El juez Pablo Llarena ha emitido este miércoles una orden de detención española contra Clara Ponsatí, después de que la exconsellera optara el pasado 24 de abril por no presentarse ante el Tribunal Supremo. En un comunicado, Llarena apunta que la también eurodiputada no ha justificado con ninguna "causa legítima" el motivo de su plantón a la justicia española. Es por eso que el juez instructor de la causa persecutoria del Procés dicta una orden de detención dentro de las fronteras españolas para que se le comunique a la exconsellera su procesamiento por un delito de desobediencia con motivo de la celebración del referéndum de autodeterminación del 1-O. El abogado de Ponsatí, Gonzalo Boye, ya ha anunciado que van a recurrir contra esta decisión.
En un auto hecho público este miércoles, Llarena sostiene que la investigada "ha desatendido voluntariamente e injustificadamente la citación judicial". El magistrado instructor remarca que la orden de detención española tiene como finalidad poder tomarle una declaración indagatoria, como investigada por desobediencia, y recuerda que si Ponsatí comparece de forma voluntaria, la orden de detención podría dejarse sin efecto como pasó con Meritxell Serret y Anna Gabriel.
Clara Ponsatí volvió a Catalunya el pasado 28 de marzo después de cinco años en el exilio. La eurodiputada se desplazó hasta Barcelona, y allí fue detenida por los Mossos d'Esquadra, una detención que el abogado Gonzalo Boye ha asegurado que es "ilegal", ya que la exconsellera tiene que ser procesada por el delito de desobediencia, y este no comporta penas de prisión. Su defensa remarca que no se puede detener una persona por un delito que no comporta penas de prisión. Además, su condición de europarlamentaria le otorga inmunidad.
Ante el plantón de Ponsatí ante el Tribunal Supremo, Llarena decidió dar cinco días a la eurodiputada para que presentara un recurso de amparo respecto de su inmunidad parlamentaria. Que es, precisamente, la petición que la exconsellera registró en el Parlamento Europeo —que derivó al comité de Asuntos Jurídicos— después de que la policía catalana la detuviera en Barcelona. El magistrado también reclamó a las partes personadas en el proceso judicial —Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación popular— que se posicionaran sobre la postura de la defensa y sobre si la ausencia ante el Supremo tiene que comportar una orden de detención.
Pero Gonzalo Boye advirtió al juez que una vez el Parlamento Europeo comunica oficialmente que ha tramitado la petición de amparo que presentó Ponsatí, el procedimiento judicial contra ella se tiene que suspender hasta que la Eurocámara emita su opinión. Al día siguiente mismo de la detención de Ponsatí, la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, anunció ante el pleno que había tramitado la petición de amparo de la eurodiputada. Aunque la comunicación de la presidenta fue pública e incluso dio pie a un agrio debate, el juez no se dio por enterado y respondió a la defensa pidiendo a Ponsatí que aportara la justificación documental de su recurso, así como la traducción del mismo.