La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha expresado este jueves su apoyo a la familia de Canet de Mar que llevó a los tribunales la inmersión lingüística en una escuela pública de educación infantil y primaria y que consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) decretara que la clase de su hijo tiene que dar un 25% de las horas lectivas en castellano. Las familias afectadas por esta decisión han pedido al Govern que "blinde" la inmersión en la clase de sus hijos en un manifiesto, y parte de la prensa española se ha hecho eco de un tuit que apuntaba a la familia que ha presentado la denuncia como 'supremacista'.
En declaraciones a los medios y preguntada por "el acoso al niño de Canet de Mar", Llop ha afirmado que su gobierno "no tiene conocimiento exactamente" de los hechos. "Hace falta ver los expedientes y ver primero qué ha pasado", ha afirmado, "pero por descontado, todo nuestro apoyo a la familia, todo nuestro apoyo".
El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha ido más allá para afirmar que su partido está "en contra de cualquier agresión". "Para algunos catalanes independentistas, la lengua se ha convertido en una herramienta de ataque personal de la forma más cruel contra un niño y, por lo tanto, mi condena es doble".
Casado: "Hasta las últimas circunstancias"
En la misma línea, el líder del PP, Pablo Casado, ha vuelto a pedir este miércoles que la Generalitat cumpla la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a dar un 25% de clases en castellano a las escuelas. Lo ha dicho desde Uruguay, donde se ha preguntado cómo es posible que un niño no se pueda escolarizar en castellano en una parte de España, si es una lengua que hablan 500 millones de personas. Por eso, ha pedido "firmeza" al Gobierno para "exigir" el cumplimiento de la sentencia y "cumplir su obligación". Si la Generalitat "se declara en rebeldía", el líder popular se ha puesto a disposición del Gobierno para "llegar a las últimas circunstancias.
Por su parte, Ciudadanos ha registrado este jueves un escrito al Defensor del Pueblo en que reclama que inste a las administraciones públicas a cumplir la sentencia del TSJC que fija un 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas. El partido ha denunciado una "campaña de acoso" contra las familias que reclaman la aplicación de la resolución judicial. El portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha afirmado en una atención a los medios en Madrid que las personas que piden una mayor presencia de castellano en las aulas están "desamparadas" y "abandonadas" por los poderes públicos y ha exigido al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que "haga lo posible para que este derecho se les reconozca".