La mayoría de los líderes independentistas catalanes condenados, finalmente, esperarán que el Tribunal Supremo revise su condena, con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal este jueves, en la que desaparece el delito de sedición y se rebajan las penas de la malversación. Los líderes sociales y políticos siempre han defendido que no cometieron ningún delito el otoño del 2017. Los abogados de los políticos de Junts ultimaban los escritos, pero finalmente fuentes del partido han afirmado este miércoles que los ex consellers Jordi Turull, Josep Rull y Quim Forn, no presentarán ninguna petición. Los abofados de ERC -dirigidos por el penalista Andreu van den Eynde- se han mostrado prudentes sobre qué acción realizar, puesto que consideran que casi es el mismo pedir la revisión o que la haga de oficio el tribunal. Ciertamente, el procedimiento de revisión de una condena está pautado. En este caso, la sala presidida por el magistrado Manuel Marchena, al haber este cambio de ley, tiene que abrir un expediente de revisión - que será inminente-, en el cual solicitará a las acusaciones -en este caso a la Fiscalía y a Vox- y a las defensas que revisión proponen, y finalmente dictar una sentencia, en la cual no se puede modificar los hechos probados recogidos en la sentencia del 2019.
Inicialmente, se había confirmado que el abogado Jordi Pina ultima la petición de revisión de la condenada de los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y el expresidente de l'ANC Jordi Sànchez, aunque este último cambió de parecer. Fuentes de Junts, pero, han aclarado este miércoles al mediodía que ningún cargo del partido lo hará. La petición de revisión se quería presentar, cuando el Supremo los requiriera, y la respuesta de Pina era simple y clara: aplique la ley. Ahora, el abogado y los políticos tienen que resolver si no interactúan con el tribunal y no le contestan, como ya hicieron con los recursos contra sus indultos, que los partidos unionistas presentaron a la sala del contencioso–administrativo del Tribunal Supremo. Esquerra, impulsora de la reforma del Código Penal, sí que tiene claro que cuando el Supremo le pregunte reclamará que aplique la ley.
Tampoco solicitará la revisión Jordi Cuixart, según ha afirmado Òmnium Cultural, en un tuit este miércoles en qué afirma: "Contra la vulneración de libertades fundamentales por la unidad de España, defenderemos los derechos humanos en el Tribunal de Estrasburgo y la amnistía para todos los represaliados"!. Se pida o no la revisión, el tribunal está obligado a hacerlo de oficio. Los Jordis no quieren que su petición pueda diluir su demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), aunque los cerca de 4 años en prisión que han sido no se puede borrar, según los juristas.
La interpretación de la malversación
Actualmente, los 9 líderes políticos y sociales catalanes mantienen la pena de inhabilitación, de entre 9 a 13 años (como la pena de prisión) porque el Gobierno los indultó, el verano del 2021, de la pena de prisión, pero no la de inhabilitación a cargo público. Cuando entre en vigor la reforma del Código Penal, desaparecerá el delito de sedición, hecho con el cual se espera que los condenados solo por este delito obtengan una sentencia absolutoria. Son: la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, condenada a 11 años y 6 meses de prisión; los Jordis (Cuixart y Sànchez), castigados a 9 años de prisión; y los exconsellers Quim Forn y Josep Rull, condenado a 10 años y 6 meses, cada uno.
¿Desórdenes por sedición?
Ningún abogado espera que el tribunal los pueda condenar por el nuevo delito agravado de desórdenes públicos, porque el Supremo ya sentenció que el 1-O no hubo la violencia necesaria que exige este tipo. Con todo, la última palabra la tiene el alto tribunal español, el cual puede considerar que el sustituto de la sedición es este nuevo delito.
Será clave la interpretación que hará la Fiscalía y el Supremo de la reforma del delito de malversación, que reduce las penas para los acusados de administración desleal sin enriquecimiento personal. En este caso, las defensas esperan que el nuevo delito no encaja con los gastos realizados el 1-O y, por lo tanto, también se les tiene que absolver, o que si decae la sedición con ella, la malversación porque se les condenó en concurso de los dos delitos.
La Fiscalía General del Estado ya anunció el martes que "con celeridad, calma y consenso" tiene que interpretar la nueva malversación y dar una directriz para aplicar de forma unitaria en todos los casos. En consecuencia, su posicionamiento no será inmediato. Por el delito de malversación, conjuntamente con la sedición, están: el líder de ERC Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión y de inhabilitación; y los exconsellers Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva, castigados a 12 años de prisión.
Paralelamente, el juez Pablo Llarena tendrá que decidir si puede reactivar las euroórdenes para detener al presidente Carles Puigdemont y los exconsellers en el exilio, y si se lo permite el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que anunció la resolución el próximo 31 de enero.