El juez instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, asegura que la reactivación de la orden europea de detención contra Carles Puigdemont y Toni Comín es "procesalmente previsible". Así lo argumenta en un auto enviado este viernes al mediodía en que rechaza de lleno la quinta recusación contra él que le han presentado los políticos catalanes en el exilio. Llarena interpreta que, presentando recusaciones, Puigdemont y Comín persiguen el objetivo de "demorar" su actuación para emitir otra hornada de euroórdenes.
En el auto Llarena recuerda que es la quinta vez que lo quieren apartar de la instrucción a él y a la "práctica totalidad" de magistrados del Supremo y integrantes del Tribunal Constitucional que han tenido contacto con la causa del 1 de Octubre. Este último incidente presentado por la defensa de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí se basa en una conferencia que Llarena pronunció a mediados de septiembre en la Facultad de Derecho de Burgos, donde aseguró que "no hay razón suficiente para la ley de amnistía". En opinión de los procesados, la actuación del instructor es parcial porque, según dicen, estaba anticipando sus intenciones de impedir la aplicación de la eventual norma que podría beneficiarlos a los tres.
Por eso, Llarena argumenta que no se puede considerar "comprometida" su neutralidad, dado que la conferencia tuvo lugar en un espacio "estrictamente académico" y respondió al "análisis de los criterios técnicos básicos de supervisión de constitucionalidad de cualquier norma jurídica". Además, añade, "sin evaluar ningún aspecto concreto" de una posible ley de amnistía que el PSOE y Junts están negociando para asegurar la investidura de Pedro Sánchez. "Fue un planteamiento académico general y abierto", dice el juez.
En cualquier caso, el magistrado insiste que si se llega a aprobar la ley no le corresponderá a él resolver sobre la constitucionalidad de la norma "ni el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad". Por todo eso, considera que el incidente de recusación se basa en una causa de abstención "manifiestamente infundada", que justifica que quede rechazada de lleno. De hecho sugiere que los recusantes están "instrumentalizando" esta herramienta jurídica para "demorar cualquier actuación" que tienda a emitir otra ronda de órdenes europeas de detención "procesalmente previsible".
En esta línea, el magistrado, que ve "finalidad dilatoria" en la estrategia de la defensa, considera que quieren limitarle "las posibilidades de actuación". Las recusaciones "injustificadas" contra él y el resto de miembros del Supremo, con el objetivo de crear una "cadena de exclusiones", persiguen la intención de llegar a junio de 2024 "sin que se reclame la cooperación jurisdiccional otros países". Llarena se refiere a la convocatoria de elecciones europeas, previstas del 6 al 9 de junio del año que viene. Alargando los plazos para evitar una orden europea de detención, el juez recuerda que decaerá el suplicatorio solicitado en el Parlamento Europeo.