La nueva ley de memoria democrática del Gobierno, catorce años después de la primera, ha superado el primer trámite en el Congreso de los Diputados. Es cierto, ha conseguido aprobar el debate de las enmiendas a la totalidad. Pero también lo es que, hoy por hoy, no dispone de la mayoría parlamentaria que desearían desde La Moncloa. Por una parte, no cuenta con el apoyo de una derecha y extrema derecha dispuestos a dinamitarlo todo. Pero tampoco de formaciones históricas de izquierdas como ERC, que ha denunciado todas las carencias y déficits del proyecto del ministro Félix Bolaños.

Hoy el Congreso ha debatido las tres enmiendas que se habían presentado. Dos eran de devolución, las presentadas por el PP y Vox, que han sido rechazadas solo sus votos a favor. Pero la tercera era la de ERC, que era de texto alternativo. Los republicanos presentaban una nueva norma mucho más ambiciosa según su opinión. También ha salido rechazada, con el voto favorable de las formaciones independentistas. El trámite seguirá, pero van a ser 31 votos decisivos en el futuro.

En defensa de la iniciativa, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido que es un texto "muy equilibrado", "sensato" y "razonable". El dirigente socialista se ha dedicado a rebatir el relato de la derecha y la extrema derecha, asegurando que la norma no busca "un relato ideológico", ni "una imposición por ley de una histórica única". Al contrario, Bolaños ha defendido que lo que hace es "crear mecanismos para que la verdad completa que se omitió durante cuarenta años se conozca". Y ha concluido: "Se trata de pasar página, pero habiéndola leído antes".

Pero muchos de los potenciales aliados del Gobierno han visto justamente carencias y déficits. Es el caso del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha defendido la enmienda de sustitución. El dirigente republicano ha asegurado que es una enmienda "en legítima defensa" y se ha dirigido a las "señorías antifascistas de la cámara". Les ha preguntado si votarían una ley que no declara "ilegal" el régimen franquista, que no repara a las víctimas o que no permite denunciar delante la justicia por los crímenes del franquismo, entre muchas otras cuestiones. "La pregunta no es por qué nosotros somos tan duros, sino por qué ustedes son tan cobardes", ha concluido Rufián.

El resto de formaciones independentistas se han adherido a la enmienda de ERC. Josep Pagès, de Junts, también la ha considerado insuficiente porque "no declara la ilegalidad del régimen franquista ni cuestiona la Transición". El cupero Albert Botran ha asegurado que tiene cosas buenas, pero también muchas carencias. "Para estos equilibrios con nosotros no cuenten", ha dicho al ministro de la Presidencia. Por parte de PDeCAT, el diputado Genís Boadella ha valorado la aportación de ERC y ha señalado que se tendrá que trabajar y enmendar el texto del Gobierno.

Las demandas de ERC

Hace semanas que ERC intenta negociar la ley con el Gobierno, sin que se conozcan avances hoy por hoy. La lista de déficits que detectan, y por lo tanto de demandas que hacen, es amplia. Por una parte, los republicanos denuncian que no se anula las sentencias franquistas, sino que simplemente se las considera "ilegítimas", y se cierra explícitamente la puerta a posibles reclamaciones patrimoniales o indemnizaciones de las víctimas. "No basta otorgando un diploma a los represaliados", señalan. Por otra parte, también señalan como el reconocimiento de las víctimas acaba el año 78, cuando la represión se alargó al menos hasta finales del 82, y no pone fin a la impunidad de la ley de amnistía. "Eso ha hecho que los denunciantes hayan tenido que recurrir a sistemas judiciales de otros países, como la querella argentina", indican. Finalmente, no pone el foco en otros aspectos como el "genocidio lingüístico y cultural" del franquismo, no reconoce a las víctimas de deportación a campos de exterminio, no reconoce la responsabilidad de la Iglesia y no aclara el reparto competencial.

Derecha y extrema derecha, en contra

Las enmiendas del PP y Vox directamente buscaban que el proyecto de ley decayera. Es decir, en sentido contrario a la de ERC. La diputada popular Macarena Motesinos ha acusado a Bolaños de querer "reescribir la memoria y ponerla al servicio de Pedro Sánchez" y de "querer dividir a los españoles entre buenos y malos, reabriendo heridas y perpetuando el espíritu de una guerra que concluyó hace 82 años". Por su parte, el diputado ultra Francisco José Contreras ha denunciado que este proyecto "suprime" la libertad de asociación, la libertad religiosa, la libertad de reunión, la libertad de cátedra o la libertad de expresión. Y ha criticado también que "convierte la apología del franquismo en prácticamente delito de pensamiento".