Chispas en el Congreso. La Carrera de San Jerónimo ha testimoniado una mañana tensa a raíz del enésimo enfrentamiento entre el Senado y el Congreso. Entre el PP y el PSOE. Nos tenemos que situar en la tramitación de la ley de desperdicio alimentario. Durante su paso por la Cámara Alta, se introdujeron algunas enmiendas, entre las que destacan una para proteger las plantas de purines (impulsada por Junts y ERC) y una para rebajar el IVA de los alimentos básicos al 2% (impulsada por el PP). Posteriormente, el Gobierno las vetó alegando que tenían consecuencias en el presupuesto y la Mesa del Congreso, en una decisión sin precedentes y sin el aval del secretario general de la cámara, aceptó el veto y tumbó las modificaciones. La Moncloa ya lo había intentado en el Senado, pero la Mesa de la Cámara Alta cerró la puerta a ello y esto permitió que se incorporaran al texto. Ante la decisión de la Mesa, el PP, ERC y Junts presentaron escritos de reconsideración a fin de que el órgano de gobierno de la cámara tuviera que volver a pronunciarse sobre esta cuestión. Y, en paralelo, reclamaron que el debate y la votación del texto proviniendo del Senado se aplazara a la semana que viene a la espera de la decisión de la Mesa. Pero el PSOE lo ha rechazado y eso ha levantado las protestas del PP en el hemiciclo.
📝 El PSOE veta en el Congreso las enmiendas para proteger las plantas de purines y rebajar el IVA de los alimentos básicos
📝 Junts y ERC se imponen al PSOE para facilitar que dos plantas catalanas de purines sigan funcionando
Más tarde, Alfonso Gómez de Celis, que actuaba como presidente por la ausencia de Francina Armengol por motivos personales, ha concedido turnos de palabra a los portavoces para que pudieran defender su posición. En nombre de Junts, Josep Maria Cruset ha advertido de que la decisión de mantener el debate y la votación es “irreversible” y “no se podrá echar atrás”. “Es una decisión importante para el sector económico de Catalunya. Pondrá en riesgo el sector ganadero y miles de puestos de trabajo”, ha verbalizado.
Por parte de ERC, Teresa Jordà ha reivindicado que los “grupos minoritarios” han sido “capaces” de transaccionar una enmienda en “defensa del sector ganadero catalán” y ha denunciado que la decisión del PSOE es una “auténtica vergüenza” y hará “perder la posibilidad de debatir lo que una mayoría parlamentaria ha hecho posible”. “200 familias de ganaderos de Catalunya hoy también verán vulnerados sus derechos y eso significa problemas con puestos de trabajo y un problema ambiental de primer orden”, ha remachado.
Desde el PP, Miguel Tellado ha pedido a Gómez de Celis que “abandone las siglas” del PSOE y “cumpla con su obligación constitucional sin cercenar los derechos de los diputados”. “Han pisado los derechos de los diputados y han mutilado un texto procedente del Senado, no hay precedentes en cincuenta años de democracia. Están tomando una decisión injusta sabiendo que lo es y eso se llama prevaricación”, ha reprobado. “Lo que pretenden hacer es ilegal e inconstitucional”, ha añadido.
En nombre del PSOE, Patxi López ha cargado contra un debate “sorprendente y preocupante” y ha defendido la decisión de mantener inalterable el orden del día, esgrimiendo que la Mesa se ha limitado a “aplicar la Constitución”. “Es muy preocupante cambiar sobre la marcha las reglas del juego por conveniencia. Se pretende que una mayoría cambie el orden del día: puede parecer muy normal y muy democrático, pero significa que una mayoría pueda cargarse cualquier iniciativa de cualquier grupo para que sea incómoda”, ha verbalizado el portavoz socialista en el Congreso. “Eso es lo que intenta impedir la regla de la unanimidad y es lo que quieren cambiar. La democracia es el juego de las mayorías y el respeto a las minorías”, ha remachado.
Choque de argumentos jurídicos entre el PSOE y el PP en el seno de la Mesa del Congreso
Fuentes del PP denuncian una decisión “absolutamente arbitraria” de la Mesa del Congreso por haber excluido “sin justificación ni motivación” algunas enmiendas aprobadas por el Senado. Los miembros populares del órgano de gobierno de la Cámara Baja advirtieron al resto de componentes que el acuerdo podía ser “nulo de pleno derecho” y voces del grupo parlamentario del PP subrayan que “nunca se había dado una arbitrariedad tan clara y consciente” por parte de la Mesa. Además, defienden que el pleno, por mayoría simple, puede acordar una modificación del orden del día: “Se pretende retorcer el Reglamento para impedir que el pleno se pronuncie”, denuncian. Asimismo, critican que haber convocado la Junta de Portavoces a primera hora, como ha hecho al PSOE, no tenía sentido porque no era el órgano competente para tomar la decisión y recuerdan que están a la espera de un informe de legalidad por escrito de los servicios jurídicos del Congreso. “El modelo parlamentario se basa en el respeto de los procedimientos. Lo hacemos para defender la institución. No valen las costumbres cuando hay una regla y las reglas están para cumplirse”, remachan las mismas voces.
Sin embargo, fuentes socialistas de la Mesa del Congreso defienden que los miembros que avalaron el veto del Gobierno están “plenamente seguros” de que las cosas las han hecho correctamente desde el punto de vista “constitucional y jurídico”. Las mismas voces denuncian que la maniobra que hizo el PP al Senado es una “vía abierta para inutilizar” el artículo de la Constitución que otorga a la Moncloa la potestad para vetar un texto que tenga afectaciones en el presupuesto en vigor. “Es una vía de agua constitucional enorme que ata de pies y manos al Ministerio de Hacienda”, insisten fuentes de la Mesa. Y recalcan que hace pocos días el Tribunal Constitucional reconoció la “preeminencia” del Congreso sobre el Senado.
Asimismo, fuentes del equipo de Francina Armengol justifican que, en este caso, “entran en conflicto” dos derechos: “Choca el derecho a que se debata todo lo que viene del Senado y el derecho constitucional del Gobierno de vetar lo que afecta a los presupuestos”. En opinión de las mismas voces, el “problema primigenio” es que el Senado aceptara enmiendas que influyeran el presupuesto que está en vigor. “Es un juego totalmente perverso”, arguyen desde el entorno de la presidenta del Congreso. “No se prevé que el Senado incumpla la Constitución. ¿Qué tenia que hacer la Mesa del Congreso? O la incumples tú también o dices que, ante la posibilidad de prevaricar dictando una norma injusta, decides aplicar la Constitución”, concluyen.
Los escritos de Junts, ERC y el PP reclamando en la Mesa del Congreso que cambie de criterio
En su escrito pidiendo la reconsideración, Junts alegaba que el veto se ha hecho “fuera del momento procedimental oportuno” y “afectando al trabajo parlamentario desarrollado en otra cámara”. “No corresponde la estimación del criterio del Gobierno, ya que tiene que obedecer a requisitos formales, que esté lo suficiente motivado, y a requisitos temporales, que se ejerza en la tramitación correspondiente de cada cámara, y no a posteriori”, esgrimen. Y advierten que esta decisión “podría dejar lesionados de cara a un futuro los derechos de los parlamentarios” y “deteriora la función legislativa” del Congreso de los Diputados.
Por su parte, ERC esgrimía que la “determinación de las partidas presupuestarias supuestamente afectadas” hecha por el Gobierno es “inconcreta” y que los importes identificados como incrementos de gasto son “simples conjeturas que no justifican la anulación del debate y votación parlamentarias de la enmienda”. El escrito añadía que la Moncloa “no ha demostrado la relación entre la propuesta política planteada y el sobrecosto aludido” y ha frenado las enmiendas sin “acreditar debidamente la existencia de un vínculo directo de causalidad entre el planteamiento y un aumento de crédito o disminución de ingresos presupuestarios”.
“Es el enésimo atropello democrático por parte de la Presidencia de la Cámara, que trabaja a las órdenes del Gobierno, si bien en esta ocasión se trata de una situación inédita y de especial gravedad en casi cincuenta años de democracia de la cual no hay ningún precedente”, lamentan fuentes del PP. Desde las filas populares, consideran que este caso es el “mejor ejemplo” de que Pedro Sánchez está “decidido a gobernar de espaldas en las Cortes Generales para intentar camuflar su evidente debilidad parlamentaria y su incapacidad manifiesta para aglutinar mayorías que le permitan sacar leyes adelante”. “El desprecio del ejecutivo en el Congreso es obsceno y todo gracias a la complicidad de una presidenta intervenida por la Moncloa como Francina Armengol. Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno no ha dejado de retorcer, vulnerar e incumplir el trámite parlamentario y los procedimientos establecidos en el Reglamento”, concluyen las fuentes del PP.