Una vez más los problemas del Gobierno llegan de parte de la judicatura. Esta vez, problemas para el anteproyecto de ley vivienda estatal, que tanto ha costado de consensuar entre el PSOE y Unidas Podemos. Este viernes, el pleno de Consejo General del Poder Judicial ha rechazado el informe sobre la norma que había elaborado el vocal Álvaro Cuesta, y que a pesar de algunos observaciones avalaba la iniciativa. Ha sido rechazada de forma mayoritaria, por quince votos en contra y sólo seis a favor. Con el texto rechazado, este informe se tendrá que volver a redactar, debatir y aprobar en otro pleno del CGPJ, que tendrá lugar el 27 de enero. Los nuevos ponentes designados son Enrique Lucas y José Antonio Ballestero. Desde de Unidas Podemos ya han expresado su malestar por este nuevo obstáculo.
¿Qué implica este rechazo? Que las cosas se retrasan todavía más. El informe del Consejo General del Poder Judicial es preceptivo. Eso quiere decir que, sin este documento, no puede empezar el trámite parlamentario del proyecto de ley. El Gobierno confiaba en poder aprobar la ley estatal de vivienda en segunda vuelta en el Consejo de Ministros del martes que viene. Pero tendrá que esperar, como mínimo, un par de semanas más.
¿Qué decía el informe debatido y tumbado hoy por el pleno del CGPJ? En líneas generales, era "favorable" a la norma, porque según el vocal Álvaro Cuesta es un "instrumento normativo adecuado" para dotar de contenido el derecho a la vivienda, recogido en la Constitución española, sin afectar las competencias de las comunidades autónomas. No obstante, el informe también señalaba "la falta de concreción e imprecisión que afecta a algunos enunciados y contenidos" y la falta de especificación de los "medios que se utilizarán para hacer efectiva la tutela del derecho en la vivienda".
La enmienda a la totalidad que se ha aprobado, presentada por Enrique Lucas expresa dudas sobre la competencia del Estado para legislar sobre el derecho a la vivienda, porque es una materia que la Constitución atribuye a las comunidades autónomas en el artículo 148.1.3. Rebate la "idea errónea" del informe que interpreta que el artículo 47 de la Constitución implica que el Estado sea el destinatario principal de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada.
"Preocupación" en Podemos
Tan pronto como se ha conocido esta noticia, desde de Unidas Podemos han expresado su malestar. Fuentes del espacio liderado por Yolanda Díaz se muestran "preocupados" por los "retrasos injustificables a una ley que tiene que dar respuesta a la emergencia habitacional que vive nuestro país". En este sentido, el socio pequeño del gobierno de coalición recuerda que "esta ley, que permite por primera vez la regulación de los alquileres en las zonas con mercados encarecidos, pone freno a los desahucios sin vivienda alternativa para familias vulnerables o prohíbe la venta de vivienda protegida". Subrayan que es una de las "leyes estrella" de los morados y que ha sido negociada en primera persona por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.