Los abogados de los altos cargos citados hoy por el Tribunal de Cuentas están revisando todo el informe y presentarán ya las alegaciones a la consignación que se ha propuesto, una fianza que rondaría los 5,4 millones de euros a 40 excargos y funcionarios de la Generalitat de Catalunya, a los que acusa de malversación contable por haber dedicado aquella cantidad a lo que considera "promoción en el exterior" de la independencia.

El Tribunal de Cuentas ha dado sólo tres horas a los abogados para leer el informe, que tiene más de 500 páginas. Después, una vez revisado, o leído prácticamente en diagonal, los letrados tienen 10 minutos para presentar las alegaciones, según ha podido saber El Nacional de fuentes próximas al caso.

 

Las cantidades se atribuyen según el grado de participación en esta operación, de manera que al presidente Artur Mas le reclaman 2'8 millones y al presidente Carles Puigdemont y al vicepresidente Oriol Junqueras, 1,9 millones respectivamente, según ha adelantado El País.

Los representantes legales han llegado al Tribunal de Cuentas sabiendo ya la cifra que se les tenía que comunicar y molestos por la filtración a la prensa. Molestos también por la politización del tribunal y cuestionando el proceso que se ha puesto en marcha contra las cuentas de la Generalitat sobre el Diplocat, lo que entra en conflicto con el Estatut, que permite la promoción externa de la Generalitat.

 

 

Aparte de los abogados de los acusados están citados también los demandantes: el Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado, Generalitat de Catalunya, "Abogados Catalanes por la Constitución" y "Sociedad Civil Catalana, Asociación Cívica y Cultural. Estos dos últimos como acción pública.

Se espera que el trámite se alargue hasta mañana y que a lo largo de las próximas horas, una vez se vaya comunicando la cifra a cada uno de los acusados, sus abogados tramiten en aquel mismo momento las alegaciones.

Hoy, sin embargo, no se dirime si existe o no responsabilidad contable, según fuentes del Tribunal de Cuentas, sino que se haga un pronunciamiento previo y provisional: "Las posibles responsabilidades contables se determinarían en el correspondiente procedimiento jurisdiccional, que se celebraría posteriormente. Por lo tanto, nos encontramos en una fase anterior a un posible procedimiento jurisdiccional: la fase de actuaciones instructoras previas a la exigencia de responsabilidades contables; es decir, en la fase de instrucción de procedimiento".

El origen de la instrucción

La Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, por Resolución de 27 de diciembre de 2017, solicitó al Tribunal de Cuentas la realización de una fiscalización relativa al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondientes a los ejercicios 2011 hasta 2017.

Atendiendo a esta solicitud, el Tribunal de Cuentas incluyó esta fiscalización en su programa para el año 2018. La fiscalización fue realizada según el procedimiento ordinario de fiscalización que establece la normativa reguladora del tribunal, que se lleva a cabo por los auditores, de acuerdo con las Normas de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

Siguiendo los trámites ordinarios del procedimiento fiscalizador, se envió el anteproyecto de informe a los responsables de las entidades fiscalizadas para que presentaran las alegaciones que estimaran oportunas. El informe fue sometido, después, a observaciones de los miembros del Pleno del Tribunal de Cuentas, entre los que se encuentra el fiscal jefe del Tribunal. Los informes de fiscalización también se envían a la Abogacía del Estado. El Informe se aprobó por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión de 26 de marzo del 2019.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado pusieron de manifiesto la existencia en algunos de los hechos recogidos de indicios de responsabilidad contable. Estos indicios fueron comunicados a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que inició las actuaciones previas previstas legalmente para fijar, de manera preliminar, los hechos, el importe de los posibles daños causados ​​a los fondos públicos, así como los presuntos responsables de éstos.