Hoy hace 10 años de los hechos del 4F. El caso, que motivó el documental Ciudad Muerta, sacudió ahora hace un año a la opinión pública, pero los hechos pasaron en el 2006. La noche del 3 al 4 de febrero, una fiesta en el Palau Alòs, propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, acabó con un agente de la Guardia Urbana gravemente herido y nueve detenidos. Cuatro de los arrestados acabaron en la prisión por unos delitos que siempre han asegurado que no cometieron. Una de las condenadas, Patricia Heras, se suicidó durante un permiso penitenciario.
El entorno de los condenados pide un gesto del equipo de Ada Colau. El nuevo consistorio, con concejales que dieron su apoyo explícito a los afectados, tiene ahora un doble caso. Por una parte, los condenados, y de otra, el cuerpo de la Guardia Urbana, con la herida todavía abierta por las lesiones del compañero que quedó en estado vegetativo. Helen Torres, la que fue pareja de Patricia Heras, dice a El Nacional que la "policía no puede ser una institución que tape siempre la mala praxis. Tendría que investigar y disculparse".
Fuentes del consistorio han explicado a El Nacional que sí que están tratando de restablecer de alguna manera los daños, sin olvidar al agente herido. Pero que todavía no habido tiempo de estudiar exactamente cómo hacerlo. Y no descartan hoy un pequeño gesto vía redes sociales.
La fiesta en el Palau Alòs, en la calle Sant Pere Més Baix, que reunió a más de mil personas, acabó de madrugada con disturbios cuando la policía ordenó cerrarla. En medio de la actuación policial, un agente recibe un fuerte golpe en la cabeza. La primera versión institucional admitía que alguien había tirado un tiesto desde dentro del inmueble. La segunda, que un grupo de jóvenes a pie de calle le habían tirado una piedra, avalando las detenciones de nueve jóvenes que la policía va arrestando en medio de la confusión de los disturbios.
Los detenidos denunciaron torturas por parte de los policías que los arrestaron. Chocaron con un sistema judicial que no les dio la razón en ningún momento y que, en el momento de revisar las condenas, no sólo no las rebajó, sino que las subió y provocó que algunos de ellos volvieran a la prisión dos años después de haber salido.
El caso 4F ha abierto muchos interrogantes sobre la actuación policial y también sobre el sistema judicial. Los familiares de los condenados hablan de un caso de corrupción policial, política y judicial. "Había que buscar culpables" dice Helen Torres, pareja de Patricia Heras, en El Nacional. Heras se suicidó cuando ya estaba cumpliendo el tercer grado y sólo iba a dormir a la prisión. "El día a día se hacía muy complicado cuando estaba en el tercer grado. Fue un acelerante que ella tenía latente. Patricia tenía un idilio con la muerte, la situación vital de aquel momento lo agrandó".
Después de 10 años, el entorno de los condenados hace balance del caso que han vivido en su piel: "Primero te culpas por no haber hecho alguna cosa más. Después asumes que no pudiste hacer nada. Y al final, tratas de aceptarlo", dice Torres. Para Torres el tercer grado es un castigo y para Mariana Huidobro, la madre de Rodrigo Lanza, otro de los condenados, la junta de tratamiento de la prisión donde te dan los permisos es una tortura. Mariana Huidobro se entrevistó con Montserrat Tura cuando la consellera acababa de aterrizar en el Departamento de Justicia. "Tura me dejó a entender que sabía que eran inocentes, pero no hizo nada", dice Huidobro todavía con un poco de resentimiento. Estos días explica que se le ha vuelto a revolver todo al ver que el juez del 4F será el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Jesús María Barrientos. "A este señor no lo quiero volver a ver. Sabía que los chicos eran inocentes y los condenó".
La madre de Rodrigo Lanza sigue dando a conocer esta historia porque no tiene dudas, y por eso se ha encargado ella misma de la edición del libro que recuerda el 4F, un caso donde hay nuevos testigos y documentación judicial inédita y que saldrá a la luz hoy, 10 años después de los hechos.
Un caso judicialmente muerto
Judicialmente el 4F está muerto. La instrucción del caso se cerró con el juicio y si no hay nada nuevo no se reabrirá ninguna investigación. La Fiscalía sabe que hay un testigo que vio cómo alguien tiraba desde una ventana el tiesto que dejó al agente de la Guardia Urbana en estado vegetativo. Pero el testigo ni aparece ni nadie sabe dónde está. Lo más probable es que hasta que el caso no prescriba no se dé a conocer. Y una vez prescrito el restablecimiento sólo podrá ser moral, porque ya no se podrá volver a juzgar el delito.