En su segundo discurso de investidura, donde ha desarrollado más el plan de gobierno, el candidato Quim Torra se ha comprometido a recuperar 16 leyes catalanas tumbadas por el Tribunal Constitucional. El nuevo president ha avanzado que su ejecutivo impulsará que el Parlament las vuelva a aprobar. "Con la República todo el mundo ganará derechos y nadie perderá", ha defendido. Este es justamente uno de los puntos que reclamaba la CUP para la nueva legislatura. Torra ya ha dado algunas pistas, como la ley contra la pobreza energética, la ley contra el cambio climático, la ley de igualdad o el canon digital.
En total, más de cuarenta leyes han sido recurridas ante el alto tribunal español, que las ha anulado de forma parcial o total, o las han suspendido de forma cautelar. La gran mayoría de ellas tienen carácter social, y algunas han contado incluso con el voto favorable del PP. Eso no ha sido obstáculo para ser recurridas por Rajoy.
Desahucios y pobreza energética
La ley de medidas urgentes para la emergencia habitacional y la pobreza energética, fruto de una iniciativa legislativa propular, fue aprobada el 29 de julio del 2015 por unanimidad en la mayoría de puntos, desde CiU y la CUP hasta Ciudadanos y el PP. La norma prohibía los desahucios sin antes ofrecer un alquiler social. También establecía la necesidad de garantizar los suministros básicos, con ayudas para evitar los cortes de suministro.
Argumentando la invasión de competencias del Estado, el Gobierno español —entonces en funciones— la impugnó en abril del 2016 y, en junio de aquel año, el Tribunal Constitucional la suspendió parcialmente. Previamente el TC ya había tumbado otras iniciativas en materia de pobreza energética, como el decreto ley de diciembre del 2013 con el que la Generalitat prohibía cortar el suministro de luz y gas entre los meses de noviembre y marzo en casos de pobreza energética.
El alto tribunal español ha suspendido otras iniciativas en materia de vivienda, como es el caso de la Ley del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, que pretendía rehacer los artículos recurridos de la ley de emergencia habitacional. No esquivó el veto del TC y también fue tumbada.
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Igualdad de género
En julio del 2015, el Parlament aprobó la primera ley catalana de igualdad entre hombres y mujeres. Contó con el apoyo de todos los partidos, aunque PP y Unió no dieron apoyo en los puntos relativos al aborto y Cs en los que hacían referencia a las cuotas de paridad. La norma abordaba varios ámbitos, como la administración o el laboral, y preveía un régimen sancionador.
Pero de nuevo aparecieron las togas. En mayo del 2016, el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la norma, después del recurso de inconstitucionalidad del ejecutivo de Rajoy. En octubre de aquel mismo año, el tribunal declaró nulos e inconstitucionales cinco artículos, argumentando que la Generalitat legisló en materias que no son de su competencia como la regulación en el ámbito laboral, la igualdad sindical, el acoso laboral y los planes de igualdad.
Cambio climático
Una de las leyes que también ha citado Torra en la presentación de su programa de gobierno es la ley del cambio climático, "una de las primeras leyes en Europa contra el cambio climático". Aprobada en julio del 2017, preveía la creación de impuestos para gravar los grandes barcos y también las actividades económicas que contaminan. El texto aprobado por la cámara contó con el apoyo de casi todos los grupos, con la única abstención del PP.
Pero en diciembre del año pasado fue suspendida cautelarmente por el TC, previo recurso de inconstitucionalidad del Gobierno español. Esta suspensión ha sido parcialmente levantada —excepto el artículo con que la Generalitat quería prohibir el fracking—, a pesar de que también de forma cautelar, hasta que se pronuncie sobre la constitucionalidad de los preceptos.
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Canon digital audiovisual
En las medidas que adoptará en el ámbito de la cultura, el president Torra ha defendido la reactivación del canon digital audiovisual. Este impuesto, aprobado en 2014, cobraba a las operadoras 25 céntimos por cada conexión que hubiera en Catalunya, que representaban unos 20 millones de euros al año y tenían como objetivo financiar proyectos del sector audiovisual catalán y también contenidos culturales digitales en catalán.
Pero el TC lo tumbó en julio del 2017, porque justificaba que se pisaba con el IVA, impuesto de ámbito estatal. Cinco de los doce magistrados hicieron un voto particular porque consideraban que sí que es clara la distinción entre el IVA y el canon digital catalán
Una cuarentena de leyes e impuestos
Las mencionadas por Torra en su discurso, sin embargo, no son las únicas leyes catalanas tumbadas por el Tribunal Constitucional. En total son hasta una cuarentena, y la mayoría no tienen nada que ver con el proceso de independencia, sino con el ámbito de las políticas sociales o ambientales. Entre estas también está la ley de medidas fiscales, administrativas y financieras del sector público, que contemplaba la prohibición del fracking.
La apisonadora de la justicia española ha afectado especialmente a la política fiscal de la Generalitat. El TC ha tumbado la gran mayoría de impuestos creados durante los últimos años, como el impuesto a los pisos vacíos, a los depósitos bancarios, a las centrales nucleares, a las operadoras de Internet o sobre los activos no productivos de las personas jurídicas.