El juez Pablo Llarena requiere al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que lo informe lo antes posible sobre en qué se basa para afirmar que no se destinó ni un euro a la organización del referéndum. El magistrado del Tribunal Supremo dice que las afirmaciones de Montoro contradicen las pruebas que figuran en el sumario.

En una providencia recién dictada, Llarena pide pruebas que acrediten las afirmaciones de Montoro. En concreto, "el apoyo objetivo de sus declaraciones en que supuestamente expresó tener certeza de la ausencia de gasto público en la organización de la votación del 1-O en Catalunya", cosa que el magistrado destaca que "contradice las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa".

El magistrado ha dictado la providencia después de escuchar las declaraciones indagatorias de esta semana donde diversos de los procesados han hecho referencia a las afirmaciones del Ministro de Economía y a la "injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el cual han sido procesados y por la cual se ha entregado orden europea de detención contra otros".

 

Según Llarena, los procesados han fundado sus alegatos en "unas declaraciones del ministro de Hacienda en que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Catalunya el 1 de octubre del 2017, lo que contradice las fuentes de prueba recogida en esta instrucción".

Por eso, requiere al ministro de Hacienda "a fin de que informe lo antes posible sobre el concreto apoyo objetivo de estas afirmaciones".

La investigación sobre el delito de malversación está bajo secreto de sumario, en una pieza separada. Pablo Llarena ordenó a la Guardia Civil que investigara y Hacienda ya envió varios informes, hace 15 días, que avalarían la versión de Montoro sobre la falta de gasto público para organizar el referéndum del 1 de octubre. La Generalitat tenía las cuentas intervenidas ya desde el verano, mucho antes de la aplicación del 155 y del referéndum.

En la investigación que se está haciendo en paralelo en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, además, los proveedores de varios materiales declararon como testigos que nunca llegaron a cobrar nada porque ni tan sólo sabían a quién tenían que facturar.