El castigo para organizar el 1-O continúa en los juzgados. La Audiencia de Barcelona ha celebrado esta mañana una vista en qué acusados de organizar el Referéndum del 1-O del 2017 reclaman que no se les juzgue dos veces por lo mismo ni por hechos conexos. En concreto, el abogado Ramón Setó, en nombre d'Aleix Villatoro, exsecretario de Acción Exterior, y la abogada Judit Gené, en nombre de Albert Royo, exsecretario general del Diplocat, han pedido en la sección 2.ª que ordene al juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que los investigó, o a la sección 21 de la Audiencia, que los tendrá que juzgar, que resuelva si es competente para asumir la investigación del gasto del gobierno en el exterior del 2011 en el 2017 para promocionar el procés y Catalunya y que investiga un segundo juzgado, el de instrucción 18 de Barcelona, desde la primavera pasada. Los acusados lo piden para no ser doblemente castigados. La fiscalía, e incluso VOX, se ha añadido a esta petición. El abogado de Francesc Fàbregas, administrador de El Vallenc de Valls y uno de los treinta procesados por el 1-O, también se ha sumado.
El penalista Ramón Setó ha expuesto al tribunal que la instrucción de la causa principal del 1-O, en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, se concluyó, pero el junio pasado la magistrada reabrió la instrucción, ordenada por la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, en aceptar el recurso de la fiscalía que quería hacer unas indagatorias y preguntar a ciertos acusados sobre las resoluciones del Tribunal Constitucional para asegurarse la acusación de desobediencia. La magistrada - ha añadido Setó- también resolvió unos recursos, no obstante, no aceptó su recurso en el cual le solicitaba que reclamara al juzgado de instrucción 18 su investigación en Exteriores porque era en el mismo periodo, y afecta a tres personas del juzgado 13: Villatoro, Royo y Teresa Prohías, directora de los servicios de Presidencia. "La fragmentación de la causa provoca indefensión y pueden haber resultado diferentes", ha alertado Setó.
Por su parte, Judit Gené ha apelado al tribunal de sección 2.ª que dé un pronunciamiento claro y de fondo, y ha asegurado que la causa del juzgado de instrucción 18 apareció de forma "extraña", cuando ya se había acabado la instrucción al juzgado 13 y con base en un informe del Tribunal de Cuentas, el cual estaba incorporado en este juzgado, y, por lo tanto, eran conocedores de él las partes y la fiscalía, que es a quien impulsó una querella contra responsables de Exteriores, como el exconseller Raül Romeva, en el juzgado de instrucción 18. "Es una fragmentación artificial", ha declarado Gené, que también ha insistido en que se está vulnerando el derecho de defensa y a un procedimiento con todas las garantías.
Dos malversaciones
Paralelamente, la defensa de Royo ha presentado un segundo recurso, que ha recaído en la sección 8.ª de la Audiencia de Barcelona, contra la decisión de la magistrada del juzgado de instrucción 18 de no querer derivar su investigación al juzgado de instrucción 13, al ser el primero a investigar los hechos relacionados con la organización del 1-O. Si las dos secciones de la Audiencia dictan resoluciones contradictorias, entonces las defensas tendrían que pedir una solucion a la sala de competencias de la Audiencia de Barcelona que resuelva quién de los dos juzgados tiene que asumir toda la investigación o si se mantienen las dos separadas.
El juzgado de instrucción 18 tiene, por ahora, tiene una decena de procesados y la fiscalía ha presentado recurso para que también se incluya el exconseller Francesc Homs, que la magistrada Carmen Garcia descartó al considerar que en su actuación no hay indicios de malversación de fondos. En concreto, se los investiga por si malversaron cerca de un millón de euros, la mayoría en subvenciones otorgadas sin concurso. Y en la causa del juzgado de instrucción 13, de la treintena de acusados, hay dieciocho a quien se les imputa haber malversado un total de 4,3 millones de euros, entre ellos Villatoro, Royo y Prohías. Aparte, el Tribunal de Cuentas tiene un procedimiento abierto contra los gobiernos de Mas y Puigdemont, con una cincuentena de cargos, por gastos, diferentes de los que investiga el juzgado de instrucción 18, en la acción exterior, que suman 5,4 millones de euros.
Foto principal: Una mesa en la votación del 1-O en Barcelona / Sergi Alcàzar