Querían, querían, querían. No hay hechos muy claros. Hay, como mucho, presuntas "representaciones". O presuntas "voluntades". Pero es suficiente para que Pablo Llarena procese por un presunto delito de rebelión -además de los de desobediencia y malversación- al presidente Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y 11 miembros más del Govern, los Jordis y Marta Rovira, en la causa por el referéndum de autodeterminaciò del 1 de octubre. La postverdad ha entrado con fuerza en la praxis judicial española.

El magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo sostiene en la interlocutoria del procesamiento que los líderes independentistas no sólo "utilizaron el poder de la masa" contra las fuerzas policiales que pretendían impedir el referéndum con el fin de alcanzar la independencia. También se sirvieron de ello para que el Estado se rindiera "a la determinación violenta de una parte de la población que amenazaba con expandirse". "De esta manera, el delito que se analiza es plenamente exigible a los que, conociendo el ineludible estallido social que resultaba ya inherente a los hechos, lo incorporaran a su actuación criminal", señala el juez.

¿Sin embargo, cómo llega, a una conclusión tan gaseosa? El delito de rebelión, regulado por el artículo 472 del Código Penal y penado con hasta 30 años de prisión, exige que se produzca un alzamiento violento y público. En el auto, Llarena se refiere a la protesta del 20 de septiembre ante la sede de Economía como "violento levantamiento". No osa usar, sin embargo, el término "alzamiento", por las evidentes connotaciones militares, del todo ausentes. En general, del componente violento habla de manera abstrusa y tautológica: "Actúa violentamente -la cursiva es suya- quien lo hace de manera violenta, lo cual no presenta un contenido típico plenamente coincidente con actuar con violencia".

Toma de rehenes con tiros al aire

El juez duda, pero, enseguida, enfila el camino de la conclusión claramente preestablecida. "En cualquier caso", señala, la protesta del 20 de septiembre, mientras la Guardia Civil registraba la sede de la conselleria de Economia "refleja todas las exigencias que se han identificado para un actuar violento e incluso para la violencia". Llarena sostiene que 60.000 manifestantes, a los cuales se refiere como "muchedumbre", actuaron como una "masa de fuerza". Y no de manera sólo "intimidatoria" sino restringiendo la capacidad de actuación de los agentes. Lo llega a comparar con una "toma de rehenes mediante tiros al aire".

Lo que sucedió -o no- el 20 de septiembre es la clave de bóveda del relato acusatorio que construye Llarena para justificar la "rebelión" Incluso admitiendo que no claro está lo que pasó. Llarena señala que los hechos del 20-S no los evalúa "estrictamente por su contenido sino por la capacidad de reflejar que existía un riesgo que las movilizaciones futuras desembocaran en una violencia instrumentalizada para lograr la independencia". Una especie de ensayo general, el cual "permitió que todos los involucrados al proceso se representaran el riesgo de que futuras movilizaciones pudieran estallar con episodios de fuerte lesividad y daño al grupo social".

Fanatismo violento

Según Llarena, los principales líderes independentistas "siempre tuvieron que representarse que el proceso acabaría con el recurso a la utilización instrumental de la fuerza". Pero "en todo caso", y aunque se entendiera que lo recogido en la instrucción no aporta la férrea justificación de esta intencionalidad inicial (...) por descontado que se representaron que el fanatismo violento de muchos de sus seguidores había de desatarse".

El primer nivel

A partir de aquí, el magistrado establece varios niveles de presuntas responsabilidades. En el primer nivel, el presidente Puigdemont, el vicepresidente Junqueras y el conseller de Interior, Joaquim Forn, quienes prefirieron "continuar el proceso" a pesar de que habían sido advertidos por los Mossos "de un grave riesgo de incidentes violentos procedentes de un sector de la población particularmente movilizado".

También sitúa aquí a los presidentes del ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a los cuales acusa de haber impulsado "una masa de fuerza" contra la policía durante la votación del 1-O tras haber dirigido la protesta ante la sede de Economia el 20 de septiembre. Una "convocatoria incendiaria" -afirma- en la cual Cuixart "apeló a la determinación mostrada en la guerra civil (¡no pasarán!)", en referencia a las fuerzas de seguridad españolas, los tristemente famosos piolines.

El día del referéndum, Llarena relata que un número importante de ciudadanos hicieron frente a la tarea de los policías, lo que "además de las lesiones sufridas por varios ciudadanos fruto del uso de la fuerza policial" -reconoce de paso- "se materializó en numerosos actos de violencia que lesionaron varios agentes o causaron daños en su material". El juez detalla de manera prolija los lugares donde se produjeron las"agresiones" a los guardias civiles y policías españoles.

 

El segundo nivel

Llarena coloca en el segundo nivel a los encausados que, a su parecer, contribuyeron a realizar la votación. El primer nombre que aparece es el de Marta Rovira -exiliada desde este viernes-, quien tuvo "una participación esencial" a lo largo de todo el proceso y una "responsabilidad rectora" para conseguir centros de votación.

También en el segundo nivel está el conseller de Presidència, Jordi Turull, de nuevo encarcelado, como responsable de la inserción publicitaria del referéndum, las infraestructuras informáticas y el reclutamiento de voluntarios. El tercero es Raül Romeva, conseller de Asuntos Exteriores, a quien se sitúa como responsable de la llegada de observadores internacionales al referéndum. Tarea en la cual habría colaborado también, se señala, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, la participación de la cual "en todo caso (...) ha ido de la mano con la violencia manifestada en las últimas fases del desarrollo de la acción". "Estuvo en la manifestación del 20 de septiembre", se remarca.

Los también consellers Toni Comín (Sanidad), Dolors Bassa (Trabajo y Asuntos Sociales) y Clara Ponsatí (Enseñanza) son acusados como responsables del control de los locales de votación dependientes de sus conselleries. Al conseller de Territori, Josep Rull, se le acusa, finalmente, de haber impedido que un ferry que tenía que acoger una parte importante de las fuerzas policiales españolas destinadas a impedir el referéndum atracara en el puerto de Palamós.

Ataque a l'Estado aún en desarrollo

Llarena ve también la "intencionalidad de las revueltas" en las "numerosas movilizaciones que, con posterioridad al 1-O se siguieron impulsando para la exigencia de reconocimiento de la república catalana". Se trata de un "ataque al Estado constitucional", afirma en una expresión que bordea la del "golpe de estado" de que acusa el PP y sus aliados unionistas al independentismo, de una "gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno". "Un ataque que puede estar en desarrollo, por más que se encuentre puntualmente larvado y que pueda pretender servirse de un relevo en sus protagonistas". Incluso una vez aplicado el 155, asegura. Todo un aviso a navegantes y la justificación de por qué ha mantenido en prisión a los Jordis, Junqueras y Forn y por qué ha hecho regresar a ella a cinco líderes más del procés.