El juez instructor de la causa del 1-O en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ya ha acabado el sumario contra la exconsellera y ahora diputada de ERC Meritxell Serret. Lo ha hecho tan sólo una semana después de tomarle declaración tras su retorno del exilio. De esta manera, continúa su procesamiento por desobediencia y malversación por el referéndum del 1-O, ahora en territorio español.

El caso

Serret volvió desde Bruselas para ser diputada por ERC en el Parlamento después de los últimos comicios y compareció en el alto tribunal acompañada del abogado Iñigo Iruín, un letrado histórico en la defensa de miembros de ETA y del entorno de Batasuna. Entonces, se puso a disposición del Tribunal y fue llamada a declarar ahora hace una semana. La exconsellera asumió el "mandato democrático" que tenían el 1-O a pesar de los avisos que recibieron del Tribunal Constitucional y reiteró su apuesta por una "solución política y democrática de un conflicto político que nunca tendría que haber acabado en los tribunales de justicia".

Serret salió sin medidas cautelares y sopesando si pedir el traslado de la causa a Catalunya. Serret ha dicho que se tendrá que valorar "cuándo y cómo es el mejor momento" para hacerlo. En todo caso, ha asegurado que continuará el proceso judicial y al mismo tiempo "trabajando para encontrar esta salida democrática y política a un conflicto que no tendría que haber entrado nunca por las puertas de este tribunal" y para "acabar con esta situación de judicialización". Del mismo modo, ha añadido la diputada republicana, espera que este proceso judicial "pueda ser útil para el resto de compañeros que están siendo procesados en estos momentos".

Imagen: Meritxell Serret, acompañada de las formaciones independentistas a la entrada del Supremo / ACN

El exilio de Serret

Meritxell Serret fue procesada por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia, no obstante, hasta ahora no se ha atribuido que su departamento realizara pagos concretos por la organización del referéndum del 1-O. Dado que los procesados que fueron juzgados en esta misma situación fueron condenados por un delito de desobediencia y absueltos del delito de malversación, no se había cursado contra ella ninguna orden europea de detención después de la sentencia del 14 de octubre de 2019.

Existía, sin embargo, una orden nacional de detención para tomarle declaración y continuar el procedimiento contra ella. La pena prevista para el delito de desobediencia es de multa e inhabilitación para ocupación o cargo público de hasta dos años.

Imagen principal: Meritxell Serret el día de la declaración ante Pablo Llarena / ACN