La ley de memoria democrática ha recibido el sí definitivo del Senado, sin que el PSOE haya aceptado ninguna de las enmiendas de ERC. Se trata de una norma con la cual se quiere reforzar el compromiso del Estado en la investigación de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo, a la vez que abre la puerta a estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983. Fue pactada con EH Bildu, Más País, PDeCAT y PNV al principio, mientras que ahora ha contado con 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones. La cámara alta ha rechazado los vetos del Partido Popular, Vox, Ciudadanos y UPN, de la misma manera que ha descartado las 521 enmiendas al texto que venía de la cámara baja.
Como el texto no ha incorporado ninguna modificación respecto del aprobado a julio por el Congreso de los Diputados (sin el apoyo de los partidos independentistas), la ley no tendrá que volver a la cámara baja y su aprobación este miércoles en el Senado es definitiva. Entrará en vigor en los próximos días, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pero es verdad que el debate se ha alargado durante más de cinco horas, con reproches cruzados entre la izquierda y la derecha. La norma también ha contado con críticas de socios del Gobierno como ERC, EH Bildu y Compromís: coinciden en el hecho de que el texto es insuficiente.
Abstención de ERC y voto a favor de EH Bildu
Los republicanos se han abstenido, pero el senador Josep Maria Reniu ha asegurado que "es una ley que se queda corta en el justo, necesario e indispensable proceso de garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la dictadura franquista". En cambio, EH Bildu ha votado a favor porque es "un paso en la dirección correcta", aunque no están de acuerdo con "algunos de sus contenidos". "Aquella mal llamada Transición ni fue modélica, ni puso fin a la herencia franquista, ni terminó con la vulneración de derechos humanos y políticos. De aquel polvo, estos barros", ha explicado el senador Gorka Elejabarrieta.
La ley de memoria democrática derogará la de memoria histórica del 2007. Fue aprobada por el Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso de los Diputados en octubre del 2021. Al principio no tenía bastantes apoyos, ya que contó con el rechazo de ERC. Pero en junio se acercaron posturas entre el PSOE, Unidas Podemos y formaciones minoritarias como EH Bildu, PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria. La mayoría de los acuerdos se alcanzaron con EH Bildu, entre los cuales destaca la ampliación hasta 1983 el reconocimiento de víctimas de violaciones de derechos humanos y la posible reparación económica que eso comporte.
Históricos del PSOE, contra la ley
La opción de crear una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 (inicios del gobierno de Felipe González) es uno de los puntos más polémicos para los socialistas. El mismo González dijo que no le sonaba bien el texto, pero José Luis Rodríguez Zapatero respondió a las críticas del expresidente español: "Se lo tendría que leer". Otros históricos del PSOE, como el expresidente del Senado Juan José Laborda, firmaron un manifiesto contra la ley porque consideran que "tergiversa" el "gran pacto constitucional" de 1978.
El debate lo han seguido desde la tribuna de invitados representantes de asociaciones memorialistas, así como algunos representantes del Gobierno: el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y el secretario general de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López. El presidente Pedro Sánchez ha celebrado la aprobación definitiva de la norma, que servirá para "consolidar la democracia" y dar "un paso más por la justicia, la reparación y la dignidad para todas las víctimas". En cambio, fuera del Senado se han concentrado una decena de activistas memorialistas para denunciar que la ley no pone fin a "la impunidad del franquismo".