En libertad con cargos. El titular del juzgado de instrucción 4 de Cornellà de Llobregat ha dejado en libertad a las últimas cuatro personas que quedaron detenidas en la operación anticorrupción realizada ayer en el ayuntamiento, con un total de once detenidos inicialmente. Los acusados se han acogido a su derecho a no declarar y el juez los ha dejado en libertad hoy por la tarde, según informa al gabinete de prensa del TSJC. El juez investiga si hay un contrato irregular entre el Ayuntamiento de Cornellà y el Consell Esportiu de L’Hospitalet, organismo privado también investigado por corrupció en otro juzgado, y donde está investigada la alcaldesa de L'Hospitalet y actual presidenta de la Diputación, la socialista Núria Marín. El juez investiga a los once encausados por los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y fraude en la administración pública. Entre los detenidos, ahora en libertad, está el exconcejal de Deportes, José Manuel Parrado, y el actual presidente del Consell Esportiu del Baix Llobregat, Salvador Valls. La mayoría de implicados son técnicos municipales.
El teniente de alcalde y concejal de Economía del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, Sergio Fernández quedó en libertad ayer por la noche después de ser detenido por la policía española en el marco de esta operación por presunto desvío de fondo a través del Consell Esportiu de L'Hospitalet. En una entrevista en la Cadena Ser, el alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, ha confirmado este martes que Fernández fue puesto en libertad ayer mismo. El alcalde también ha lamentado la actuación policial de ayer, ya asegura que los expedientes que buscaban ya fueron entregados en el 2020, cuando se abrió la investigación al Consell Esportiu de L'Hospitalet.
Operación
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía española registraron ayer durante horas las oficinas del Ayuntamiento de Cornellà, y especialmente las del área de Deportes, así como la sede del Consell Esportiu del Baix Llobregat, en el marco de una operación que se saldó con once detenciones, en su mayoría técnicos municipales. En sus primeras declaraciones después de la operación, Balmón ha expresado su "tranquilidad" y ha defendido la correcta actuación del consistorio en la contratación de los servicios de arbitrajes en el Consell Esportiu de L'Hospitalet que la UDEF investiga.
Con esta actuación se intenta averiguar si hay un contrato de servicios supuestamente "falso" entre el Ayuntamiento de Cornellà y el Consell Esportiu de L'Hospitalet (CELH), a través del cual el ayuntamiento desde el 2018 le pagaba el sueldo de los árbitros a un precio superior del real, y parte de este dinero podría haber sido desviado, según fuentes de la UDEF. El contrato fijado en tres años de servicio, del 2018 en el 2020, tenía un gasto de 89.222 euros. En la causa de L'Hospitalet, los principales acusados son el actual teniente de alcalde de Urbanismo y primer secretario del PSC, Cristian Alcázar Esteban, y Eduard Galí, director del CELH. En los dos se los investiga para presentar ante notario un acta supuestamente falsa de la comisión directiva del consejo.
Ahora, la Udef precisa que con esta acta Alcázar se arrogó facultados para pedir una póliza de crédito de 25.000 euros, que gestionó junto con Horacio Álvarez, entonces secretario del CELH. El aval bancario de 3.686 euros se cargaba en el ayuntamiento de Cornellà, en concepto para la tramitación del contrato de arbitrajes durante cuatro años y prorrogables dos años más. Además, se detalla que este aval es el que se exigió a Cornellà para poder ofrecerle el servicio desde el CELH.