Primer paso en el Parlament para sacar adelante la ley de memoria democrática. El proyecto de ley ha superado las enmiendas a la totalidad de Vox y Partido Popular catalán y continúa su trámite en la cámara catalana. El proyecto, impulsado por las exconselleres de Justicia Lourdes Ciuró, Ester Capella y Gemma Ubasart, establece un plazo de dos años para retirar la simbología franquista al espacio público y las distinciones a las personas que dieron apoyo al franquismo. En la legislatura anterior, ya se tramitó una iniciativa igual impulsada por el gobierno de Pere Aragonès, pero decayó por el adelanto de las elecciones. El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha dicho desde el atril del Parlament que la ley responde a un "compromiso ético y democrático con todas a las personas que sufrieron la represión y con la memoria de los que ya no están entre nosotros".
¿Qué implica la nueva ley?
El proyecto de ley unifica, actualiza y completa en un único cuerpo legal la legislación catalana vigente en esta materia, sobre la base de los principios de verdad, reparación, justicia y garantía de no repetición. Entre otros aspectos, define las figuras del espacio y el paisaje de memoria democrática; sanciona los daños a fosas y el enaltecimiento del franquismo; prevé que la Generalitat pueda ejercer la acción popular en los procedimientos penales por delitos de lesa humanidad, contra la vida y contra la integridad física o moral cometidos durante la Guerra Civil o la dictadura; incluye la perspectiva de género, e introduce el estudio de la memoria democrática en los currículums educativos desde la educación primaria. Asimismo, el texto incluye el impulso de actos de conmemoración cada 14 de abril, día de la proclamación de la República el año 1931, y cada 7 de noviembre, fecha de la constitución de la Assemblea de Catalunya, en 1971.
Por otra parte, también se persigue el enaltecimiento del franquismo. El texto que aprobará el Govern lo recoge de la siguiente manera: "la exaltación individual o colectiva del golpe de Estado de 1936; del apoyo a este durante la Guerra Civil; de la dictadura franquista; de sus dirigentes; de las personas, tanto físicas como jurídicas, u organizaciones que colaboraron con la dictadura franquista o que participaron de manera activa en el sistema represivo, o del apoyo de la dictadura franquista a las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial". Para los dos casos se contempla un régimen sancionador. Las infracciones muy graves podrán ser perseguidas administrativamente con multas de entre 10.000 y 150.000 euros, y las graves, con sanciones de entre 2.000 y 10.000 euros.
Ahora continuará la tramitación del proyecto de ley en ponencia y comisión por el procedimiento de urgencia antes que devuelva al pleno para que haga la votación final.
El reclamo de las entidades memorialistas
En la sesión del Parlament, han asistido de diferentes entidades de derechos humanos, como por ejemplo Irídia. En este sentido, Irídia, en colaboración con varias entidades memorialistas, ha expresado que a pesar de que la tramitación de la ley es “positiva” hay “importantes carencias en la propuesta actual que hay que corregir”. Expone que la nueva ley tendría que incluir la creación de una comisión institucional, independiente, extrajudicial y temporal, con la plena capacidad para investigar, acceder a la documentación y recoger la investigación previa, así como elaborar un informe detallado sobre las graves vulneraciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario ocurridas durante el periodo objete de la ley. También considera que se tendría que crear una Oficina de Atención a las Víctimas del franquismo. Esta oficina -sostienen- tendría que asistir en procesos como la búsqueda de familiares desaparecidos, el acceso a archivos o expedientes, y proporcionar apoyo jurídico y psicosocial, así como informar sobre las opciones de reparación disponibles.
Por su parte, representantes de la Comisió de la Dignitat han expresado que continuarán sus concentraciones ante la Jefatura de la policía española de vía Laietana hasta conseguir que el edificio se convierta totalmente en un centro de memoria. Precisamente, los portavoces de Junts, ERC, la CUP y Comuns, en sus intervenciones de este jueves, han defendido este objetivo y han felicitado a los manifestantes que, cada primero y tercer martes de cada mes, reclaman este cambio.
