El TSJC se ha dado de tiempo para resolver si las elecciones al Parlament de Catalunya se pueden hacer el 14-F o no, si el decreto del Govern de la Generalitat está lo bastante motivado y hay que hacer el aplazamiento o si, por el contrario, decae y se mantiene la fecha de la votación.

En confrontación están el derecho a la vida, la salud pública, con el derecho al voto, el sufragio universal. Y en el trasfondo, la batalla electoralista de los partidos políticos para arañar votos y ganar unas elecciones que en función de las encuestas tienen hasta tres ganadores.

Sin embargo, ¿qué está pasando ahora mismo dentro del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya? Cuáles son los trámites que se están siguiendo y por qué hasta el 8 de febrero —como muy tarde—, con la campaña electoral en marcha, no sabremos cuándo se podrá votar?

Lo ajustado de las fechas del proceso electoral ha obligado a recortar plazos en la sección 5ª de la sala de lo contencioso administrativo, que es la que está valorando el caso. Se han reducido a la mitad todos los plazos legales para que la resolución pueda llegar a tiempo antes del 14-F, que es la fecha prevista inicialmente para las elecciones y la que se ha mantenido después de las medidas cautelarísimas y las medidas cautelares que estableció el tribunal con el fin de garantizar el proceso electoral.

Los trámites y el calendario

Ahora el tribunal tiene que resolver antes del 8 de febrero. ¿En qué trámite está ahora?

Desde el viernes pasado, cuando la sección 5ª de la sala de lo contencioso administrativo notificó a las partes su resolución de la medida cautelar de mantener la máquina electoral en marcha, que empezó a correr el reloj para hacer los trámites legales del proceso. Se han dado cuatro días a cada parte para que presente sus escritos argumentando por qué se tiene que mantener la fecha y por qué no. En un proceso normal cada parte tiene 8 días para presentar escritos. En este, ante la inminencia del día de votación, se ha recortado a cuatro.

Ahora mismo estamos dentro del plazo que tiene la parte que puso la demanda para presentar sus escritos. Tiene de tiempo hasta el jueves. Es de prever que agotará ese plazo y hasta el jueves a última hora no presentará el escrito.

El segundo plazo es para el Govern y la Fiscalía. Una vez se reciba el escrito y el tribunal les dé cuenta, se abre su plazo de cuatro días. No está claro si eso será el viernes o el lunes, porque va en función de cuando presenten los escritos los demandantes. Por lo tanto, este plazo se puede alargar hasta el miércoles o jueves de la semana que viene.

Una vez acabados los plazos de presentación de los escritos de las partes, el tribunal tiene dos días hábiles para resolver. Ya dijo que lo haría lo más rápido posible. El día límite es el lunes 8 de febrero, a seis días de la votación. Si no agota el plazo, la resolución podría llegar el jueves 4 o el viernes 5 de febrero.

La clave la tiene la parte demandante que tiene cuatro días para presentar su escrito y que puede mover el calendario previsto en función de si agota el plazo o bien presenta antes sus argumentos.

Sobre el fondo de la resolución, quedan claros tanto el posicionamiento de la parte demandante, que alega a la seguridad jurídica del proceso electoral, como el posicionamiento del Govern, que ha motivado el aplazamiento por motivos sanitarios. Lo que se desconoce es en qué posición está la Fiscalía. La semana pasada sólo se refirió en su informe al hecho de no parar la máquina electoral para garantizar que el proceso electoral se pudiera hacer el 14 de febrero en caso de que el tribunal diera luz verde, pero no entró en el fondo.

Máquina electoral en marcha

Mientras tanto continúa el proceso electoral con los plazos legales establecidos. El viernes a las 00 h empieza la campaña electoral más inusual de las que hemos visto hasta ahora. Una campaña que no sabemos si quedará interrumpida por la decisión judicial o bien abocará a los partidos y los ciudadanos a unas elecciones en medio de la pandemia.

Se han establecido varias medidas, pero la incertidumbre sobre la seguridad de la votación, sobre todo para los miembros de las mesas, y sobre si eso provocará más abstención está sobre la mesa.

El tribunal tiene poco margen. Lo que parece claro es que no se posicionará por hacer las elecciones el 30 de mayo, porque la incertidumbre sobre la situación de la crisis sanitaria es más elevada que la que hay sobre el día 14. Básicamente porque la proximidad de la fecha hace acotar más los datos de la Covid-19, que han notado una ligera rebaja con respecto a los contagios aunque la situación en los hospitales y las UCIS empieza a estar al límite.

En este impasse, los partidos políticos han empezado a pedir el voto por correo. Una medida para hacer campaña, pidiendo la participación y a la vez, que preserva al seguridad sanitaria.