El presidente Quim Torra anunció este sábado en una comparecencia institucional, que hoy presentará al presidente español, Pedro Sánchez, un paquete de 40 medidas urgentes en materia social y económica que considera que el Estado tiene pendientes. Esta es la lista de propuestas:
- Está pendiente la compensación por el cambio de sistema de gestión del IVA del año 2017. Para la Generalitat se estima que supone una pérdida de 458 millones de euros de la liquidación del modelo de financiación del 2017 que se tendría que haber ingresado en el 2019.
- Reclamamos el pago de las siguientes deudas o que se supere la infrafinanciación de los siguientes servicios:
- 710 M€ deuda pendiente acumulada por el no pago de la Disposición adicional tercera del Estatuto (dentro de este están los 759M€ que se tenían que pagar los años 2019, 2020 y 2021), y todavía no se ha hecho ni el primer pago.
- 249 M€ de deuda acumulada pendiente de financiación de los Mossos.
- 11,3 M€ más 23M€ anuales del incremento de órganos judiciales en Catalunya desde el 2017.
- 37M€ de la deuda pendiente de los Fondos de Cohesión Sanitaria y del FOGA.
- 418M€ por la falta de financiación del estado de la ley de Dependencia.
- 35M€ anuales pendientes de diferencia por el 0,7% IRPF con finalidades sociales en Catalunya.
- Hay que corregir la infrafinanciación para los MENAs.
- Exigimos que se fije ya una fecha de creación del FONDO COVID-19 y que hagan el pago de forma urgente e inmediata. El cálculo que hace el gobierno son los 4.000M€ para compensar el incremento en dependida y menos ingresos durante la crisis de la Covid-19.
- Hay que establecer líneas de subvención directa a las empresas, estas medidas tienen que significar una inyección de liquidez en las PYMES. Hasta la actualidad se han planteado medidas que fomentan la liquidez a través de préstamos. Las empresas necesitan ayudas directas a fondo perdido. La finalidad de estas ayudas tiene que permitir garantizar el pago de costes fijos de las empresas (pago de alquileres, créditos hipotecarios).
- Excepción de los pagos de la Seguridad Social mientras dure el estado alarma.
- Suspensión de la recaudación de tributos mientras el estado de alarma siga vigente. Otra forma de garantizar liquidez a las PYMES es a través de la suspensión del pago de tributos. La mayoría de tributos vinculados a la economía productiva son de competencia estatal.
- Mantener los ERTE tanto como sea necesario, y dotarlos de la flexibilidad adecuada que permita convertirse en un estímulo para la reactivación económica.
- Exigimos también recuperar la capacidad de decisión sobre el cambio de fases de la desescalada. La Generalitat quiere hacer una gestión integral de la reactivación para poder hacer un enfoque de 360 grados.
- Pedimos también la financiación de que contemple la realización de la doble línea asistencial Covid y no Covid. Los recursos que ofrece ahora el estado son para la pandemia, pero necesitamos también financiar adecuadamente la tabla pandemia, y poder recuperar la actividad sanitaria demorada.
- Además, hace falta que hagan llegar antes de acabar el mes de mayo la distribución de los 10.000 millones de euros para compensar los costes asumidos hasta ahora por causa de la COVID. El cálculo que se había hecho era que para Catalunya corresponden unos 2.300 millones de euros.
- Flexibilizar criterios de arraigo social para que las más de 150.000 personas en situación irregular en Catalunya (más de 500.000 a nivel estatal) puedan buscar trabajo, crear autoempleo y contribuir a la salida de la crisis con igualdad.
- Que se reactiven los más de 215 millones de euros por parte del gobierno del estado que se tenían que destinar a fondo de políticas activas de empleo.
- Hay que activar una prestación económica para la suspensión de contratos de trabajo por razones de cuidado de niños y personas dependientes o enfermas de la COVID19.
- En relación con las actividades de verano, urge poder conocer con qué condiciones se podrán abrir las playas y las piscinas y organizar campus, casales y colonias deportivas. Y que las condiciones de prevención sean razonables y no hagan económicamente inviable la apertura|abertura de las instalaciones ni la organización de las actividades.
- Sobre el desconfinamiento deportivo, hay que atender las peticiones de gimnasios y piscinas de poder abrir con medidas de precaución antes de lo que ha previsto el Gobierno.
- También pedimos la adopción urgente de medidas de apoyo al sector deportivo como son un tipo de IVA reducido para el sector deportivo al 10%, el traspaso de recursos de la Fundación España Deporte Global a las comunidades o la Ley de Mecenazgo deportivo.
- Suspensión de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local pensante ya en su futura derogación, así como de la flexibilización de la Ley de Estabilidad presupuestaria (necesitamos una plena disposición del Superávit de los ayuntamientos para hacer frente a la emergencia económica y social). Hay que asegurar que los ayuntamientos pueden afrontar esta crisis con plenitud de sus capacidades económicas.
- Pedimos también la aceleración de la tramitación de las ayudas estatales del Glòria, vinculados a la Declaración de zona de especial afectación por emergencia climática
- También exigimos el retorno de las competencias en materia de convocatoria de plazas del cuerpo de Habilidades Nacionales (secretarios, interventores y tesoreros).
- El fondo del Pacto de Estado 2020 contra la violencia de género todavía no ha hecho ni los primeros pagos. De momento, se han aprobado los importes pero no han hecho ningún ingreso a las comunidades.
- Exigimos la provisión urgente de un Fondo finalista y específico para el transporte público, con dotación suficiente para cubrir y mantener los sobrecostes del sistema hasta la recuperación de la demanda. El déficit real a 30 de abril es de 115M€, la estimación para mayo es de 195M€, y las proyecciones son de hasta 500M€ de sobrecostes hasta diciembre.
- Proponemos la habilitación de un Fondo de renovación urbanística, que incluye, por una parte, la ayuda a los ayuntamientos para la transformación de su espacio público, con espacios más verdes urbanos y de mejores espacios comunitarios; y por otra parte, ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios. La rehabilitación tiene que ser una palanca importante para la reactivación económica y la creación de empleo, y tiene que estar vinculada a la agenda verde: eficiencia energética, cubiertas verdes, cubiertas solares.
- Hay que doblar la cantidad dedicada del fondo COVID-19 para ayudas al pago de alquileres para cubrir más situaciones de vulnerabilidad. De los 14,5M€ que hemos recibido (unas 3.000 ayudas), nos harían falta el doble, 29M€ (es decir, unos 100M€ adicionales a nivel estatal para lanzar una nueva convocatoria de ayudas). También se tendría que doblar el importe dedicado al "Plan Nacional de Vivienda", que en el caso de Catalunya significaría pasar de 200M€, ya establecidos para el periodo 2018-21, a 400M€, para poder ofrecer subvenciones e incentivos a promotores públicos y privados para incrementar la promoción de viviendas de alquiler asequibles.
- También tenemos que insistir en el Plan Delta. Hay que constituir, lo antes posible, una Comisión Mixta para la elaboración del Plan Delta del Ebro, formada por el Estado, la Generalitat y la "Mesa de Consenso", que incluya los ayuntamientos y las comunidades de regantes del Ebro, para acordar y aprobar una hoja de ruta, y proveer y dotar económicamente de los compromisos que se derivan.
- Una mejora urgente y necesaria en materia de Protección Civil es tener acceso al sistema 'cellbroadcasting' para difundir avisos masivos a la población en caso de emergencia.
- También hay que poner en marcha un plan de cooperación territorial para la implementación de la plena digitalización de los centros y la conectividad del alumnado, con una aportación presupuestaria equivalente al número de centros sostenidos con fondos públicos y su alumnado.
- También se tiene que activar un plan de cooperación territorial para la contratación del personal PAS, laboral y docente necesario para la implementación en el curso 2020-2021 de las medidas sanitarias y de prevención obligadas de la COVID19, con una aportación presupuestaria equivalente al número de centros sostenidos con fondos públicos y su alumnado.
- Y también exigimos apoyo económico para la implementación de medidas especificas para el alumnado en situación de vulnerabilidad a causa de los efectos de la crisis económica y social consecuencia de la COVID19, con una aportación presupuestaria distribuida con criterios correspondientes al número de nuevos parados y ERTEs.
- Ahora más que nunca, hay que revertir el déficit de aportación a los equipamientos culturales catalanes. Una promesa permanente de este gobierno de Pedro Sánchez y de los anteriores ha sido mejorar las aportaciones a los consorcios de los grandes equipamientos cultural catalanes. La realidad, sin embargo, es que estas aportaciones en general se han ido reduciendo hasta crear situaciones claramente discriminatorias como las que muestran los Presupuestos Generales prorrogados para el 2020, donde por ejemplo el MNAC recibirá una aportación de 2,2 M€ mientras que el Museo del Prado recibirá una de 15,3 M€, o con respecto a los museos de arte moderno, el MACBA recibirá 1,2 M€ mientras que el Reina Sofía recibirá 26,7 M€.
- Uno de los colectivos que está sufriendo más la crisis es el de los artistas, músicos, actores y los de los técnicos del mundo de las artes escénicas. Están sufriendo porque su actividad se ha visto dramáticamente corte y han quedado sin ingresos por la pandemia, pero están sufriendo también por la incapacidad durante años del Gobierno de sacar adelante un Estatuto del artista que habría regulado de manera clara su situación y no habría ocasionado que tantos trabajadores y trabajadoras quedaran ahora fuera de los ámbitos de protección sociolaboral. Hay que impulsar de manera urgente esta protección especial de los artistas, músicos, actores y de los técnicos del mundo de las artes escénicas.
- Hay que regularizar de manera estable la situación de personas trabajadoras en la campaña agraria de verano. Las medidas tomadas por el Gobierno de regularizar este conjunto de personas para después volver a verterlos a una situación de irregularidad los vierte a una vulnerabilidad constante y permanente.
- Pedimos que se habilite un paquete de ayudas al sector de la flor y la planta ornamental ya que es uno de los sector más afectados por la COVID-19 y que menos atención ha recibido por parte del Gobierno.
- Proponemos también la destinación de fondo estatales del Plan de Apoyo al Sector Vinícola para medidas como la vendimia en verde y la destilación con el objetivo de retirar litros del mercado y poder repercutir positivamente en los precios de la vendimia.
- Pedimos también la modificación a la baja de los módulos de IRPF en el sector de la fruta dulce para compensar la crisis de precios.
- Y también es imprescindible la puesta en marcha de préstamos en los sectores cunícola y aves de corral por el paro de los canales.
- Pedimos al Gobierno que ponga todos los recursos necesarios para asegurar el retorno de todos los ciudadanos catalanes que todavía se encuentran atrapados en el extranjero a causa de las limitaciones de movilidad causadas por la pandemia.
- Pedimos que se hagan públicos los índices y los indicadores que hacen cambiar de fase de desescalada. Es información relevante y que actualmente es opaca.
- También pedimos que desde el Gobierno se faciliten a la Generalitat los datos de los ciudadanos catalanes en el extranjero registrados en los consulados y embajadas.
- En materia de Justicia, pedimos que se revierta la poca receptividad al plantear aspectos como la desjudicialización y perspectiva de cohesión social ante el colapso judicial de los juzgados. Asimismo, necesitamos incrementar los recursos destinados a la digitalización en los equipamientos judiciales, así como para adaptarlos a la situación que resulte de la crisis actual.
- Finalmente, pedimos la derogación del decreto ley 14/2019 de 31 de octubre, de medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, conocido como "Decretazo Digital". Este decreto prohíbe el despliegue de identidades digitales y especialmente limita las competencias y autonomía de la Generalitat para desplegar servicios de identidad digital.