La diplomacia es la máxima institución encargada de representar un Estado en el exterior. La carrera hasta convertirse en embajador o cónsul es muy larga y exigente, y conlleva muchos años de estudio y estancias en distintos cargos, antes de alcanzar el grado máximo dentro de la jerarquía. Sin embargo, en los últimos años, la labor de algunas embajadas españolas se ha visto enturbiada por ciertos casos que han sacudido a sus titulares, quienes se han visto involucrados de forma directa o indirecta en determinados delitos.

Brasil: crimen machista

Esta semana, el Grupo Socialista en el Congreso, a iniciativa de la portavoz de Igualdad, Susana Sumelzo, y del portavoz de Interior, Antonio Trevín, ha presentado una batería de preguntas para dirigir al ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, después de que les llegaran "informaciones" según las cuales el Gobierno en funciones mantiene como consejero asesor en la embajada de Brasil "un comisario jubilado de la Policía Nacional que se encuentra a la espera de juicio por el asesinato de su mujer, tras haber confesado ser el autor de los hechos".

Los diputados se hacían eco de una noticia del Diario.es. Entonces, el ministro de Exteriores en funciones habría respondido "que España renunciaría a la inmunidad diplomática de que gozaba esta persona si se confirmaba que la investigación era por un crimen machista". Pero según Trevín y Sumelzo, el diplomático Figón "no fue apartado de su puesto, sigue cobrando su sueldo íntegro y España sólo ha renunciado a la inmunidad de jurisdicción, de forma que cuando haya una sentencia no cumpliría condena en una cárcel brasileña, sino que sería trasladado a España".

Los diputados, que han pedido la comparecencia de Margallo, afirman en un comunicado que "el mantenimiento de este cargo ha tenido como consecuencia que la persona ni siquiera haya sido detenida por el crimen, beneficiándose de la inviolabilidad del personal diplomático que prevé el artículo 29 del Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas".

Ante tal situación, los socialistas han preguntado al Gobierno en funciones "por qué se mantiene este comisario jubilado en el cargo de consejero asesor de la embajada en Brasil; si una persona que puede ser condenada por un asesinato machista es idónea para ejercer ese puesto; por qué razón no se ha cumplido el anuncio del ministro de Exteriores respecto a la renuncia a la inmunidad diplomática de esta persona; y si es consciente el Gobierno de que se está ofreciendo en el exterior la imagen de un gobierno que protege económica, procesal y penalmente a quien está acusado de un crimen machista".

José Manuel García-Margallo / EFE

Bélgica: absentismo y abuso de autoridad

La semana pasada fue destituido en Consejo de Ministros el embajador de España en Bélgica, Ignacio Jesús Matellanes. Un informe de la inspección extraordinaria, realizado entre el 9 y el 11 de marzo exponía que el titular de la embajada "no parecía cumplir las funciones esenciales que le son propias, como representación diplomática ante las autoridades belgas, situación atribuible al modo de gestión del Jefe de Misión".

En los documentos, a los que tuvo acceso Europa Press, se hacía constar lo siguiente: "el clima social imperante en la Embajada es de desconfianza, falta de comunicación y tensión por el ejercicio de la autoridad por parte del Jefe de Misión a través del miedo, la amenaza y el enfrentamiento, que se ha visto reflejado en un nivel inusualmente alto de bajas médicas por depresión".

Los hechos podrían ser graves, hasta el punto de que se habla de que la inspectora recuerda en su informe que en la Administración General del Estado constituye acoso laboral "la exposición a conductas de violencia psicológica intensa, dirigidas de forma reiterada, metódica y prolongada en el tiempo hacia una o más personas, actuando desde una posición de poder, con el propósito y el efecto de crear un entorno hostil y humillante que perturbe la vida laboral y personal de la víctima".

Fuentes diplomáticas indicaron que cuatro personas, dos diplomáticos, una secretaria y un chófer, se dieron de baja durante su mandato.

Boston: incumplimiento de obligaciones

En el año 2013 Margallo tuvo que destituir también el cónsul español en Boston. Pablo Sánchez-Terán fue acusado de "incumplimiento de sus obligaciones". Se exponía que el diplomático había cerrado su oficina dos horas después del atentado en la ciudad de Boston, en abril de ese año, sin dejar líneas de emergencia disponibles.

En el suceso murieron tres personas, entre ellas un niño, y hubo 282 heridos, muchos de los cuales sufrieron amputaciones en miembros del cuerpo. El departamento de policía confirmó que las detonaciones correspondían a dos bombas que habían estallado a escasos metros de la meta de la emblemática carrera, y en la ciudad se extremaron las precauciones hasta el punto de suspender uno de los eventos con más asistencia de público en Estados Unidos, como es un partido de la liga de baloncesto de la NBA. El diplomático alegó que la hora de cerrar se correspondía con la hora habitual y que le constaba que no había heridos de nacionalidad española, a pesar de que algunos de ellos habían participado en la carrera.

Sin embargo, con anterioridad, Sánchez-Terán había vertido las siguientes declaraciones, cuando era cónsul en Argentina y se celebraba el día de la Hispanidad: "mucho peor estaríamos bajo las civilizaciones incas, aztecas, mapuches, sioux o apaches, que han sido idealizadas por historiadores y antropólogos, cuando es bien conocida su división en castas y su carácter imperialista y sanguinario", dijo.

República Democrática del Congo: prevaricación

La Audiencia Nacional investigó el año 2014 a Antonio Fernández Mazarambroz por "prevaricación" y presunta venta de visados ​​a los ciudadanos del país africano por importe de 3.000 euros cada uno. Su cese estuvo ligado a la finalización de sus servicios, no a esta cuestión, aunque una investigación interna ordenada por la Subsecretaría del Ministerio de Exteriores había apuntado previamente la presencia de irregularidades.

India: comisiones

Gustavo de Arístegui dejó en diciembre del 2015 su cargo como embajador de la India. La renuncia se produjo tras ser imputado por cobrar presuntamente comisiones ilegales, al haber intercedido en favor de empresas españolas en el extranjero. La trama donde Arístegui podría haber participado contaba con una veintena de personas vinculadas, entre las que constaba el diputado del Partido Popular (PP) Pedro Gómez de la Serna (ahora en el Grupo Mixto).

El escándalo estalló justo tras las elecciones del 20 de diciembre, a pesar que De la Serna no renunció a su acta de diputado entonces. Ambos fueron citados por la Audiencia Nacional a declarar, hace unos días. Arístegui asistirá el próximo 6 de mayo, y Gómez de la Serna está convocado el día 10, aunque por su condición de aforado sólo deberá hacerlo si decide ir voluntariamente.

Así las cosas, estos sólo son algunos ejemplos, dentro de la gran cantidad de cargos que sí realizan con normalidad su labor como representantes de la diplomacia española.