Los registros realizados por agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la policía española en los domicilios y empresas de tres miembros de la familia Pujol Ferrusola y otros empresarios, por orden de la Audiencia Nacional, tienen cuatro grandes objetivos.
1. Unificar la instrucción
El objetivo es reunir la instrucción de todos los procesos sobre la familia Pujol Ferrusola en el juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional. Es el titular de este juzgado, José de la Mata, quien ha ordenado los registros. De la Mata investiga desde el 2012 los negocios presuntamente fraudulentos de Jordi Pujol Ferrusola, Junior. La otra investigación, sobre el dinero de la familia en Andorra, la lleva el juzgado de instrucción 31 de Barcelona, del que es titular Beatriz Balfagón.
La Fiscalía Anticorrupción ya presentó hace dos semanas un informe a la juez para que se inhiba a favor de la Audiencia Nacional, al considerar que los delitos asociados a la investigación de Barcelona son parte de la de Madrid y que corresponde a la Audiencia, pues se han producido en más de una comunidad autónoma.
Unificar la instrucción facilita, teóricamente, la investigación del caso. Es más sencillo contrastar y coordinar la información de un solo proceso donde intervienen un solo juez y un solo fiscal que de varias instrucciones separadas con varios responsables. También porque la UDEF está más acostumbrada a trabajar con la Audiencia Nacional, y viceversa, y porque la sede de la Fiscalía Anticorrupción está en Madrid.
Otra consecuencia es que el gobierno, la justicia y la banca andorranos (o de otros países, si es el caso) pondrán menos trabas a la solicitud de información procedente de la Audiencia Nacional que a la de un juzgado de instrucción ordinario.
Desde la vertiente política, la unificación de las causas de los Pujol en Madrid permite una supervisión más directa de la instrucción, lo aleja de una posible influencia local y le da una fuerza mediática mayor, y de esta manera se presenta el delito como más grave.
2. Declararles "grupo organizado"
La Fiscalía y la Policía califican a los Pujol Ferrusola como "un clan" en varios documentos. No es banal. Es un eufemismo que viene al pelo para inducir a que se declare a la familia como "grupo organizado". Eso supondría añadir un delito más al catálogo de imputaciones (pertenencia a grupo organizado), que comporta, además, una pena más alta que si se consideran los delitos desconectados entre sí. Unificar las diversas instrucciones también facilita esa calificación.
El juez busca, pues, acreditar que los acusados no podían haber cometido los delitos que se les imputan sin la participación activa de los otros en una trama, como sostiene la fiscalía anticorrupción, y no de forma instrumental o por mera coincidencia.
El juez De la Mata ha dado pasos en esta dirección, al imputar tras los registros de este martes a Pere y Josep Pujol Ferrusola los mismos delitos que a su hermano Jordi. De esta manera, procura aproximarse a declarar las actuaciones individuales de cada uno de los hermanos encausados como parte de una organización delictiva, lo que agravaría la situación penal de los Pujol Ferrusola.
3. Acreditar el blanqueo
El juez busca documentar las acusaciones de blanqueo de dinero que la Audiencia Nacional haya podido desprender de la documentación aportada por Andorra sobre las operaciones bancarias de Jordi Pujol Junior. Esta documentación, muy cuantiosa, llegó hace pocos días a la Audiencia Nacional.
Es difícil que aquello que no se encontró en los primeros registros aparezca en estos últimos, según varias fuentes jurídicas, que consideran las operaciones de este martes más espectáculo que investigación.
4. Conseguir colaboración
Un despliegue de doscientos policías, el previo aviso a los medios de comunicación y el show mediático que comporta toda la operación, procuran también asustar o ablandar a todos aquellos que ha tratado y/o hecho negocios con los hermanos Pujol Ferrusola, de forma que declaren con ventaja para el caso, por ejemplo, confiando en un trato mejor de la justicia.
En este contexto, no es extraño que el Ajuntament de Barcelona haya hecho públicas sus sospechas sobre el hecho de que la empresa municipal Barcelona Regional contrató irregularmente a Entorn Enginyeria i Serveis (EES), empresa de Pere Pujol Ferrusola, durante el pasado mandato convergente. Según el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, EES firmó varios contratos con Barcelona Regional sin cumplir, en algún caso, con los pliegos de condiciones ni aportar después las facturas.