La ley de memoria democrática española 2022: trampas y ambigüedad

La ley de memoria democrática del Estado español entró en vigor el 20 de octubre pasado, sin que el PSOE recogiera ninguna de las enmiendas de ERC. Un análisis de la ley 20/2022, que sustituye la ley de 2007 con el reto -según se asegura- de amparar mejor la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, también crea recelos entre expertos y entidades catalanas. "Es una ley llena de trampas", afirma el jurista e historiador Pep Cruanyes, que es coordinador de la Comisión de la Dignidad, entidad memorialista creada hace veinte años para reclamar el retorno de los conocidos como papeles de Salamanca y que no ha dejado de exigir el retorno del patrimonio expoliado a los catalanes. El presidente de la Federació de Ateneus de Catalunya (FAC), Pep Morella, califica la ley 20/2022 de "ambigua". Cruanyes y Morella también reclaman que no se demore más la aprobación de la ley de memoria democrática catalana, el anteproyecto de la cual está en fase de incorporar o no las alegaciones presentadas en la exposición pública y que su aprobación por el Govern se puede ver retrasada, ahora por la ruptura del acuerdo entre ERC y Junts. Una novedad de la ley española y del borrador de la catalana es que contienen un régimen sancionador para evitar el enaltecimiento del régimen franquista y la exhibición de simbología del dictador español.

Pep Morella y otros representantes de la Federació de Ateneus de Catalunya visitaron al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, el 6 de octubre pasado, justamente al día siguiente que el Senado diera luz verde a la nueva ley. "Después de 45 años de gobiernos democráticos, la ley no nos convence por su ambigüedad y falta de concreción en los plazos, pero encontramos predisposición del secretario de Estado, el cual nos aseguró que con la ley está obligado a cerrar esta herida", declara Morella y añade, que la federación hará un "seguimiento" de los compromisos acordados para el retorno de los bienes expoliados por el franquismo y si no se cumple, lo denunciará.

Las víctimas del franquismo

Para el jurista Pep Cruanyes la ley de memoria democrática de 2022 no cumple los mandatos internacionales porque "no aborda que los crímenes del franquismo sean juzgados", cuando desde Naciones Unidas y tratados internacionales han indicado que los crímenes contra la humanidad no prescriben, como fueron los ordenados por el régimen de Franco, y asegura que no pueden ser borrados o tapados por la Ley de Amnistía de 1977. Ciertamente, la ley fija que se investigará los crímenes, y se creará la figura de un "Fiscal de Sala para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de Derecho Internacional y derechos humanos, incluyendo, el golpe de estado, la guerra y la dictadura". No obstante, se deja claro que el Estado español no será responsable, y se vincula la respuesta a través de la norma de jurisdicción voluntaria, que significa dar información al afectado y nada más.

Otra "trampa" en opinión del abogado es que "tampoco hay una afirmación clara que se devolverá el patrimonio espoliado, sino que detallan que ahora se harán auditorías y estudios". En este sentido, Cruanyes es muy crítico, ya que la ley recoge la indemnización a partidos y sindicatos, sin embargo, "se olvida totalmente de los ciudadanos", a quién, por ejemplo, se les requisó dinero republicano que se declaró ilegal, y que "el Banco de España documentó y es bien fácil de probar", según Cruanyes. También recuerda el caso de un vecino de Lleida, a quien el año 1939 se lo castigó con una multa de 100.000 pesetas (unos 3 millones de euros actuales) y sus herederos no serán resarcidos.

La lengua catalana, perseguida

Un hito alcanzado, según Cruanyes, es que la ley sí que recoge una de las enmiendas reclamadas y es que califica a la Generalitat de Catalunya, los ayuntamientos y entidades catalanas como "víctimas" de la guerra y del franquismo. También se reconoce la persecución de las lenguas catalana, vasca y gallega.  En concreto, la ley afirma: "Se reconoce la política de persecución y represión contra las lenguas y culturas catalana, gallega, vasca, aragonesa, occitana y asturiana perpetradas por el régimen dictatorial franquista durante el periodo de guerra, así como en las décadas posteriores de la dictadura." Con este reconocimiento el abogado espera que se cumpla el respecto a la lengua propia de cada territorio. Sin embargo, en el caso catalán, continúa el conflicto bien vivo en los tribunales, ahora con la sentencia del 25% de castellano y la nueva normativa catalana, recurrida en el Tribunal Constitucional. 

Con respecto a las anulaciones de juicios y procesos franquistas, Cruanyes afirma que "el Estado llega tarde. Primero lo hizo Catalunya en el 2017 y ya se han anulado unos 60.000 procesos, como los de Txiqui, Puig Antich y el presidente Companys. "En este sentido, ERC y el Gobierno mostraron su tira y afloja, el martes pasado. La senadora de ERC Sara Bailac reprochó al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que la entrada en vigor de la Ley de la Memoria Democrática la semana pasada no se haya traducido en un reconocimiento por escrito de la nulidad de la sentencia al expresidente de la Generalitat Lluís Companys. "Llevamos 82 años esperando que se haga justicia y que se anule la sentencia que condenó a muerte a Lluís Companys, y esperamos que lo hagan", afirmó Bailac durante la sesión de control en el Senado. Bolaños reprochó a Bailac que plantee esta pregunta una semana después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria: "Lo que hace es precisamente reparar a las víctimas que habían sido fusiladas y perseguidas por el franquismo y la dictadura."

Via Laietana, espacio de memoria

La ley estatal recoge la delimitación de espacios de memoria, y Pep Cruanyes afirma que "uno de los sitios más  emblemáticos de la represión y violencia del franquismo" es la Jefatura de la Policía española de la Via Laietana, que entidades como la Comisión de la Dignidad y la sectorial de la ANC reclaman que se convierta en un centro de interpretación y memoria de la represión, y así lo reivindican en convocatorias delante del edificio cada primero y tercer martes de cada mes, con la intervención de víctimas de las torturas y vejaciones vividas. El Govern y el Ayuntamiento de Barcelona comparten que hay que recuperar este edificio, en el número 43 de la Via Laietana,  para la memoria democrática pero, inicialmente, con proyectos diferentes.

El retorno de los 11 ateneos expoliados

Con respecto al retorno de patrimonio, la Federació de Ateneus de Catalunya tiene documentados 11 ateneos expoliados y espera que el Gobierno con la nueva ley no tarde en dar respuesta. La ley fija un plazo de un año para hacer una auditoría sobre los bienes a retornar. El presidente de la FAC afirma que "un año es justo" porque el Gobierno reclama una documentación "muy clara" de las propiedades y en la mayoría de casos fue eliminada. Pep Morella espera que la secretaría de Estado de Memoria Democrática cumpla sus compromisos de hacer convenios con universidades para documentar el patrimonio de los ateneos que todavía continúa en manos del Estado español. Morella explica el caso del ateneo republicano de Cervera, que está activo, pero su propiedad está en manos del Ministerio de Trabajo, hecho que por ejemplo le impide hacer reformas. La recopilación de documentación es muy difícil porque por ejemplo hay el caso de ateneos que estaban dentro de cooperativa agrícolas, ahora desaparecidas.

"Los ateneos no son entidades memorialistas, sino víctimas de la guerra y el franquismo", insiste Pep Morella y reivindica el papel clave que jugaron estas entidades, impulsadas por el movimiento obrero y asociativo catalán durante el siglo XIX. Manifiesta que son "espacios de socialización y libre pensamiento" bien necesarios en la sociedad actual, que está "muy individualizada". Morella afirma que los ateneos fueron "las primeras escuelas de democracia, republicanas, donde las personas debatían y se formaban, mantenían la cultura popular y las tradiciones, así como el uso de la lengua catalana". Para Morella, el dictador Franco se apoderó de los ateneos "como botín de guerra y a punta de pistola", y aprovechó todos estos equipamientos que había repartidos por el país para recortar libertades e imponerse. Una muestra evidente es la fotografía principal que ilustra esta noticia de la ley 20/2022, donde se ve la instrucción militar de los niños del Centro Nacional, nombre dado al Ateneo Igualadino de la Clase Obrera, una vez extinguido y requisado.

La FAC promocionó un estudio para demostrar este castigo al tejido asociativo catalán con la entrega de sus bienes a los afectos al Movimento. El estudio, realizado por la doctora en Historia Nieves Moran, detalla "un saqueo metódico y bien planificado", por ahora cncretado en 298 inmuebles que pertenecían a 232 entidades diferentes. Por ejemplo, se han documentado los casos de: el Orfeó Badaloní; la Casa del Poble de Blanes; el Ateneu Centre Democrátic y Progressista, de Caldes de Montbui; el Centre Obrer Instructiu de Unió Republicana, de Cervera; la Unió del Casal Gelidenc, de Gelida; el Centre Obrer, de La Sénia; Centre Agrícola y Social, el Pla del Penedès;  Ateneu Santfeliuenc, de Sant Feliu de Llobregat; el Ateneu Agrícola, de Sant Sadurní d'Anoia, y la Societat Coral La Unión Santcugatense, Sant Cugat del Vallès. Con respecto al Ateneu Igualadí de la Clase Obrera, la FAC informa que ya ha recuperado los bienes expoliados, y la Sociedad Coral Obrera La Glòria de Sentmenatenca le queda pendiente de recuperar un local.

Así pues, los objetivos de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición anunciados en la ley 20/2022, de memoria democrática, se tendrán que demostrar y comprobar.

En la foto principal, instrucción militar de niños del Centro Nacional, nombre dado al Ateneu Igualadí de la Clase Obrera, una vez  requisado, al fondo las escuelas del Ateneo. / Foto: Archivo Ateneu Igualadí