El magistrado Pablo Llarena persiste en su carrera judicial para sentar en el banquillo de los acusados a los exiliados y mantiene abierta la vía de la extradición vía Italia. Hoy, igual que hizo la semana pasada con Carles Puigdemont, ha enviado un oficio al Tribunal de Sassari donde explica que la orden de detención de Toni Comín y Clara Ponsatí continúa vigente. Ponsatí y Comín aterrizaron ayer en L'Alguer junto con Puigdemont, contrariamente a lo que pasó la semana pasada con el expresident, nadie esperaba a los dos exconsellers en el aeropuerto para detenerlos. Y es que Puigdemont declara hoy después de quedar en libertad la semana pasada.

Pablo Llarena, el instructor de la causa del procés, "en consideración a las noticias periodísticas que recogían que Clara Ponsatí i Obiols y Antoni Comín y Oliveres habían viajado a Cerdeña con ocasión de un acto judicial para el cual estaba citado Carles Puigdemont y Casamajó", ha comunicado esta posibilidad al Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) y le ha comunicado que la situación de las OED relativa a estos encausados es la misma que la comunicada el 30 de septiembre de 2021 respecto de Carles Puigdemont.

La comunicación se ha hecho atendiendo el arte. 9.1 de la Decisión marco 2002/584 / JAI, relativo a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre estados miembros y recoge que "cuando se conozca el paradero de la persona buscada, la autoridad judicial emisora podrá comunicar directamente a la autoridad judicial de ejecución la orden de detención europea", pero tiene presente que la noticia no ha podido ser confirmada por la autoridad judicial española.

 

 

Hasta dos veces se ratificó Llarena en que la orden de detención estaba vigente y que hay que ordenar la extradición de Carles Puigdemont a España. Hoy, con la ratificación de la orden de detención de Toni Comín y Clara Ponsatí, ya son tres los intentos del magistrado de hacerse oír e imponer su autoridad ante la justicia italiana.

Después de ser comunicada la detención del expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont en Italia, a través del Sirene, el instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, envió un oficio al representante de España al Eurojust para que remitiera al Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) la orden europea de detención y entrega entregada el 14 de octubre de 2019 contra él, así como la cuestión prejudicial planteada en su día ante el TJUE. El destinatario era el juez José de la Mata, el representante español en el Eurojust.

Llarena concreta en este primer oficio que Puigdemont está en busca y captura y declarado en rebeldía desde el 2017 y que el caso contra él todavía está abierto: "Para su comunicación en el mismo Tribunal, le participo que el procedimiento judicial de que deriva la euroorden está activo y pendiente de la captura de los procesados en situación de rebeldía". "Y con la misma finalidad, acompaño la cuestión prejudicial planteada en su día delante del TJUE, la tramitación no modifica la situación en que se encuentra actualmente el procedimiento", se apresura a aclarar Pablo Llarena ante una posible retención ilegal por estar pausada la orden de detención europea mientras no se resuelve este trámite según "la interpretación que del derecho europeo, y sobre las estrictas cuestiones suscitadas, realice el TJUE". Según el juez instructor este trámite no detiene nada.

El 30 de septiembre, la víspera del cuarto aniversario del 1-O y una semana después de la detención de Carles Puigdemont en L'Alguer, el juez Pablo Llarena movió ficha. Aunque una semana antes ya se había dirigido al tribunal de Cerdeña, enviaba un oficio al tribunal italiano donde exponía que la euroorden contra Carles Puigdemont continúa vigente y que no ha estado suspendida por el planteamiento de la cuestión prejudicial. Llarena enviaba toda la información complementaria a Eurojust para aclarar el estado de la causa y reclamar la entrega del expresident de la Generalitat a la justicia española.

Llarena defiende que la euroorden es vigente, que nunca la ha revocado y que fue la Abogacía del Estado quien provocó la confusión, responsabilizando así al órgano judicial que representa al Gobierno en la causa.