Plataforma per la Llengua ha recogido en un informe coordinado por Escuela Valenciana, 150 vulneraciones lingüísticas vividas durante el 2024, que recoge la discriminación que sufre la ciudadanía cuando habla valenciano en el País Valencià, viviendo en qué se los insta, bajo burlas donde piden "hablar en cristiano", con amenazas de llamar a la policía por dirigirse en valenciano.

El texto también deja constancia de numerosas vulneraciones por parte de las administraciones públicas, por parte de ayuntamientos, departamentos, conselleries, centros de salud, comisarias, y otros organismos sociales y culturales, que no respetan la atención en valenciano o que no tienen en cuenta la lengua cooficial en portales web, redes sociales o cartelería.

La entidad destaca como casos flagrantes el del centro de salud en Antella, donde un médico se negó a atender a un paciente en valenciano con el argumento que era "de fuera", y la discriminación en la piscina municipal de València, donde una familia fue expulsada para hablar valenciano. A pesar de estar al amparo de la ley vigente y que la entidad atribuye al "supremacismo castellano" que impera en empresas e instituciones.

Multitud de discriminaciones en bares y restaurantes

El documento recoge multitud de casos de empresas privadas, que se niegan a atender a los clientes cuando se enderezan en valenciano, especialmente en el sector de la restauración. El informe señala hasta ocho establecimientos que no han respetado el derecho de atender a los clientes en valenciano y que han pedido a los consumidores que se dirigieran a los trabajadores en castellano.

El texto enumera varios ejemplos, como un gastrobar de Xàbia en qué la camarera y propietaria echó a una cliente para no dirigirse en castellano. También recoge una fonda donde el camarero pidió a los clientes que "le hablen en cristiano", y dejándolos sin atender al seguir hablando en valenciano.
Al margen de estos dos casos, también se menciona un negocio italiano en València, dónde el camarero "amenazó al cliente con llamar a la Policía" si seguía hablando en valenciano después de pedir un café con leche y un cruasán, no sin antes denegarle la hoja de reclamaciones "porque no había consumido nada", según cita el documento recopilatorio de denuncias por vulneración lingüística.

Plataforma enumera varios casos más en bares y cafeterías de localidades como Quart de Poblet y el Port de Sagunt, así como a la estación de autobuses de València y también en un conocido restaurando situado en el centro de la ciudad, donde|dónde un usuario pidió la hoja de reclamaciones, que ante la negativa del establecimiento a dárselo, llamó a la Policía Nacional, que obligaron a la trabajadora a entregársela, sin embargo, se encerró en banda.

Víctimas del "supremacismo castellano"

Plataforma por|para la Lengua critica que las discriminaciones lingüísticas "no son casos aislados ni, principalmente, el fruto de caracteres particulares", sino que responden a una situación de discriminación estructural, en qué el nacionalismo español, es la ideología hegemónica en el Estado, que se ha caracterizado tradicionalmente por el "supremacismo castellano".
"Se identifica los rasgos culturales castellanos, y muy particularmente la lengua, como comunes de todo el Estado, mientras que relega los de los otros grupos autóctonos a la categoría de regionales o particulares", argumenta la entidad.

Recuerdan que, además, "la ideología supremacista castellana" también influye en el uso del valenciano todos los trabajadores públicos.
"Tienen que garantizar el derecho de los ciudadanos de expresarse en este idioma, pero muchos no lo hacen porque comparten la visión del nacionalismo español que el valenciano es una lengua inferior, que no sirve para los usos oficiales, y que, en cualquier caso, los valenciano-hablantes tienen la obligación de adaptarse lingüísticamente a los castellanohablantes", concluye el informe.