El Port de Barcelona tendrá nuevo presidente. Según informa La Vanguardia, Lluís Salvadó, diputado de Esquerra Republicana, se convertirá en el nuevo presidente de la institución tomando el relevo de Damià Calvet, que puso su cargo a disposición cuando su partido, Junts per Catalunya, abandonó el Gobierno. Ara Salvadó es diputado en el Parlamento de Catalunya por la demarcación de Tarragona, una posición que abandonará para tomar el relevo de Calvet al frente de la institución portuaria. El Port de Barcelona es una competencia con participación de la Generalitat, del Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento del Prat de Llobregat y del gobierno del estado español. Como el ejecutivo central tiene participación será quien tenga que dar el visto bueno definitivo al nombramiento de Salvadó como nuevo presidente de la institución.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) abrió la semana pasada un juicio oral contra Lluís Salvadó por presunta malversación, prevaricación, falsedad documental y desobediencia, a raíz de los preparativos del 1 de Octubre, cuando era secretario de Hacienda. El juez también ha acusado al diputado de Izquierda Josep Maria Jové con los mismos cargos que a Salvadó, y a la diputada Natàlia Garriga, actual consellera de Cultura, quien está procesada por un presunto delito de desobediencia grave a autoridad judicial. En el caso de Salvadó y Jové, los de los delitos de los cuales se les acusa pueden comportar elevadas penas de prisión y en el caso de Garriga podría comportar una inhabilitación. Los tres están imputados por estos delitos por su actuación en los preparativos del 1-O cuando eran excargos del Departamento de Economía. En caso de que la sentencia del juicio sea una inhabilitación, no se sabe qué alcance podría tener y, por lo tanto, se desconoce si podría seguir en el cargo de la presidencia del Port de Barcelona.

La reforma del delito de la malversación es reclamada ahora por ERC al Gobierno a fin de que cargos entremedios procesados e investigados por la organización del 1-O, como es el caso de Jové y Salvadó, no sean castigadas con penas más altas que la de los líderes políticos. El gobierno del PP reformó el delito de malversación de fondos públicos en el 2015, en el cual metió la administración desleal -que ya estaba castigada, en otro apartado-, pero igualó las penas de una gestión irregular por parte de funcionarios con las mismas penas que lo que se enriquece o da dinero público a terceros. El objetivo es que se rebaje las penas en la administración desleal (ya que se podría comparar con el gasto hecho para el 1-O), que ahora puede llegar a los ocho años de prisión y a los 20 de inhabilitación a cargo público.

El tribunal para juzgar los cargos de ERC es formado por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, Carlos Ramos y Fernando Lacaba. Ahora las acusaciones tendrán que presentar sus escritos con el detalle de las penas que los piden. Son la Fiscalía, la Abogacía del Estado y VOX. La Fiscalía Superior de Catalunya ya tiene terminado el escrito de acusación y se ha dado conocimiento de su contenido en la Fiscalía General del Estado (FGE), como es habitual en casos importantes, según fuentes judiciales.