Ningún cambio. La fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática y exministra de Justicia, Dolores Delgado, ha avalado el informe de la Fiscalía de Barcelona en el cual pide que no se admita a trámite la querella de Carles Vallejo, primer querellante por torturas en la Jefatura de Via Laietana 43 durante el franquismo, después de la entrada en vigor de la nueva ley de memoria española (LO 20/2022). La Fiscalía de Barcelona presentó el junio pasado este informe, aduciendo que los delitos de lesa humanidad y torturas no existían cuando pasaron los hechos, entre 1970 y en 1971, y que estos están prescritos, además de la barrera jurídica que supone la Ley de Amnistía de 1977.
Las entidades Amnistía Internacional, CeAqua e Irídia pidieron por carta a Delgado que "se posicione con relación a las querellas por crímenes del franquismo" y sobre todo con la nueva ley de memoria, que, para algunos juristas, permite la investigación de los crímenes del franquismo, aunque al final, los acusados sean amnistiados. Consultada sobre el posicionamiento de Delgado, la Fiscalía de Barcelona ha informado, este martes, a ElNacional.cat que la fiscal de Memoria considera que es "correcto" mantener el informe en el cual se pide la inadmisión de la querella de Vallejo. Ahora, la titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona, Carmen García, se tiene que pronunciar sobre su admisión o no.
La acción del Govern
De forma excepcional, la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, anunció, a finales de junio, que el Govern se ha personado como acusación popular en la causa de Carles Vallejo, que hace meses presentó la primera querella por torturas a la Jefatura de Via Laietana durante el franquismo, con el apoyo de Irídia y Òmnium Cultural. Ubasart interpretó esta acción "no para castigar, sino para obtener una verdad jurídica", y Vallejo, que estaba a su lado, agradeció el trabajo realizado por las entidades memorialistas, y que su acción era en nombre de "todos los represaliados".
Más de 100 querellas
Las entidades confiaban en el resquicio abierto por la nueva ley de memoria para presentar nuevas querellas por crímenes del franquismo, como la de Blanca Serra, torturada también amb Via Laietana. El posicionamiento de Delgado, sin embargo, dificultará que los jueces cambien de opinión y, seguramente, seguirán sin admitir querellas, especialmente contra policías torturadores. Este julio se anunció, con satisfacción, que el militante antifranquista Julio Pacheco iba a declarar en un juzgado de Madrid, ya que, por primera vez en el Estado español, se había admitido una querella contra crímenes del franquismo. El mismo día, el 14 de julio, sin embargo, la jueza la suspendió para analizar mejor la querella. Se indica que se han presentado más de 100 querellas contra crímenes del franquismo en 6 años. Hasta ahora, los disidentes no han encontrado ninguna justicia ni reparación y algunos de ellos promovieron en el 2010 la querella argentina contra los crímenes del franquismo, donde la magistrada Maria Romilda Servini de este país inició una investigación por crímenes contra la humanidad al considerar que estos no prescriben, pero el Estado español ha torpedeado todo avance, al insistir en que ya prescribieron y el blindaje que da la ley de Amnistía.
Además de la nueva ley de memoria española, que aboga para seguir los dictámenes de las instituciones internacionales, Irídia ha insistido que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en su último informe, "lamenta que persistan obstáculos legislativos para la investigación de graves violaciones de derechos humanos" durante el franquismo, y que insta el Gobierno a derogar la Ley de Amnistía de 1977.