La historia se repite. Lo hizo la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y ahora lo ha hecho el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. La justicia española sigue buscando la forma de extraditar al president Carles Puigdemont y los consellers y, para conseguirlo, el magistrado del Supremo cogió el ejemplo de Lamela y marcó la casilla de corrupción en la euroorden emitida para devolver Puigdemont a España.
Así lo ha explicado este miércoles por la noche el abogado de Toni Comín y Meritxell Serret, Gonzalo Boye, en una entrevista al Més 324, donde ha querido dejar bien claro que dentro del formulario de la euroorden hay 32 delitos por marcar, pero ninguno de estos corresponde al delito de rebelión y malversación de fondos públicos, de los que está acusado Puigdemont.
Precisamente por eso, y para conseguir hacer ver a la justicia europea que tanto el president como los consellers cometieron algún delito, y consecuentemente no tengan dudas a la hora de decidir si los devuelven a territorio español, Llarena fue directamente y siguió los pasos de la magistrada de la Audiencia. "Lo hizo para generar confusión", se lamenta Boye, al mismo tiempo que recuerda que "no lo han acusado ni procesado por este delito".
Malversación vs. corrupción
El abogado de Comín y Serret ha subrayado que "para conceder la extradición, los hechos tienen que ser constitutivos de delito en los dos países" y, en este sentido, ha precisado que "los hechos del auto de procesamiento no encajan en ningún lugar en Alemania y la malversación es incompatible con la corrupción".
Justamente por eso, Boye se ha mostrado convencido de que Alemania no concederá la extradición de Puigdemont "porque no se dan los requisitos" y ha puesto encima de la mesa que, según su opinión, "el análisis que se hará será lo mismo que Bélgica" y que "confiamos en que se resuelva en breve", porque el país germánico "no concede la extradición si hay falta de garantías"; además, ha sustentado que "los tribunales en Alemania son serios".
Asegurando que al president "se le notaba tranquilo y sereno", también ha explicado que, "antes de que se cursara la euroorden, nos pusimos en contacto con las autoridades belgas y se informó del paradero de Puigdemont y los otros consellers". Y no solo eso. Ha puesto de relieve que, según su juicio, eso se trata de un "fraude de ley".