"La reducción de los límites máximos de penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme la regulación vigente". Ya lo avisó el Consejo General del Poder Judicial hace casi dos años: la ley del 'solo sí es sí' podía comportar reducción de penas a violadores. Ya son al menos 300 los agresores sexuales que han visto rebajadas sus penas, y una treintena los que incluso han salido en libertad a causa de las nuevas horquillas penales de la ley estrella del Ministerio de Igualdad.
¿Cómo ha podido originar tanta alarma social una de las leyes que tenía que definir el gobierno de Pedro Sánchez? El Ministerio liderado por Irene Montero elaboró una ley que daba respuesta a una de las sentencias que más indignación habían generado entre la sociedad española; la de la Manada. Ante los cánticos de "no es abuso, es violación", se apostó por dejar atrás esta distinción y hablar únicamente de un solo concepto "agresión sexual". Y también pivotarlo todo en torno al consentimiento, más allá de valorar si había habido violencia o intimidación, aquello que antes distinguía entre 'abuso' y 'violación'.
Ahora, sin embargo, es una agresión sexual "cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento". Eso, según apuntan fuentes del Ministerio de Igualdad, hace que se tenga que estirar el chicle" y generar nuevas horquillas a la hora de penar estos delitos. Pero el estirón de chicle se ha convertido en una pista de aterrizaje para los jueces españoles para reducir penas a violadores: se han reducido los castigos mínimos y máximos cuando no ha habido agravantes en la agresión (antes la horquilla iba de los 5 a los 10 años, y actualmente de los 2 a los 8).
Ya hace semanas que las alarmas empezaron a sonar en La Moncloa, pero se confiaba en que el Tribunal Supremo decretara jurisprudencia a favor de no beneficiar violadores con la nueva ley, pero eso todavía no ha llegado. Ante la polémica, PSOE y Podemos se pusieron las pilas para corregir los defectos de la ley y parar la avalancha de rebajas de pena. No ha sido hasta esta semana que se han hecho públicos los pasos que han ido dando el Ministerio de Justicia, controlado por el PSOE, y el de Igualdad, controlado por Podemos.
¿Qué proponen PSOE y Podemos?
El Ministerio de Justicia propone volver al modelo anterior por lo que hace a las penas y agravarlas en aquellos casos en los que se comete una agresión sexual mediante violencia o intimidación. Así pues, tipos que ahora se sitúan en horquillas de 1 a 4 años pasarían a ser de 1 a 5; y las que están entre los 4 y los 12 años pasarían a estar entre los 6 y 12. Para cuidarse en salud, el PSOE ha insistido por activa y pasiva en que estas modificaciones no dejarían de lado el corazón de la ley: el consentimiento.
Pero eso no convence al Ministerio de Igualdad. Desde Podemos se considera que regresar a un modelo que distinga agresiones con violencia de violaciones sin violencia comporta que las mujeres "vuelvan a pasar por un calvario probatorio" en los juicios sobre si se han defendido o no ante el agresor, y no si han sido víctimas por el mero hecho de no haber consentido nada. Eso, en opinión del equipo de Irene Montero, es volver a la casilla de salida.
Es más, fuentes de Igualdad aseguran que la ley no se tendría que modificar en ningún caso, y que todo pasa por educar a los jueces en perspectiva de género. Es decir, que consideran que el texto del 'solo sí es sí' está bien redactado y que todo se debe a una mala interpretación de los profesionales de la justicia por sesgo machista. De hecho, Podemos se ha movido por la insistencia de los socialistas de reformar la ley, y han hecho contrapropuestas para no tensar la relación entre los dos socios del Gobierno.
Las propuestas que ha hecho el Ministerio de Irene Montero también van en la línea de modificar el Código Penal, pero no las ha querido hacer públicas "para no entorpecer las negociaciones". Sí que han admitido, sin embargo, que retocar las horquillas puede ser una solución. Ahora bien, Podemos considera que todo pasa por dotar a la administración de más recursos. Eso implicaría doblar el número de juzgados exclusivos de violencia sobre las mujeres y ampliar sus competencias con respecto a los delitos sobre la libertad sexual; así como reforzar la Fiscalía de violencia sobre la mujer y garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas. También sugieren que se aumente el número de policías que se dedican de forma exclusiva a proteger mujeres que han sufrido violencia y que, por lo tanto, se amplíen también las competencias de las unidades especializadas en delitos contra la libertad sexual.
¿Qué piensa el resto de formaciones?
El PP pide, día sí y día también, que la norma se modifique. Alberto Núñez Feijóo acusó este martes a Pedro Sánchez de haberse convertido en el presidente menos feminista que ha habido en el estado español por culpa de esta ley. Ahora bien, las propuestas de los populares para corregir el 'solo sí es sí' van en la misma línea que el PSOE: mantener el eje del consentimiento y al mismo tiempo distinguir entre violencia o intimidación. De hecho, Feijóo alargó la mano a Sánchez este lunes y le ofreció los votos del PP para reformar la ley sin la necesidad de que el PSOE llegara a un acuerdo con Podemos. E instantes más tarde, los socialistas aumentaban la presión a la formación morada anunciando la presentación de una proposición de ley para corregir la norma en los próximos días; con o sin su apoyo.
Ahora bien, hay formaciones parlamentarias que aseguran a este diario que la ley está bien redactada y que "la culpa es de algunos jueces perversos", pero que no quieren identificarse por estar en posiciones bastante lejanas a Podemos. Esquerra Republicana, por su parte, siempre se ha mostrado disponible para ayudar en la corrección de esta ley "necesaria", y ha reiterado en varias ocasiones que la formación ya advirtió, igual que el CGPJ, que la norma podía tener efectos indeseados.