A las puertas de la constitución de los ayuntamientos, el PP y Vox siguen batallando por los pactos en las comunidades autónomas en las cuales los gobiernos todavía están en discusión. Algunos acuerdos son más necesarios que otros para revertir el color de los ejecutivos autonómicos. Uno de los que más baila es el del País Valencià, donde los populares necesitan el apoyo de Vox para desbancar a los socios del Botànic. Los números son los números. En este contexto, los populares han empezado a dibujar las primeras líneas rojas con la extrema derecha, a quien recuerdan que no se entenderán con el candidato de Vox en el País Valencià, Carlos Flores, que arrastra una condena por violencia machista. "No se tendría que dedicar a la política, al ejercicio público, a la representación de los ciudadanos", ha dicho al portavoz de campaña, Borja Sémper, este lunes.

Los populares marcan la raya a Vox y ven "una línea roja" alrededor "de este caso de violencia machista". "Ha cumplido con la sociedad, pero no es una persona que representen a los ciudadanos en igualdad de condiciones que el resto de personas", ha dicho en referencia a Flores, condenado el 2022 por la Audiencia de Valencia con un año de prisión por "violencia psicológica habitual" contra su exmujer y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones. Con todo, en la cúpula del PP añaden que la negociación depende de los líderes territoriales, en este caso de Carlos Mazón, que ganó las elecciones con solvencia. Además, argumentan que el líder de Vox no ha dicho que quiera entrar al gobierno valenciano.

Lo cierto es que, para ser investido, Mazón necesita al menos el voto positivo de 7 de los 13 diputados de Vox en las Corts Valencianas para superar los 45 que suman Ximo Puig (PSPV-PSOE) y Joan Baldoví (Compromiso). Se trata de un grueso importante de votos que da alas a la extrema derecha para exigir alguna cosa más que el apoyo externo. Pero, en cualquier caso, el resultado de la negociación se tiene que enmarcar en la cadena de tratos que las dos formaciones están estableciendo en ayuntamientos y comunidades. Con respecto a las comunidades, los acuerdos a la derecha serán fundamentales en las Islas Baleares y en Extremadura, al margen del País Valencià, donde el PP no suma más que toda la izquierda junta. La calculadora es la calculadora.

El caso es que Vox esconde sus intenciones ni concreta hasta qué punto se quiere implicar en los ejecutivos regionales. La ultraderecha ha insistido en las últimas semanas que su línea roja es "el respeto" a sus votantes, sin hacer de "coche escoba" del PP ni aportar "gratis" los votos. Si hace falta, admieten, harán repetir elecciones. La negociación va por barrios porque, desde Vox, están convencidos de que los acuerdos serán posibles "en la mayoría, sino todos" los sitios en los cuales la suma es imprescindible para evitar gobiernos de la derecha. En los 135 ayuntamientos donde tiene que haber entendimiento sea como sea para evitar el gobierno de la izquierda, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha hecho un llamamiento a sellar pactos, ha garantizado que negociarán "donde haga falta y hasta donde haga falta", aunque dejando claro que no aceptarán "chantajes" ni "presiones".