La defensa de Lluís Puig ha recurrido el auto de procesamiento que dictó la semana pasada el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, pidiendo que le retire el delito de malversación. El abogado de Puig, Miquel Sàmper, ha presentado un recurso donde ha argumentado que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O decretó que, aunque existió una relación entre la Generalitat y Unipost, no se llegó a producir ninguna transacción económica. "Todos los hechos que lleven causa de la contratación de Unipost por parte de la Generalitat tienen que ser eliminados del mencionado auto de procesamiento", ha defendido. En el escrito, también ha subrayado que ha quedado demostrado que el Departament de Cultura, liderado por Puig, no tuvo ningún gasto relacionado con la celebración del 1-O. "No hubo ningún encargo, ni ningún expediente de gasto o de pago, ni presupuestario ni extrapresupuestario, relacionado con el referéndum del 1 de octubre de 2017", ha detallado.
El abogado del exconseller de Cultura ha señalado que después de la reforma del Código Penal tampoco se dan las dos condiciones para la tipificación del delito de malversación. En este sentido, defienden que no hubo ánimo de lucro, ni dinero desviado utilizado para usos particulares y ajenos a la función pública.
¿Qué dice la nueva resolución de Llarena?
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó la semana pasada un nuevo auto de procesamiento para Lluís Puig, después de revisar su caso por la reforma del Código Penal, la cual eliminó el delito de sedición y modificó el de malversación. La nueva resolución de Llarena, sin embargo, sigue procesando Puig por malversación y por desobediencia.
Ante eso, la defensa del exconseller de Cultura ha solicitado que se le retire el primer delito, utilizando la sentencia del Supremo sobre el procés. "El juicio interpretativo sobre la relación entre Unipost y la Generalitat ya está hecho, y lo mismo es inamovible desde la óptica jurídica. Ninguna sentencia puede decir una cosa diferente de la que ya se ha dicho en la sentencia 459/2019 del Tribunal Supremo", sostiene la defensa de Puig. Según ha argumentado, que lo condenaran por malversación "generaría un precedente nunca visto al sistema judicial, y un enredo que seguro que el mismo Tribunal Supremo no permitirá". En el recurso presentado, además, citan dos certificados que confirman que el Departamento de Cultura no destinó ni un euro al 1-O: un documento de la interventora general de la Generalitat y otro de la secretaria general de la conselleria en el 2018.