Complicaciones imprevistas. Una ley que, a priori, tenía que servir para exhibir una unidad política poco habitual en la actualidad ha acabado enfrentando, nuevamente, el PP con el PSOE. Se trata de una reforma legislativa que podría permitir acortar la estancia en la prisión de 44 presos de ETA, ya que permitiría convalidar las penas que cumplieron en Francia. Por lo tanto, se podría acortar su estancia en prisión restando el tiempo que estuvieron encarcelados en otro país. Es una noticia que ha publicado esta mañana El Confidencial y que ha provocado una cascada de reacciones y movimientos. Esta modificación se introdujo a través de dos enmiendas presentadas para Sumar al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, una iniciativa que se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados hace quince días. Mañana se vota en el Senado. Y ahora, el PP, que no presentó ningún veto, dice que votará en contra y está buscando la fórmula para evitar que la ley llegue al Boletín Oficial del Estado en medio de la indignación de las asociaciones de víctimas del terrorismo. No está claro que sea posible. Mientras tanto, el PSOE y Sumar lo desvinculan por completo del terrorismo de ETA.

El Gobierno presentó en el Congreso esta iniciativa legislativa el pasado mes de marzo. El texto original no retocaba ningún aspecto relacionado con las condenas en otros países europeos y fue Sumar quien presentó dos enmiendas para modificar el artículo 14.1 de la Ley Orgánica 7/2014 y eliminar la disposición adicional única. De esta manera, se establecía que las “condenas anteriores firmes dictadas en otros Estados miembros contra la misma persona por diferentes hechos” tendrán los “mismos efectos jurídicos” que las dictadas en España y se suprimía la previsión que no se tendrán en cuenta las “condenas dictadas por un tribunal de un estado miembro de la UE antes del 15 de agosto del 2010”. Por mayoría, la ponencia (un órgano que se reúne a puerta cerrada) introdujo las dos enmiendas al redactado, y el texto fue aprobado sin ningún voto en contra en la Comisión de Justicia (Vox se abstuvo para hacer frente a un presidente “autócrata”) y recibió luz verde por unanimidad del pleno de la cámara baja. Nadie alzó la voz en ningún momento sobre esta cuestión.

El PP quiere ahora “revertirlo e impedirlo” en el Senado, pero no presentó ningún veto

Desde el PP, Borja Sémper ha asegurado este mediodía que los populares harán todo lo que esté en sus manos para “revertirlo e impedirlo” desde el terreno “político y judicial”. “Confiamos que seremos capaces de conseguirlo, este tema nos lo tomamos muy en serio y es crítico, no quedará así”, ha afirmado. Ha expresado que Génova todavía “está analizando las medidas”, ha asegurado no descarta ninguna que tenga el “rigor suficiente” y el “impacto necesario” y ha sostenido que la directiva europea “no contemplaba los aspectos que se han modificado”. De puertas adentro, desde el PP no dan detalles sobre cuál podría ser la fórmula. Y es que el PP no lo tendrá fácil: el plazo para presentar enmiendas y propuestas de veto en el Senado está agotado. Fuentes del PSOE en la cámara alta dan por hecho a ElNacional.cat que la ley, por mucho que mañana se vote en contra de ella, se aprobará definitivamente. Fuentes del Senado consultadas por este medio señalan que la Constitución solo prevé los vetos y las enmiendas, no aclaran qué pasaría si mañana el pleno vota en contra de la norma y mantienen la incógnita sobre si el PP podría encontrar una “resquicio” para frenar la aprobación de la norma.

Eso sí, Borja Sémper ha atribuido la aprobación de las modificaciones a una “trampa” y a un “engaño” del PSOE y al hecho de que el proceso legislativo en España esté “prácticamente adulterado”. “Es recurrente que el Gobierno someta a consideración del pleno, a través de leyes que no tienen nada que ver, enmiendas. Y eso hace que el proceso legislativo no sea transparente, claro y limpio y que todo esté sujeto a artimañas y subterfugios y a «Te cuelo por aquí una enmienda en esta ley que no tiene nada que ver»”, ha afirmado el portavoz de los populares en rueda de prensa. Sin embargo, las dos enmiendas que presentó Sumar modifican dos preceptos de la ley 7/2014, que era la ley, precisamente, que se estaba reformando a través de la iniciativa original.

Por su parte, Vox pide al Gobierno la “retirada inmediata” de la ley, de acuerdo con el artículo 127 del Reglamento del Senado, como única fórmula para evitarlo. Eso sí, el portavoz del partido de extrema derecha, José Antonio Fúster, reconoce que “no está claro” que la ley beneficio los presos de ETA y asegura que, si se confirma, los de Santiago Abascal pedirán disculpas.

Sumar defiende que la modificación “corrige una discriminación”

Desde Sumar, el portavoz de Justicia en el Congreso, Enrique Santiago, ha expresado que las dos enmiendas se limitan a “corregir una discriminación” por no aplicar una decisión marco del 2008 sobre resoluciones condenatorias de la Unión Europea. El razonamiento ha sido el siguiente: “Cualquier condenado europeo en España puede disfrutar de beneficios de ejecución de condena en su país de nacionalidad del que no pueden disfrutar españoles condenados en otros países europeos”. Se refería a la Decisión marco del Consejo de la Unión Europea relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal, que establece, en el artículo 3, que “cada estado miembro garantizará que se tomen en consideración las condenas anteriores pronunciadas en otros estados miembros contra la misma persona por hechos diferentes”.

Volviendo a la actualidad, Enrique Santiago ha atribuido las críticas que han llegado desde el PP y desde Vox a su “ofensiva” contra la reforma de la ley mordaza pactada entre el PSOE y Bildu y ha reprobado que la derecha española “vuelva a recurrir al fantasma del terrorismo en el País Vasco que hace más de una década que dejó de existir”. El diputado de Sumar ha instado al PP y Vox a aclarar si están defendiendo una “aplicación discriminatoria” de la ley “en función de la vecindad civil de la persona” y si están de acuerdo con una “norma discriminatoria” por el “mero hecho de que los vascos son ciudadanos españoles”. “Bajo ningún concepto, permitiré que toda la ciudadanía de este país se vea discriminada y no se vea beneficiada de una norma penal que le puede beneficiar porque a alguien no le gustan los vascos”, ha concluido.

El PSOE defiende que es una transposición de una directiva europea

¿Y cuál es la posición del PSOE? Juan Espadas sostiene que el ordenamiento jurídico español no puede ser “insumiso” u “objetor” ante la directiva comunitaria que obliga a aprobar esta norma. En una entrevista en Servimedia, el portavoz socialista en el Senado ha afirmado que se trata de una “modificación del Código Penal que es transposición de una directiva europea” que se aprobó por unanimidad en la cámara baja. “Lo ha votado Feijóo”, ha añadido. Sin embargo, la iniciativa original presentada por el Gobierno no incluía esta modificación. Preguntado por el hecho de que se descuenten los años de prisión cumplidos en las prisiones europeas, ha sostenido que las leyes son de “carácter general” y “no entran en su aplicación concreta a este caso o a aquel otro”.

También se ha pronunciado, de fomr inconcreta, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. En una atención a los medios de comunicación en la que solo ha aceptado una única pregunta, Félix Bolaños ha sostenido que la tramitación parlamentaria de la ley ha estado “absolutamente pacífica” y ha puesto de relieve que la norma fue votada por todos los grupos parlamentarios y no se presentó ninguna enmienda en el Senado.

Los colectivos de víctimas del terrorismo alzan la voz

En las últimas horas, también se han pronunciado las víctimas del terrorismo. La Asociación Víctimas del Terrorismo “no da crédito a lo que está pasando”. En un comunicado, esgrime que tenían “claro” que el Gobierno “cumpliría esta reivindicación histórica del entorno de ETA”, pero dispara directamente contra el PP, Vox y UPN. “¿De verdad nadie se ha dado cuenta de que la modificación de la ley afectaba también a los etarras? ¿No hay nadie en el volante en este país?”, se pregunta. Por su parte, Covite (el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco) exige que se paralice la ley, considera que es “gravísimo” y sostiene que supone un “ataque más al derecho a la justicia de las víctimas de ETA”. Ambas entidades recuerdan que, en 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló que España no computara las condenas de etarras en Francia. En aquella ocasión, el recurso apelaba al Convenio Europeo de Derechos Humanos.