El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena no dispone de suficiente información para asegurar al tribunal alemán que el Govern de Carles Puigdemont cometió delito de malversación. El motivo es que el magistrado, a la hora de enviar la información complementaria reclamada por el Tribunal de Schleswig-Holstein, no disponía de la documentación del Ministerio da Hacienda sobre los pagos de la Generalitat. Hacienda no completó esa información hasta el pasado 3 de mayo. Así lo explica el mismo Llarena en el informe remitido el 23 de abril al tribunal alemán, según ha adelantado el diario Ara.

Los datos de Hacienda, con los detalles sobre los supuestos pagos del referéndum del 1-O de la Administración catalana, son necesarios para demostrar el delito de malversación del que se acusa a Puigdemont y por el que se pide su extradición. El Tribunal de Schleswig-Holstein ya denegó la extradición de Puigdemont por rebelión.

A falta de los datos de Hacienda, Llarena sí explica en el informe la entrevista del diario El Mundo al ministro del ramo, Cristóbal Montoro, en la que asegura que el 1-O no se pagó con dinero público. El juez expone al tribunal alemán que pidió inmediatamente información sobre las afirmaciones del ministro, y se lamenta de que no ha obtenido ninguna respuesta.

El magistrado "no puede [dice Llarena, refiriéndose a si mismo] informar de una manera definitiva sobre este aspecto, ya que todavía no se ha recibido el informe del Ministerio de Hacienda,"  en lo que parece una recriminación a Cristóbal Montoro y a su equipo.

Señala al Gobierno

No obstante, es muy revelador que Llarena mantenga el relato de la supuesta malversación sobre la base de los informes elaborados por la Guardia Civil —aparentemente incompletos. "Este instructor reconoce la fuerza de los indicios en que radica el procesamiento por un delito de malversación de caudales públicos", dice Llarena, aludiendo a cuestiones como el envío de la documentación electoral, que los atestados de la Guardia Civil entienden pagado con fondos públicos. Así, Llarena reconoce que pese a no poder probar los pagos, hay indicios de que se produjeron.

Hacienda, sin embargo —que desde septiembre del 2017 controla absolutamente las cuentas de la Generalitat—, envió entre enero y abril de este año hasta cinco informes de la Intervención General de la Generalitat al titular del juzgado número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que también instruye una causa sobre el 1-O. El caso es que ninguno de estos informes acredita la malversación de que se acusa a la cúpula independentista. El magistrado Llarena también dispone de estos informes.

El juez del Supremo, sin embargo, no abandona la acusación de malversación, como tampoco ha abandonado la de rebelión, ha explicado el periodista Ernesto Ekaizer este martes a El Matí de Catalunya Ràdio. "Tanto respecto a la rebelión como a la malversación, las perspectivas son cada vez peores", ha expuesto el periodista, recordando, en referencia a los Jordis, que no se puede sustentarse una "teoría de la violencia" en relación con Jordi Sànchez y Jordi Cuixart el 20 de septiembre, porque "piden a los manifestantes que se vayan de manera pacífica". Llarena "omite una parte de la realidad", ha recordado Ekaizer.