El cara a cara entre los diputados catalanes de la comisión del Catalangate y los eurodiputados de la comisión Pegasus que visita Madrid ha servido para constatar las amplias diferencias que hay entre las diferentes familias políticas y la interpretación que hacen del uso de Pegasus. Los partidos independentistas que han formado parte, ERC, Junts y la CUP, han coincidido en condenar "la vulneración de derechos fundamentales" y "escándalo democrático" que supone el espionaje y han reclamado a la misión europea contundencia para que defiendan los derechos de los políticos en las conclusiones del informe. En el otro lado de la moneda, el PSC ha puesto en duda "el rigor científico" del informe de Citizen Lab que destapó la investigación contra 65 líderes independentistas y ha reclamado que la comisión catalana sea más amplia y plural. Los eurodiputados han requerido explicaciones por el funcionamiento de la comisión de Catalangate de la cual forman parte los parlamentarios catalanes. De hecho, han aprovechado para denunciar que Pedro Sánchez y los ministros han declinado la comparecencia.
En su intervención, Marta Vilalta, de Esquerra, ha rogado a los representantes de la misión europea que tomen nota del "bloqueo" y "el escaso compromiso" del Estado español "con los derechos democráticos". En este sentido los ha interpelado: "Seremos vuestros aliados en la defensa de derechos democráticos en Catalunya, en el Estado y en Europa". A su vez, Josep Rius (Junts per Catalunya), que también fue espiado, ha explicado que el Estado español ha tenido una "actitud de obstrucción" y que no ha habido "deseo de investigar ni reparar a las víctimas". En este sentido, ha afirmado que "se ha creado una acción ilegal con dinero oscuro para atacar un movimiento político" presentándose como "grupo identificable". Por parte de la CUP, Montserrat Vinyets ha defendido que el espionaje "pone en riesgo los pilares de la democracia" y ha servido para "perseguir el independentismo". Además, ha denunciado que los procesos judiciales puestos en marcha a partir de querellas no avanzan.
La nota discordante la ha puesto el portavoz del PSC, Òscar Aparicio, que ha puesto en duda la imparcialidad de la comisión en la cámara catalana y del informe del Citizen Lab. Aparicio ha asegurado que el Parlamento ya "ha predeterminado que el responsable es el Gobierno" y se ha quejado de la falta de pluralidad en las comparecencias porque, recuerda, "no se ha aceptado que vayan peritos". También cree que el informe de la universidad canadiense "no es del todo imparcial y no tiene el rigor científico necesario". Aquí la ponente del informe, el liberal Sophie In'Velt, ha recordado que el informe de Citizen Lab no solo constata la investigación contra independentistas, cosa que ha obligado a Aparicio a suavizar su afirmación.
Entre los eurodiputados, Juan Ignacio Zoido (PP) ha sido el más beligerante contra los diputados independentistas y sus intenciones. Zoido ha negado la mayor y ha recordado que "España es una democracia plena, hay separación de poderes y hay garantía del poder judicial". Asegura que todavía no hay pruebas que sustenten el espionaje a los independentistas. En este punto, Rius (Junts) ha replicado que "no todo se vale por la seguridad nacional" y, recordando el exilio de los políticos, ha afirmado que el independentismo "está perseguido". Zoido, molesto, no ha podido contestar porque la comisión tenía que encontrarse con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores.
Las entidades piden transparencia al Gobierno
El arranque la ha protagonizado la entrevista entre los eurodiputados y organizaciones civil a favor de los derechos humanos: Virginia Álvarez, de Amnistía Internacional, y Patricia Goicoechea, de Rights International Spain. Los grupos independentistas denuncian que Òmnium Cultural y el Assemblea Nacional Catalana (ANC) han sido vetadas de la ronda.
Álvarez ha recordado la retahíla de casos de espionaje detectados en España, desde la intromisión en Roger Torrent hasta los revelados por el laboratorio Citizen Lab y que implicaba una seixantenta de políticos y líderes independentistas. Álvarez cree que el Gobierno no ha justificado por qué se les espió. "No ha habido un reconocimiento explícito de si se ha utilizado este software. El marco jurídico español español no garantiza que se utilice de acuerdo con los estándares europeos", ha denunciado Álvarez, que ha añadido que el CNI se negó a dar información sobre los espiados amparándose en la ley de secretos oficiales. "El gobierno no quiere colaborar".
Álvarez ha insistido en que la vigilancia de dispositivos por el bien de la seguridad nacional tiene que tener límites y tiene que ser proporcial sin estropear los derechos fundamentales de los ciudadanos. "Consideramos que en Europa, si queremos salvar el Estado de derecho, tenemos que poner límites a este tipo de investigaciones y tenemos que exigir en España que sea transparente y que informe", ha remachado Álvarez.
A su vez, Goicoechea, de Rights International Spain, ha lamentado que las autoridades españolas no aclaren los motivos que llevaron a investigar contrincantes políticos: 65 reveladas por Citizen Lab y 18 reconocidas por los servicios de inteligencia españoles. "No dan bastante información de cuando|cuándo y como se ha utilizado este programa", ha explicado la representante de Rights International Spain. Las dos han reclamado a la comisión que se establezca una moratoria en la compra y uso de Pegasus y, a la larga, apuestan para que acabe prohibido.
Los diputados Juan Ignacio Zoido (PP) y Jorge Buxadé (Vox) han intentado cuestionar la validez del informe de Citizen Lab restándole veracidad y preguntando insistentemente por el método utilizado y preguntado por las conexiones de estas organizaciones con el independentismo. En la respuesta, la portavoz de Amnistía Internacional ha respondido que su organización es "imparcial" y ha vuelto a denunciar la transparencia de las autoridades españolas con esta cuestión. "Es muy difícil saber más", ha explicado.
Mañana: Aragonès, Serret, diputados y final
La agenda de este martes tendrá dos puntos calientes. El primero será la reunión a las 9 de la mañana entre los eurodiputados y tres víctimas catalanas, que son de Esquerra. Son el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la consejera|consellera de Exteriores, Meritxell Serret, y el concejal en Barcelona Ernest Maragall. En las últimas horas Junts per Catalunya se ha quejado porque las tres víctimas son del mismo partido. Inmediatamente después, el encuentro será con el director de Seguridad y Justicia del Defensor del Pueblo, Andrés Jiménez.
Cuando acaben, la delegación se trasladará al Congreso de los Diputados, donde se estará haciendo el debate por|para la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. El comité va porque tiene concertada una entrevista con diputados que son miembros de la Comisión de Defensa y Secretos Oficiales. Estarán al mediodía antes de volver a la sede del Parlamento Europeo en Madrid, donde harán una rueda de prensa de cierre antes de partir hacia el Aeropuerto de Barajas.