El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa por el proceso independentista, ha avisado en un auto notificado este jueves que carece de competencia para definir el centro penitenciario en el que deben permanecer los presos políticos que se encuentran en prisión preventiva.
El magistrado ha realizado este aviso en un auto en el que vuelve a denegar la petición de libertad de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconseller Raül Romeva.
En concreto, el juez recuerda que el artículo 79 LOGP dispone que "corresponde a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia la dirección, organización e inspección de las instituciones que se regulan en la presente Ley". Este precepto, explica en su auto, entra en relación con el artículo 31 del Reglamento Penitenciario que indica que “el centro directivo tiene competencia exclusiva para decidir, con carácter ordinario o extraordinario, la clasificación y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios”.
El magistrado ha vuelto a denegar la libertad a Oriol Junqueras, Raül Romeva y Carme Forcadell, ya que sigue afirmando que se mantiene el riesgo de huida y de reiteración delictiva aún haber Govern en Catalunya y tampoco atiende a las razones personales y familiares esgrimidas por los tres. Según Llarena, el riesgo de reiteración no desaparece por el hecho de que no participan del nuevo Govern y recuerda que tuvieron un "papel principal" desde agrupaciones políticas y sociales que dieron "apoyo al proceso".
Por otra parte, y a petición de Simó, el juez levanta las medidas cautelares que pesaban sobre los procesados por desobediencia: Anna Simó, Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó y Ramon Barrufet. Por lo tanto, ya no tendrán que ir a firmar semanalmente a un juzgado, recuperan el pasaporte y pueden salir del territorio estatal. Todos ellos habían tenido que abonar 25.000 euros para eludir la prisión y ahora se los devuelven.