Tal y como ha manifestado en varias ocasiones, Lluís Llach apuesta claramente por la vía unilateral para alcanzar la independencia. Hoy, el cantautor ha decidido aclarar al exconseller republicano Josep Huguet su visión del que serán los 2 años de diálogo con el Gobierno y, para hacerlo, ha hecho referencia a una nueva acusación de la Fiscalía.
El exconseller ha formulado una pregunta a su perfil personal de Twitter: "Pero eso qué es?" A la que Llach ha respondido "es lo que es y forma parte de lo que serán estos dos años".
¿De qué están hablando? De la noticia publicada en El Nacional.cat sobre la demanda por parte de la Fiscalía -la cual, según indicó el mismo presidente Pedro Sánchez, depende del Gobierno- de siete años de prisión para cuatro jóvenes del Bages que participaron en una cacerolada de protesta delante del cuartel de la Guardia Civil de Manresa.
Este hecho hace que Llach cuestione, de nuevo, la viabilidad de la mesa de diálogo entre el gobierno de Pere Aragonès y el de Sánchez. Para él, la concesión de los indultos solo beneficiará a los 9 presos políticos, pero no evitará que continúe la represión.
Siete años por protestar delante de la Guardia Civil
Los hechos tuvieron lugar el 16 de octubre de 2019 y se enmarcan las Marxes per la Llibertat que se organizaron como respuesta a la sentencia del procés.
Los cuatro jóvenes son acusados de un delito de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, y daños y lesiones a 12 agentes de los Mossos d'Esquadra. La fiscalía también pide multas e indemnizaciones y alega que los jóvenes actuaron premeditadamente y de manera "violenta y agresiva".
Por su parte, los jóvenes niegan su participación en los hechos que se les acusa. La defensa de los acusados subraya que no hay ninguna imagen que les identifique, solo al testimonio de algunos agentes.
También hay un quinto acusado por los mismos hechos que es menor de edad. En su caso la Fiscalía pide las mismas indemnizaciones para los agentes, y 100 horas de servicio a la comunidad que, si no se aceptan, se sustituirían por 18 meses de libertad vigilada.
Acusación de la Generalitat
En este caso, la Generalitat también ejerce de parte acusadora, pero pide penas de prisión inferiores las que pide el Fiscal, de dos años y tres meses. La participación de la Generalitat en esta acusación revive las recientes protestas del caso de Marcel Vivet. La polémica sobre la acusación en el caso de Vivet vino porque la Generalitat decidió mantener sus cargos aunque en noviembre el entonces conseller de Interior, Miquel Sàmper, había anunciado que ultimaba un acuerdo para que la administración catalana dejara de ejercer la acusación por delitos de atentado contra la autoridad contra los detenidos en manifestaciones violentas, un compromiso que todavía no se ha concretado.
Imagen principal, Lluís Llach / ACN