El diputado y exconseller en el exilio Lluís Puig ya ha recibido la notificación para el juicio de las obras de Sijena que se celebrará el 5 de octubre en Huesca. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Puig ha compartido una fotografía suya recogiendo la notificación en una comisaría de policía, muy probablemente belga, ya que es el país donde está exiliado desde finales de octubre de 2017. Al mensaje, Puig explica que "estará personado en Huesca", que significa que alguien lo representará ya que él no puede entrar en España porque está exiliado.
El juicio, que también afecta al exconseller de Cultura Santi Vila, será para afrontar acusaciones de desobediencia ante el reclamo de Aragó para recuperar las obras de arte del monasterio de Sijena. En esta causa, la fiscalía pide multas de 6.000 euros a los dos exconsellers y una indemnización a Aragó por los gastos del traslado de las obras de Lleida a Sijena, que se efectuó durante el periodo en que el Gobierno había intervenido a la Generalitat mediante la aplicación del artículo 155. Por su parte, el abogado Jorge Español, que representa la acusación particular, pide multas de 99.000 euros a Santi Vila y 66.000 a Lluís Puig, además, el ayuntamiento de Sijena exige 11 meses de prisión y una multa de 162.000 euros para Villa y dos años de inhabilitación y 99.000 euros a Puig.
Las fianzas
Vila entregó en febrero de 2021 las escrituras de su piso de Figueres al juzgado de instrucción número 3 oscense como aval de la fianza de 216.000 euros por la demanda del litigio de Sijena. Vila había depositado un año antes 108.000 euros en metálico, facilitados por amigos y colaboradores, y el resto lo tuvo que cubrir con el valor de su piso. Un perito enviado por la jueza comprobó el valor del piso. Después, una vez aceptado como aval, la jueza le pidió la entrega de las escrituras. A diferencia de Vila, Puig recibió el importe de su fianza, de 88.000 euros, de la caja de resistencia organizada por el independentismo por casos como este de persecución del estado español.
Los hechos juzgados tienen su origen en la decisión de los dos exconsellers de no cumplir con la sentencia dictada en abril de 2015 por un juzgado oscense que declaraba nulas las compraventas de bienes del monasterio or la Generalitat (1983 y 1992) y por el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y ordenaba la devolución de las piezas. Según la fiscalía oscense, los dos consellers incurrieron en una presunta desobediencia al negarse a volver las piezas requeridas, pero Villa, además, en una usurpación de atribuciones judiciales al dictar una orden para no autorizar la salida del Museu de Lleida de los bienes que tenían que retornar en el monasterio.