Faltan 33 días para el referéndum, y la hoja de ruta va superando las últimas etapas, indiferente a las protestas del Estado. El último movimiento de los grupos independentistas ha sido la presentación este lunes de la ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, el texto concebido como la "norma suprema del ordenamiento jurídico catalán" hasta que la nueva República pueda aprobar su Constitución.

A media mañana JxSí y la CUP presentaron públicamente la ley, casi por sorpresa, después de mantenerla guardada bajo llave. Como prácticamente todos los detalles de la hoja de ruta, el momento de la presentación fue también resultado de un intenso debate. Acto seguido, los grupos de la oposición hicieron sus valoraciones en el atril de prensa, mientras los diputados independentistas todavía explicaban el texto, de 89 artículos y tres disposiciones adicionales, a los periodistas en una de las salas de la Cámara.

A primera hora de la tarde, la tranquilidad había vuelto a los pasillos del Parlament, que vive ya con normalidad las puntas sísmicas de intensidad informativa. Los diputados independentistas tramitaron la ley ante el registro a las dos de la tarde, mientras la Cámara catalana, en horario de verano, se preparaba para cerrar sus puertas y apenas quedaban en el edificio los operarios que estos días aprovechan para lavar las grandes arañas que iluminan los Passos Perduts.

Llamada Sánchez-Rajoy

No obstante, el efecto de la presentación del texto en el Parlament resonó con contundencia en la capital española. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, incluso sintió la necesidad de telefonear al presidente español, Mariano Rajoy, para garantizarle que estará a su lado a la hora de plantear una postura conjunta "en defensa de la legalidad".

De momento, sin embargo, se desconoce cuál será la base de la respuesta del Estado para detener el referéndum, aunque medios de Madrid especulan insistentemente con la aplicación de la ley de Seguridad Nacional, el recurrente artículo 155 de la Constitución o, incluso, la declaración del estado de excepción.

De hecho, ayer mismo el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, no descartó la intervención de la Generalitat a través del artículo 155, mientras que el socialista Miquel Iceta hablaba de un "nuevo engaño" y la líder de la oposición, Inés Arrimadas, atribuía la presentación del proyecto a un intento de tapar la manifestación del sábado en Barcelona donde se registró la pitada al rey a Felipe VI.

Desconexión ordenada

La ley de Transitoriedad que ayer presentó JxSí y la CUP es una de las leyes claves para garantizar una desconexión ordenada del Estado. Aquí se especifica desde la nacionalidad de los ciudadanos del nuevo Estado catalán, hasta el compromiso de continuidad de trabajo y sueldo de los funcionarios —incluidos los de la administración del Estado— o la organización del entramado institucional.

Todo, sin embargo, de manera transitoria, como indica el título de la ley, dado que si el 1-O gana el 'sí', se abrirá un proceso para la elección de una Asamblea Constituyente que se encargará de redactar el texto de la nueva Constitución, el cual tendrá que ser ratificado en referéndum después de convocar unas nuevas elecciones.

De la misma forma, tal y como indica la disposición adicional tercera de carácter supensivo, la ley será efectiva a condición de que gane el 'sí'. Dado que si gana el 'no', se convocarán elecciones autonómicas y esta norma dejará de tener razón de ser.

Antes del 1-O

A pesar de todo, el presidente del grupo de JxSí, Lluís Corominas, y el diputado de la CUP Benet Salellas quisieron dejar claro en la presentación de la ley que el texto se aprobará antes de la celebración del referéndum a fin de que los votantes del 'sí' y los votantes del 'no' sepan cuáles serán "las consecuencias" de su voto.

Salellas tampoco escondió la voluntad de que esta ley espolee a los ciudadanos, tanto partidarios como detractores de la independencia, a ir a votar el 1 de octubre.

La aprobación de esta ley antes o después de la celebración del referéndum era uno de los debates pendientes entre los grupos independentistas. Ahora falta saber cuándo se aprobará. De hecho, también es una incógnita cuándo se aprobará la ley del Referéndum —que está registrada en el Parlament aunque la Mesa todavía no la ha admitido a trámite, con lo cual el TC no puede actuar sobre ella— y cómo, dado que algunas voces del PDeCAT piden que lo apruebe el Govern en forma de decreto ley —aunque esta posibilidad no despierta un especial entusiasmo en el Ejecutivo.

Semana decisiva

Todo apunta a que la próxima semana será decisiva, y que el pleno que comienza el miércoles podría aprobar la ley del Referéndum.

Aunque el Tribunal Constitucional recurrió contra la reforma del reglamento, que tenía que permitir la aprobación de la proposición de ley por vía de urgencia y lectura única, los grupos disponen de otras vías para aprobar el texto sin seguir los trámites habituales.

Desde el primer momento se ha señalado el artículo 81.3 del reglamento que permite alterar el orden del día, a petición de dos grupos o una quinta parte de los diputados. Este mismo artículo abre la puerta a incorporar en el orden del día asuntos que "no hayan cumplido los trámites reglamentarios" que establece la Cámara, si así lo pide la mayoría absoluta del hemiciclo.

De esta manera, los grupos independentistas podrían superar de manera rápida los obstáculos que puede plantear la oposición y aprobar la ley del Referéndum y, una vez publicado, el Govern podría firmar la convocatoria del referéndum de forma inmediata. Este lunes las piezas del tablero han avanzado algunas casillas muy significativas.