La Fiscalía pide 3 años de prisión por el delito de encubrimiento a dos Mossos d'Esquadra, escoltas de Carles Puigdemont. Los dos mossos viajaron a Waterloo y se encargaron de la seguridad del president durante el desplazamiento de Estocolmo a Bruselas el 23 de marzo de 2018.

Dos días después, la policía alemana detenía a Puigdemont cuando acababa de cruzar la frontera con Dinamarca.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso ElNacional.cat, "los investigados ayudaban a Carles Puigdemont, conscientes de que estaba investigado en España por su participación en hechos constitutivos de un delito de rebelión y otros, y el juez instructor español encargado de la investigación había emitido una orden europea de detención y entrega con la finalidad de obtener su puesta a disposición para el enjuiciamiento".

El ministerio público asegura que "la intención de los acusados era ayudar a Carles Puigdemont a regresar a Bélgica y evitar su identificación en algún lugar donde pudieran ejecutar la orden europea de detención".

La Fiscalía argumenta que estos hechos son constitutivos de un delito de encubrimiento, por lo que piden tres años de prisión e inhabilitación especial para seguir ejerciendo de policías.

 

 

El escrito de calificación se entrega al juez el 17 de abril de 2020, ahora hace un año. Y justamente hoy se ha anunciado la fecha en la que tiene que empezar el juicio: 24 de mayo.

Cerrando el círculo contra los mossos

El fiscal Emilio Miró cierra el cerco contra los mossos y argumenta que fueron partícipes de la huida de Puigdemont durante sus días de vacaciones. Según el relato de hechos que hace el ministerio público, los dos agentes estaban "en servicio activo" el 25 de marzo de 2018, De Pedro en la unidad de seguridad ciudadana de la comisaría del Prat de Llobregat y Goicoechea en el Área de Escoltas en Sabadell. Los dos se encontraban esos días "disfrutando de una semana de fiesta".

"Aprovechando los días libres de trabajo", se desplazaron el 19 de marzo a la localidad de Waterloo (Bélgica), donde se había establecido Puigdemont después de huir de España tras la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017.

El 23 de marzo, estando en Bélgica, "una persona no identificada" les pidió que fueran a buscar en coche a Puigdemont, que se encontraba en Helsinki (Finlandia) cuando el juez instructor del procés, Pablo Llarena, reactivó esos días la orden europea de detención y entrega.

Los hechos

"El mismo día de la emisión de la orden, Puigdemont abandonó Helsinki", mientras que "los dos acusados salieron de Bruselas conduciendo el vehículo y llegaron a Estocolmo a una hora que no se ha determinado". Una vez allí, recogieron al president e iniciaron el retorno a la capital belga, explica el fiscal Carballo.

Fue el 25 de marzo, pasadas las 11.00 horas, cuando agentes de la policía alemana interceptaron el coche en un aparcamiento de viajeros pendulares de Jagel, en la autopista BAB7, que transcurre entre la frontera con Dinamarca y la ciudad de Hamburgo.

En el vehículo viajaban Puigdemont, los dos mossos y dos personas más: el empresario Josep Maria Matamala y el historiador Josep Lluís Alay. Estos dos últimos también estuvieron imputados en esta causa, pero el juez instructor, Manuel García Castelló, archivó la investigación para ellos a petición de la Fiscalía.

Mientras en el caso de los mossos ha pesado su carácter de funcionarios para continuar el procedimiento judicial contra ellos, el papel del empresario y el historiador sería equiparable al del resto de personas que acompañan a Puigdemont dentro y fuera de Bélgica cada vez que se mueve por Europa para participar en algún acontecimiento.