Ya hay acuerdo. El PSC, Esquerra Republicana, Junts y los comuns finalmente han firmado un nuevo pacto por el catalán. Todo llega exactamente dos meses después de que las mismas cuatro formaciones presentaran el 24 de marzo un acuerdo para modificar la Ley de Política Lingüística, el cual se acabó desquebrajando pocas horas después cuando los de Carles Puigdemont se desmarcaron. Ahora bien, después de una semana de negociaciones a contrarreloj para hacer frente a la sentencia del 25% de castellano, las cuatro formaciones han conseguido salvar una ley ad hoc y recuperar el consenso.
Las negociaciones de última hora este martes se han terminado pocos minutos antes de que cierre el registro del Parlament, a las seis de la tarde. Una vez registrada la propuesta, los partidos ya han solicitado una reunió de la mesa y una Junta de Portavoces extraordinarias esta misma tarde para incluir la ley en el pleno de esta semana, con la intenció de tener así un instrumento más para combatir el ultimátum del TSJC sobre el 25% de castellano en las aulas. De hecho, esta ha sido una cuestión clave para los partidos, que han recordado repetidamente que el auto del tribunal marca la fecha límite para aplicar la sentencia el 31 de mayo. Mañana por la mañana se debatirá la propuesta, después se abrirá un período de enmiendas de 48 horas y el viernes al mediodía todo indica que será aprobada.
Este acuerdo finalmente se ha logrado sin la participación de la CUP. Los anticapitalistas no han formado parte en ningún momento del consenso a cuatro bandas, primero para reformar política lingüística y después por esta nueva ley. El pasado viernes, después de una semana intensa de negociaciones, el diputado Carles Riera aseguró que la formación estaba abierta a participar en la negociación, siempre que el ejecutivo de Pere Aragonès convocara una mesa con la comunidad educativa para dialogar sobre el acuerdo. Lo cierto es que los anticapitalistas, a pesar del ofrecimiento, este lunes y martes tampoco han participado en las reuniones, pero sí que han opinado que la propuesta que trabajan los partidos, a la cual tuvieron acceso el jueves, se encuentra en una línea opuesta a la defensa de la inmersión y la cohesión social.
¿Qué dice el texto?
El nuevo acuerdo del catalán tiene forma de proposición de ley, y hace referencia en su título al "uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria". El documento remarca que la propuesta tiene por objetivo regular el uso y aprendizaje en la enseñanza "de acuerdo con criterios pedagógicos", lo cual se enmarca en la línea del relato de los partidos, que han querido alejar esta cuestión de las decisiones de los tribunales. En cuanto a uno de los elementos centrales del pacto, que es la presencia del catalán, el texto recoge que, como idioma propio de Catalunya, "es la lengua normalmente empleada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y la de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado". Con este punto se pretende revertir un elemento muy cuestionado del acuerdo del 24 de marzo, puesto que eliminaba un artículo de la normativa vigente en que se afirmaba que "el alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo de Cataluña tiene que recibir un apoyo especial y adicional de enseñanza del catalán".
Por otro lado, también se hace referencia a uno de los principales escollos que dificultaban el acuerdo entre las cuatro formaciones: la presencia del castellano en las escuelas. El nuevo texto mantiene que tanto esta lengua como el catalán deben tener garantizado su "enseñamiento y uso curricular", con una "presencia adecuada en los currículums y en los proyectos educativos para que todo el alumnado logre el dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales al final de la educación obligatoria". Con este vocabulario, se intenta superar el malestar que suponía esta cuestión tanto para Junts, que quería limitar la presencia del castellano, como para el PSC, que quería garantizar su uso en las escuelas con una consideración formal similar a la del catalán y exigía que hubiera un "reconocimiento" del castellano.
Ahora bien, para evitar la complicada situación que imponía el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con su sentencia del 25%, el documento huye de los porcentajes, y, en cambio, apuesta por determinar la presencia de las dos lenguas oficiales "teniendo en cuenta la situación sociolingüística general, la de los centros y su entorno, los objetivos de la normalización lingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito". Cómo lo hace al inicio del texto, remarca que el alcance de esta presencia "se tiene que determinar exclusivamente con criterios pedagógicos y de manera singularizada por cada uno de los centros educativos". Así, no son los tribunales quienes pueden dictar la presencia porcentual de ninguno de las dos lenguas. Y para no poner en peligro las direcciones de las escuelas, la propuesta de ley también explicita que recae sobre el Departamento de Educación la obligación de elaborar los criterios lingüísticos.
La puesta en escena
La presentación de este acuerdo ha sido bien diferente a la presentación de hace dos meses, pero ha coincidido en una cuestión: no se ha hecho dando una imagen de unidad. El 24 de marzo la presentación de la reforma de política lingüística dejó mucho a desear: representantes de los cuatro partidos citaron la prensa en la escalera del Parlament para hacer una fotografía y explicar fuera de cámaras el sentido del texto. ¿El motivo? Según los partidos, no querían salir en una rueda de prensa conjunta por el riesgo a contradecirse entre ellos, como después acabó pasando. Este martes los grupos no han hecho una escenificación de la firma de ningún documento, un técnico ha llevado el escrito al registro y después se han convocado atriles por separado con el objetivo de no entrar en contradicción, a pesar de que es evidente que hay posiciones diferenciadas sobre qué quiere decir que el castellano sea lengua de uso curricular. Los socialistas han ido repitiendo en los últimos días que el castellano es lengua de aprendizaje y por lo tanto vehicular, mientras que para ERC y Junts en ningún caso significa vehicular.
En las intervenciones, la portavoz del PSC, Alícia Romero, ha afirmado que con el pacto se mantiene el grueso del acuerdo del 24 de marzo, ya que se mantiene el catalán como "centro de gravedad" y se garantiza el castellano como "lengua de aprendizaje". "Es bastante similar, utilizamos otras palabras y expresiones, pero se mantiene bastante igual", ha dicho. Más allá, también ha remarcado que el nuevo texto permite "cumplir mejor" la sentencia del 25% de castellano del TJSC, y ha celebrado la presencia de esta lengua en las escuelas, ya que considera que representa la realidad social actual.
Marta Vilalta (ERC) ha puesto énfasis en que el nuevo texto tiene dos objetivos, evitar porcentajes y proteger las direcciones de las escuelas. Sobre la efectividad que pueda tener esta ley para parar la imposición de los tribunales, ha sostenido que el escrito sitúa los criterios pedagógicos como los competentes a la hora de regular los proyectos lingüísticos, un elemento que tiene que servir para huir de cualquier otro criterio, como puede ser el del TSJC. Asimismo, ha rehuido de comparar esta versión con la propuesta del 24 de marzo, y ha reivindicado que han conseguido trabajar con consensos y que no se podía dar la batalla por perdida: "Sabíamos que valía la pena intentarlo y hemos demostrado que hemos podido llegar a este acuerdo delante de los que quieren fracturarnos como pueblo".
Desde Junts han salido conjuntamente el secretario general Jordi Sànchez y la portavoz en el Parlament, Mònica Sales. Los de Carles Puigdemont han querido dejar bien claro que este acuerdo es muy diferente al acuerdo alcanzado el 24 de marzo, porque la ley de política lingüística no se toca y por lo tanto, queda "blindada". Asimismo, han querido insistir en que en ninguno de los casos el castellano se fija como lengua vehicular: "No entendemos el texto como un acatamiento de la sentencia sino como una respuesta política", ha declarado Sales, que ha añadido que queda muy claro que la lengua vehicular es el catalán y que la de acogida es la catalana.
Finalmente desde los comuns David Cid ha celebrado que el acuerdo mantiene la escuela lejos de injerencias judiciales y rehace consensos: "Hemos podido escuchar la comunidad educativa, se fija en que los criterios pedagógicos son los que se tienen que priorizar a la hora de decidir cómo se tienen que combinar la presencia de las lenguas oficiales"