pero protejamos también el derecho de acceso a la vivienda”, ha concluido. Finalmente, el PP también ha reprochado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que haya “congelado” su ley contra la ocupación que se impulsó en el Senado y que lleva un año bloqueada en la Cámara Baja: “Saben que perderían la votación y que, con nuestra ley, la ocupación ilegal acabaría en ocho meses y esto, desgraciadamente, a algunos no les interesa”.