La situación de los presos políticos y exiliados ha vuelto a llegar a la ONU. El abogado Jordi Palou Loverdos, en nombre de los familiares de los políticos catalanes represaliados, ha intervenido en la 38ª sesión del Consejo de Derechos Humanos para denunciar la actuación de la justicia española en el caso del 1-O, la situación de los presos y exiliados y la vulneración de sus derechos.
En este sentido, ha criticado la actitud de los jueces que llevan el caso de los presos políticos, ya que ha asegurado que no se ha hecho de acuerdo con los principios de la independencia judicial. Más concretamente, ha denunciado que no se hayan respetado el derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa al citarles "por los delitos de rebelión a algunos de ellos con menos de 24 horas de antelación a más de 500km de su domicilio".
Además, el abogado ha denunciado que el Tribunal Supremo ha incluido en una de sus resoluciones hechos descritos por la Fiscalía que son "falsos" y que no han sido "comprobados". También pone el grito al cielo por el hecho de que el mismo juez utilizara la primera persona del plural "colocándose como parte y víctima en el procedimiento".
Por todo eso, Jordi Palou ha aprovechado la intervención en la ONU para pedir que los jueces del Tribunal Supremo español garanticen la imparcialidad y que utilicen la prisión provisional como "último recurso". También ha pedido al nuevo gobierno español de Pedro Sánchez que aproveche "la oportunidad que tienen" para "seguir los consejos y recomendaciones de los organismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas".
Esta no es la primera vez que el caso catalán llega a la ONU, ya el pasado mes de marzo el eurodiputado de ERC Jordi Solé intervino en el pleno para denunciar la actuación de España.